La revelación del millonario error en el pago de remuneraciones en el Ministerio de la Mujer provocó diversas reacciones en el Congreso. Desde parlamentarias de oposición hasta oficialistas cuestionaron lo ocurrido.
A fines de marzo del año pasado, y en el marco de la instalación del nuevo Ministerio de Seguridad, el Presidente Gabriel Boric decidió remover a Luz Vidal del cargo de subsecretaria y nombrar en su reemplazo a Claudia Donaire.
Tras su salida, se inició un proceso administrativo habitual de revisión de remuneraciones, ya que Vidal había presentado su renuncia con fecha 31 de marzo de 2025, pero trabajó hasta el día 30 de ese mes, lo que implicaba devolver un día de sueldo.
Fue en ese contexto, que se detectó una aplicación errónea de la Ley N° 21.599, relacionada con el reajuste general de las remuneraciones del sector público. En concreto, se constató que entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 se aplicaron mal los reajustes a las autoridades nacionales del servicio, incluida la propia subsecretaría y la ministra Antonia Orellana.
Según consignó La Tercera, el error fue advertido por un funcionario que llevaba solo algunos días en el cargo y que había asumido en reemplazo de quien estuvo a cargo de las remuneraciones entre 2019 y 2024. Esa anterior responsable continuó aplicando los reajustes como si no rigiera la reforma constitucional que redujo y luego congeló los sueldos de las más altas autoridades desde 2020.
El resultado de esa mala interpretación normativa fue un sobrepago que, acumulado en el tiempo, significó un perjuicio fiscal cercano a los $312 millones.
Finalmente, tanto la ministra como la exsubsecretaria restituyeron el total bruto del monto mal calculado, incluyendo los descuentos previsionales y de salud, por lo que ahora el Ministerio deberá gestionar ante AFP e isapres la devolución de esos recursos.
"Impresentable"
Luego de que se diera a conocer esta información, diputadas integrantes de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género dieron su opinión.
La congresista Flor Weisse (UDI) manifestó que "lo ocurrido en el Ministerio de la Mujer, con estos errores de cálculo en las remuneraciones que se arrastraron durante varios años, es una señal preocupante de la fragilidad de los controles internos del Estado y la necesidad urgente, tal como lo hemos solicitado, de avanzar en su modernización. Más allá de que el problema haya sido finalmente detectado, lo grave es que no exista un mecanismo mucho más oportuno que evite esta situación y permita resguardar adecuadamente los recursos públicos".
"Por lo mismo, es fundamental que el sumario avance con rapidez y entregue resultados claros, estableciendo todas las responsabilidades administrativas que correspondan. Pero además, el Gobierno no puede mirar este caso como un hecho aislado, sino que resulta absolutamente necesario que evalúe realizar auditorías a los otros ministerios y servicios públicos, para asegurar que no existan errores similares y así garantizar un correcto uso de los recursos de los chilenos", agregó.
La parlamentaria Chiara Barchiesi (P. Republicano) manifestó por su parte que "lo ocurrido en el Ministerio de la Mujer resulta inaceptable. Un error en el cálculo de remuneraciones que se prolongó por casi cinco años y que significó un perjuicio fiscal superior a los $300 millones evidencia un grave desorden administrativo y una ausencia total de control interno".
"Igualmente preocupante es que el sumario administrativo iniciado en abril de 2025 siga aún sin concluir. La demora en esclarecer responsabilidades frente a un error conocido hace meses solo agrava la desconfianza ciudadana y debilita la credibilidad de las instituciones. La ministra de la Mujer tiene la obligación de resguardar el orden, la probidad y el correcto funcionamiento de su cartera. Su rol no puede limitarse al activismo discursivo mientras se descuida la gestión básica del ministerio", concretó.
La diputada Ana María Bravo (PS) manifestó en tanto que "lo ocurrido en el Ministerio de la Mujer es grave y no puede normalizarse. Un error millonario en el pago de sueldos que se arrastra desde 2020 demuestra fallas profundas en los controles del Estado. Valoro que un funcionario haya alertado esta situación, pero ahora corresponde establecer las responsabilidades, caiga quien caiga, y asegurar que los recursos públicos se usen correctamente. La transparencia y la probidad no son opcionales: son una obligación con la ciudadanía".
Por último, la congresista Erika Olivera (Demócratas), sentenció que "el error de cálculo detectado en el Ministerio de la Mujer por más de 312 millones de pesos es grave y, aunque se han hecho las gestiones para resolver el problema, afecta directamente la fe pública. No basta con devolver los recursos: el Estado tiene la obligación de garantizar controles eficaces y evitar que fallas administrativas terminen normalizándose, más aún cuando se arrastran por años".
En la misma línea, sostuvo que "causa impotencia ver cómo la falta de control permite que el Estado pierda recursos que podrían llegar a la población más vulnerable de este país. Lo hemos visto con los millonarios montos perdidos para la construcción de un complejo deportivo en Cerrillos construido para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023, y del que hoy queda -según el Informe de Contraloría N°738- una obra a medio terminar y nada más".
