Queda poco más de una semana para que finalice el Gobierno del
Presidente Gabriel Boric, quien abandonará La Moneda el 11 de marzo, para entregar el mandato al Presidente electo, José Antonio Kast.
La recta final del Gobierno ha sido compleja. Aún cuando se resistieron a reconocer que enfrentaban el fenómeno del "pato cojo" -es decir, la pérdida de influencia en la agenda legislativa-, igualmente se vieron envueltos en una serie de situaciones que opacaron los últimos meses de gestión.
A ello, se suma que luego de las elecciones presidenciales de noviembre, Kast desplegó una agenda que concentró la atención mediática y ciudadana, incluyendo varios viajes al extranjero para reunirse con líderes internacionales. Si bien en un principio se mantuvo un ambiente cordial con el Gobierno, los dardos y cuestionamientos reaparecieron.
Tanto Kast, sus ministros designados, como la futura oposición pusieron el foco de las críticas en materias incómodas para el Ejecutivo: la reconstrucción -tanto de los incendios en la zona centro sur del país como la de la Región de Valparaíso-, el déficit fiscal y los denominados "amarres".
Y en medio de ese ambiente tenso, se destapó el proyecto del cable de fibra óptica con China, cuyas tratativas se conocieron públicamente luego de que Estados Unidos golpeara la mesa con una "alerta de seguridad" para el hemisferio y con la sanción a tres funcionarios de Gobierno, incluyendo al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.
Así, la recta final que el Gobierno pretendía blindar mostrando "mil avances", se empañó con varios traspié que dejan un alicaído balance de los últimos meses de gestión.
Los "mil avances"
El 12 de enero, el Gobierno presentó los "1.000 avances" de esta gestión, correspondientes al periodo 2022 al 2026. Se trató de una campaña comunicacional que se dividió en tres ejes: estabilización (de la inflación, la frontera y los homicidios); avances y transformaciones.
Entre ellas, se destacaba la reforma de pensiones y la PGU; el fortalecimiento de las policías y la creación del ministerio de Seguridad; el Copago Cero; el plan Trenes para Chile y la ampliación de transporte eléctrico; la Ley de Permisos Sectoriales; las 40 Horas; la ley Papito Corazón; el aumento del salario mínimo; la entrega o termino de 236.622 viviendas; el control de la inflación; el Plan Nacional de Búsqueda; el pago de la Deuda Histórica; Royalty Minero; la construcción de centros de cuidados y la reducción de la pobreza.
No obstante, rápidamente surgieron críticas, como que varios de los avances eras reglamentos, iniciativas que venían de gobiernos anteriores, proyectos de ley o que algunas medidas fueron divididas en partes para ser contabiliazadas más veces.
Absolución de Crespo y ley Naín-Retamal
Luego que el Gobierno publicara los "1.000 avances", la justicia determinó absolver de todo cargo al excarabinero Claudio Crespo, quien fuera el único imputado electo durante el estallido social de 2019.
La normativa que permitió absolver a Crespo fue la ley Naín-Retamal, promulgada durante este Gobierno, y que modificó el Código Penal para fortalecer la protección del personal policial.
Aquello desató una fuerte crisis en el oficialismo, luego que el PC y FA arremetieran contra el PS y PPD por haber respaldado la normativa legal en su tramitación. A tal punto llegó la controversia, que el Socialismo Democrático, la Democracia Cristiana y la Federación Regionalista Verde Social plantearon conformar una coalición, sin el FA y el PC.
La normativa había sido incluida como el avance 306 de las 1000 medidas impulsadas por el Gobierno en su periodo, pero horas tras la absolución de Crespo, el nombre de la ley había desaparecido, mas no su contenido.
Amarres
La segunda mitad de enero dio paso a otro flanco para el gobierno: los llamados "amarres" en distintas reparticiones del Estado que hasta la fecha siguen generado cuestionamientos por parte de gobierno entrante.
El 21 de enero, el Congreso despachó el proyecto de reajuste de sector público, pero el debate estuvo cruzado por la denominada norma de "amarre" con la que el Ejecutivo buscaba "proteger" la estabilidad laboral de los funcionarios.
El debate, lejos de terminar ahí, se acrecentó cuando el 22 de enero varios parlamentarios alertaron por un "riesgo de amarre político", esta vez, en cupos para los tribunales ambientales. El origen del debate se remonta a enero de 2025, cuando la Corte Suprema remitió al Ejecutivo tres oficios con cinco alternativas por cada tribunal para cubrir los cupos disponibles. Pese a ello, el Gobierno recién un año después seleccionó un nombre por tribunal y lo envió a la Cámara Alta para su ratificación.
En tanto, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia y actual senador José García Ruminot (RN), indicó que estos "amarres" en los ya conocidos "concursos", "no solo están ahí, hay en muchos lugares y yo también en la Araucanía tengo casos".
Otro foco en esta materia fue lo que ocurrió en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, bajo la dirección de Galo Eildestein (PC). Esto, porque además de la apertura de concursos para dos cargos directivos que se abrió recién el pasado 16 de diciembre, el 1 de diciembre se materializaron cuatro designaciones.
Pero además, se conoció el nombramiento de Jessica Tapia como directora del departamento de Estudio y Análisis de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, quien fue exasesora de Eidelstein.
La actual oposición también arremetió con la designación de cuatro directores de SLEP, dos de ellos quienes se desempeñan en el Mineduc.
Candidatura de Bachelet a la ONU
En septiembre de 2025, el Gobierno entregó su respaldo a la ex Presidenta Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU, sin embargo, fue el 2 de febrero cuando se oficializó con la inscripción oficial de la campaña.
El tema causó controversia porque se dio en medio de las críticas por los amarres, y porque el Gobierno activó una defensa comunicacional y emplazamientos a Kast para que se pronunciara al respecto y apoyara a Bachelet, cosa que hasta ahora no se ha concretado.
Frente a los amarres, el senador y presidente del partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que "lo que está haciendo el Gobierno postulando Michelle Bachelet es el amarre más grande que está dejando precisamente el Gobierno saliente de cara al proceso de instalación de la nueva administración".
Ante esto, el presidente Boric respondió a través de su cuenta de X indicando que "calificarla de "amarre" es de una pequeñez y frivolidad tremenda", asegurando que las pretensiones de Bachelet en la ONU "nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile".
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, emplazó a Kast -que por esos día se encontraba de gira por Europa-, para que fijara una postura en torno a Bachelet, y afirmó que para ser gobierno "se requiere caminar y mascar chicle al mismo tiempo".
En respuesta, Kast hizo alusión a la compleja situación que se estaba desarrollando en el Biobío a raíz de los incendios forestales. "Gobernar es mucho más que solo atender las emergencias, implica hacerse cargo de los distintos desafíos y problemas, tanto nacionales como internacionales, que terminan impactando al propio país (...) hay que tener respeto también por las víctimas de los desastres naturales".
Críticas por reconstrucción
A pocos días de ser nombrado como futuro ministro de Vivienda, el arquitecto Iván Poduje tomó un rol protagónico en la agenda, situación apuntalada por los incendios que afectaron a la zona centro-sur del país.
A raíz de sus visitas en terreno en el Biobío, Poduje salió a criticar al Gobierno del Presidente Boric por el despliegue para llegar con ayudas y planificar el proceso de reconstrucción, pero de paso, se reabrió el debate por la lentitud de la reconstrucción a raíz de los incendios del 2 de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso.
Aquello revivió un fantasma del Gobierno, puesto que a la fecha todavía hay familias damnificadas que no han obtenido una vivienda, pese al compromiso que adquirieron.
De hecho, y en respuesta a las críticas, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, dijo que lo que ocurrió en Valparaíso fue "de gran magnitud" y que "entendemos que las viviendas son más urgentes y en algunos casos no han llegado con la velocidad que a nosotros nos gustaría".
Déficit fiscal
El 12 de febrero, la Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó el informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el que determinó que el déficit estructural fue de 3,55% del PIB, equivalente a $12.028.692 millones.
La noticia abrió dudas en torno a la herencia fiscal que el Gobierno entregará a la administración de José Antonio Kast, y desató fuertes críticas debido a que el resultado fue tres veces peor al pronosticado originalmente.
La tesis del Gobierno en torno a las cifras no hizo más que acrecentar el malestar, especialmente de sector empresarial. De acuerdo al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, los ingresos por impuestos de primera categoría fueron menores a los esperados, en el último trimestre del año pasado, es decir, el tributo que pagan las empresas no mineras.
Ante este escenario, la oposición advirtió con una posible Acusación Constitucional en contra de Grau, o de citarlo al Congreso para explicar la situación fiscal. De hecho, el martes 3 de marzo se presentará ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos para explicar las cuestionadas cifras fiscales.
Ayuda económica a Cuba
El mismo día en que se conocían las cifras del 3,55% de déficit estructural, la Cancillería anunció el envío de ayuda humanitaria a Cuba, en medio de las consecuencias de la prolongada crisis energética que se acrecentó en la isla con el bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos.
El anuncio se interpretó como una ayuda directo al gobierno cubano, y voces de oposición, como el presidente de Republicanos, senador electo, Arturo Squella, acusó que el Gobierno estaba siendo "pauteado" por el PC.
El canciller Van Klaveren detalló que el monto de ayuda sería de US$1 millón, con cargo al Fondo de Chile contra el Hambre y la Pobreza. Se trata, además, del monto más alto que ha donado esta administración en esos términos.
Ante las críticas, el ministro aseveró que "es una ayuda monetaria a Unicef, no al gobierno de Cuba, no al partido comunista de Cuba".
Cable hacia China
La trama por el cable chino, que ya había generado una tensión diplomática con Estados Unidos -a raíz de las sanciones a tres funcionarios de Gobierno-, se agudizó en la política interna, a raíz de la dificultad del Ejecutivo para sostener un relato unívoco respecto a las etapas en las que se encontraba el proyecto.
El viernes 20 de febrero, Estados Unidos acusó a los funcionarios de "
poner en riesgo la seguridad de hemisferio", y revocó sus visas. Desde la Cancillería, en tanto, salieron a expresar "sorpresa" por el anuncio y rechazaron tajantemente las acusaciones.
Desde entonces, aparecieron contradiciones en torno al estado del proyecto del cable chino. El canciller Van Klaveren habló de "etapas iniciales", mientras que el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, apuntó a que el proyecto ya tenía avances.
Las críticas aumentaron luego que el diario El Mercurio diera a conocer que el 27 de enero el ministro Muñoz había firmado el decreto que otorgaba la concesión a una empresa china para la infraestructura e instalación para el cable submarino, y que el 29 de enero ese decreto había sido anulado.
Las explicaciones del Gobierno por ese último punto no estuvieron exentas de nuevas contradicciones. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comentó que un funcionario del gabinete de Muñoz había sostenido una reunión con representantes de EE.UU. donde se les informó de la alerta de seguridad, lo que habría motivado que el ministro diera pie atrás con el decreto.
En tanto, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, dijo que la decisión de revertir el decreto había sido "después" de que Muñoz se reuniera con el embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd. Recién el jueves Lobos reconoció que había cometido "una imprecisión" respecto al detalle de la reunión de Muñoz y Judd.
"Asumo que cometí una imprecisión porque hablé del embajador cuando era un representante de la embajada. Era un asesor, era un representante, pero no era el embajador, era un representante de la embajada porque efectivamente la reunión con el embajador se produjo con posterioridad a que ya no se hubiera continuado con el proceso de tramitación de la autorización de la concesión", planteó.
Con todo, el Gobierno ha salido a blindar a Muñoz. El miércoles, en una actividad en Talca, donde acudió junto al ministro, Boric planteó que Muñoz "ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo, no solo en Santiago, sino que a lo largo de todo Chile. El ministro Muñoz no anda ná (sic) solo, está con nosotros, nosotros estamos con él, y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile".
