Desde la Galería 7 del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur —o ex-Penitenciaría— huyeron, el 25 de febrero pasado, dos reos que cumplían condenas por graves ilícitos. Uno de ellos, Tomás "Pelao" González, quien cumplía 16 años de cárcel por diversos delitos, que incluían el homicidio frustrado de carabineros. Mientras que el segundo, Juan "Indio" Flores, había sido condenado a presidio perpetuo calificado en septiembre de 2024 por el delito de femicidio.
Para salir de ese lugar, debieron cruzar seis controles con rejas. Así lo estableció la investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI que va tras los pasos de los prófugos. Equipos que también buscan reconstruir el rol de los funcionarios de Gendarmería, dado que no evitaron la fuga.
Fue justamente ese antecedente, el de los múltiples controles que debían sortear los reos, antes de salir de la ex-Penitenciaría, lo que aumentó las sospechas sobre los funcionarios públicos.
En ese marco, los investigadores ya les tomaron declaración a cinco gendarmes, a quienes les dieron calidad de imputados según confirmaron a El Mercurio conocedores de esta indagatoria. Principalmente, detallaron, para asegurar la validez de las evidencias en esta causa de cara a futuros escenarios judiciales. Aunque también les da a los funcionarios penitenciarios garantías que los protegen, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado durante la diligencia o hacer uso de su derecho a guardar silencio.
La revisión de videos de seguridad permitió a la fiscalía reconstruir la salida de los internos, quienes caminan lentamente, hasta llegar a la puerta principal, sin que fueran interceptados en ninguno de los controles. Salen y se alejan, con la misma calma.
Diligencia incluyó a jefaturas e incluso población carcelaria
Entre el viernes y el fin de semana fueron citados a declarar, ante personal de la PDI y el Ministerio Público, algunos de los gendarmes que estuvieron en la ruta de escape de los reos la noche del 25 de febrero.
¿Por qué a los funcionarios no les llamó la atención este par de desconocidos entre compañeros? y ¿por qué no se cumplió con el mínimo control entre las divisiones intracarcelarias?, son preguntas que surgen en la indagatoria. El objetivo de la diligencia era que explicaran las acciones que realizaron en los distintos sectores de control, que se dividen con rejas. Sobre todo, aquella que segrega el Sector 7 del hospital en que, según investigadores, era imposible que no se percataran de alguna anomalía.
Quienes estuvieron presentes en el interrogatorio a los gendarmes sostienen que la versión de los requeridos apuntó a que no los vieron: no observaron ninguna irregularidad y no se percataron de la fuga, habrían explicado ante los investigadores. El uso de vestimentas de Gendarmería habría complicado la identificación de los reos evadidos, habrían añadido.
Sin embargo, para la PDI y la fiscalía surgen dudas, porque esta es una cárcel con imputados de alta peligrosidad que exige una mínima fiscalización en los controles, comentan entre los allegados a la indagatoria.
En ese marco, las declaraciones como imputados no solo incluyeron a los uniformados que estaban en la ruta de escape el 25 de febrero pasado, sino que también a personal en puestos de jefaturas, detallan investigadores.
Hoy se encuentran abiertas distintas líneas de investigación, que fundan las pesquisas actualmente en desarrollo en este caso y que incluye el intento de toma de declaración de la población penal que compartía espacios comunes con los prófugos. No obstante, los internos se habrían negado a entregar antecedentes, se confirmó a este medio ayer. Y, si bien se citó a una decena de personas a declarar, dichas diligencia se multiplicarían en los próximos días, dado que se recabaría la versión de testigos de contexto.
Negligencia u omisión entre las tesis
La versión de los gendarmes entregada el fin de semana no dejó tranquilos a fiscales ni detectives que estimaron que los prófugos de la justicia tuvieron que tener algún tipo de apoyo para escapar del centro penitenciario.
Por ello, se analiza la tesis de una eventual negligencia, que podría ser una de las figuras penales de menor entidad, así como otras líneas de investigación, que apuntan a algún tipo de omisión, lo que aumenta la gravedad de las acciones, ya que se podría tratar de un caso en que se dejan de tomar medidas para facilitar algún ilícito.
También, entre las posibilidades, explican, está derechamente el dolo con apoyo a la fuga, sobre todo por el contexto en que se dan estas conductas eventualmente irregulares: tras la operación "Apocalipsis" que, en 2025, permitió al Ministerio Público desmantelar una presunta asociación ilícita en la institución para el ingreso de elementos prohibidos a la cárcel de Santiago I.
Normativa también obligaba a un mejor desempeño
Otro de los focos de la investigación está sobre el uso de uniformes, lo que abre el abanico de posibilidades respecto a su ingreso a la cárcel nuevamente con irregularidades que podrían estar asociadas a la falta de control.
En la indagatoria se estima que las vestimentas utilizadas podrían ser reales por las características que presentan en videos de seguridad y que incluyen el uso de unos bototos característicos, que es un calzado que pudo identificarse, si fue ingresado.
También, entre los investigadores recuerdan que las normativas exigen un mínimo en protocolos de seguridad. Uno de ellos, por ejemplo, impide el uso de ropa oscura entre internos, por lo que uniformes de este tipo tendrían que haber llamado la atención en la entrada del recinto o si, por ejemplo, una visita los hubiera entregado.
Además, advierten que existen normativas que obligan a los funcionarios a mantener un mínimo estándar de seguridad en el lugar, y no solo eso, sino que también apego a la probidad: conductas que tambièn son revisadas para determinar si hubo algún alejamiento de los protocolos.
La fiscalía recordó estos marcos legales en el caso de la operación Apocalipsis: "El artículo 48 del Decreto 518, que aprueba el Reglamento de establecimientos penitenciarios, establece que la nómina de las especies y alimentos prohibidos al interior de los recintos penitenciarios será regulada por resolución del director nacional de Gendarmería".
Reglas que se detallan en distintas "providencias" como la Nº 830 y Nº 1.559 de 2016 y 2021, respectivamente.
