La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe elaborado por la comisión investigadora que analizó el proceso mediante el cual el Estado intentó adquirir la vivienda del expresidente Salvador Allende.
El documento fue respaldado por 66 votos a favor por parte de parlamentaros de oposición, 42 en contra desde el actual oficialismo y seis abstenciones.
El texto reúne los antecedentes recopilados por la instancia parlamentaria respecto de la fallida compra del inmueble y concluye que el proceso estuvo marcado por problemas tanto en su diseño como en su ejecución.
Entre sus observaciones, el informe sostiene que la operación presentó deficiencias técnicas y jurídicas, además de cuestionamientos sobre la forma en que se gestionaron los recursos públicos involucrados.
En particular, se indica que el procedimiento estuvo atravesado por una serie de decisiones adoptadas sin suficiente claridad en materia presupuestaria. De acuerdo con el documento, el proceso se vio afectado por una "grave improvisación institucional" en la administración de los fondos destinados a concretar la adquisición.
Según se detalla, originalmente los recursos estaban asignados al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para comprar el inmueble con fines museológicos. Posteriormente, dichos fondos fueron transferidos al Ministerio de Bienes Nacionales, argumentándose su "expertise" en asuntos inmobiliarios.
No obstante, la modificación presupuestaria se habría realizado mediante una instrucción presidencial de carácter interno.
El informe también advierte que no existía un procedimiento claro, estandarizado y normativamente obligatorio para realizar una nueva tasación del inmueble en casos donde existen diferencias entre valoraciones públicas y privadas.
En ese contexto, la comisión plantea que hubo falta de documentación formal y alerta sobre la "evidente opacidad con que se adoptaron decisiones cruciales al más alto nivel político y administrativo del Estado".
Asimismo, el documento señala que la operación no solo tenía como objetivo preservar el legado histórico de un exmandatario. A juicio de la instancia investigadora, la compraventa también podría constituir "una operación económicamente beneficiosa para su familia".
Rol presidencial
El informe también aborda el rol del Presidente Gabriel Boric en el proceso. En su respuesta oficial a la comisión, el Mandatario sostuvo que desconocía las eventuales inhabilidades constitucionales que podían surgir en torno a la compra del inmueble.
Frente a ello, el documento sostiene que hubo un intento por deslindar responsabilidades políticas. En esa línea, la comisión concluye que el jefe de Estado actuó en resguardo de su inmunidad política y calificó su explicación como "inaceptable, comprendiendo su rol de jefe de Estado".
La investigación también cuestiona el trabajo de los asesores presidenciales, apuntando a falencias en la información entregada tanto al Mandatario como a la jefa de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
Según el informe, dicha instancia no habría advertido oportunamente un posible conflicto de interés derivado de la participación de autoridades constitucionales, a diferencia de lo que habrían detectado el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y el Ministerio de Bienes Nacionales.
Entre las medidas propuestas, el documento plantea revisar y regular el funcionamiento institucional del denominado Segundo Piso de La Moneda. Asimismo, sugiere establecer mecanismos que aseguren que toda la información y comunicaciones entregadas por asesores presidenciales queden debidamente registradas.
Finalmente, la comisión solicitó otorgar urgencia al proyecto que modifica la Ley 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, con el objetivo de permitir la persecución de responsabilidades administrativas incluso en el caso de funcionarios que hayan dejado sus cargos.
