-como parte de una serie de medidas en el proyecto de "Reconstrucción Nacional" que reduce en un 3% el gasto en todos los ministerios-, ha generado cuestionamientos transversales.
El eje del proyecto relativo a la "reconstrucción fiscal", expone contención del gasto mediante ajustes a la gratuidad universitaria:
limitar gratuidad a estudiantes menores de 30 años y frenar extensión a nuevos deciles; moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema; y fortalecimiento de los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).
El domingo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que "cualquier persona que hoy día tiene gratuidad universitaria, de la edad que tenga, puede tener 50 años, su gratuidad no va a terminar a consecuencia de esta ley. O sea, si está a mitad de una carrera y tiene más de 30 años, tampoco. Sigue teniendo el beneficio".
"Lo que estamos haciendo", agregó, "es previniendo que futuras personas que quisieran matricularse y tengan más de 30 años, no tengan acceso a la gratuidad". Asimismo, aseguró que hay personas de altos ingresos que no están pagando su CAE.
Las medidas también apuntan a reducir "sobretodación" docente de la educación en el sistema público. Para ello, se proponen "mecanismos para la reducción de dotaciociones", lo que podría traducirse en una disminución de $169.241 millones del gasto a mediano plazo.
Alerta estudiantil
Los anuncios en torno al límite a la gratuidad ya han generado "alertas" en entornos universitarios, y ya existen llamados a realizar una protesta nacional.
Según consignó El Mercurio, el presidente de la Federación de la Universidad Diego Portales (Fedep), Bastián Becker (Ind-centro izquierda), comentó que "al restringir la gratuidad para mayores de 30 años, prácticamente les están cortando las alas a miles de personas que en su momento no pudieron estudiar por alguna situación que les superaba".
Y respecto al CAE, el estudiante considera que es una señal del Ejecutivo de no querer avanzar en el proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES) —propuesta de la administración anterior, que actualmente se encuentra en Senado— y así "continuar con el modelo ya existente".
Desde la Casa Central de la Universidad Católica, la líder de la FEUC e integrante de la Nueva Acción Universitaria (NAU) —movimiento fundado por quien fuera jefe de asesores del expresidente Boric, Miguel Crispi—, Martina Matus, dijo al citado medio que el anuncio del Presidente Kast "es un riesgo", y que "más que medidas indispensables para reconstruir viviendas o apoyar a las familias damnificadas, estamos ante decisiones de política fiscal y educacional que el Gobierno está intentando empujar bajo el paraguas de la emergencia".
Por su parte, la presidenta de la Federación de la Usach y militante del FA, Andrea Abarca, expresó en redes sociales: "exigimos que se convoque a una movilización nacional, ya es tiempo de rearticularnos como movimiento estudiantil, frente a los retrocesos anunciados por el gobierno de Kast".
Oposición anuncia TC y "evaluación" a cada medida
En el mundo parlamentario, también se anunciaron algunas acciones desde la oposición. El diputado Luis Cuello (PC), advirtió que en caso de ser necesario, acudirá al Tribunal Constitucional (PC).
A juicio del diputado, se trata de una medida discriminatoria y arbitraria, que además vulnera la igualdad ante la ley.
"El recorte a la gratuidad en la educación superior anunciado por el Gobierno constituye una discriminación arbitraria y priva de un derecho social conquistado por los estudiantes y sus familias. Al mismo tiempo, vulnera la igualdad ante la ley y resulta por ello contrario a la Constitución. No aceptaremos retrocesos, por lo que defenderemos la gratuidad ante el Tribunal Constitucional si esto resulta necesario", aseveró.
El fin de semana, tras el anuncio de Kast, el senador Diego Ibáñez (FA), cuestionó que "una rebaja de impuestos a las grandes empresas, a los más ricos y un recorte a la gratuidad en la educación, eso no es reconstrucción, eso es pasar gato por liebre. Es pararse en Penco y anunciar esto es usar el desastre para implementar una agenda que al parecer beneficia a los que tienen más ingresos y que les pasa la cuenta a los jóvenes".
Así, apuntó que "nosotros vamos a evaluar cada medida en su impacto real, en su debido mérito, estamos la espera de conocer el detalle del proyecto, pero no por su efecto comunicacional, sino por los beneficios concretos o perjuicios concretos que les puedan ocurrir a los jóvenes, a la ciudadanía".
En tanto, el jefe de bancada PPD-Independientes, Raúl Soto, advirtió que "nosotros no vamos a entregar ningún cheque en blanco" y que "vamos a ser muy cuidados de estudiar medida por medida".
Este martes, en una carta a El Mercurio, el diputado Carlos Cuadrado Prats (PPD), expresa que "limitar la gratuidad universitaria a quienes tengan menos de 30 años castiga a quienes han debido postergar su educación por razones que el propio país dice valorar: el trabajo, la maternidad y el cuidado de la familia".
Agrega que "quienes llegan tarde a la universidad son también mujeres de sectores populares y no lo hacen por capricho ni por comodidad. Lo hacen porque antes debieron trabajar para sobrevivir, cuidar hijos, hacerse cargo de padres enfermos o sostener sus propios hogares".
En ese sentido, el parlamentario cuestiona que "establecer un límite arbitrario de edad equivale a decirles que el tiempo que dedicaron a criar, cuidar y sostener la vida de otros no tiene valor público y que la maternidad, cuando se ejerce en condiciones de desigualdad, se convierte además en una condena educativa".
"Muchas familias acomodadas, y por cierto el señor ministro Quiroz, promotor de esta iniciativa, desconocen esta realidad. Sus hijas no interrumpen los estudios para cuidar hermanos, ni deben elegir entre trabajar o estudiar. Pero para miles de mujeres del Chile popular, la educación superior llega solo cuando las circunstancias de la vida por fin lo permiten. Penalizarlas por eso no es eficiencia fiscal: es simplemente una forma de castigo social", enfatizó.
Con todo, sostuvo que "este anuncio restringe oportunidades de promoción social y castiga historias honestas de generoso sacrificio humano. Una política pública que ignora esta desigualdad estructural no solo es injusta: es socialmente ofensiva, moralmente equivocada, y por tanto inaceptable".
Foco en "educación parvularia"
El debate por el límite a la gratuidad también fue abordado por el rector de la USS, Carlos Williamson, y la filósofa e investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sylvia Eyzaguirre.
En una carta a El Mercurio, los autores apuntan a que el foco debe estar en la educación parvularia y escolar frente a la universitaria, y que limitar la gratuidad a menores de 30 años sería "razonable" para el equilibro fiscal, pero de alcance limitado. Asimismo, destacan que, a su juicio, el descuento de la deuda del CAE en la liquidación de remuneraciones -contenida en el proyecto FES, del gobierno anterior- daría verdaderos réditos en el plano fiscal.
"El desfinanciamiento de las subvenciones escolares en el marco de leyes permanentes —un gasto de máxima prioridad— ha puesto al nuevo gobierno en alerta para recortar otros gastos o generar nuevos ingresos. Se habla de limitar el acceso a la gratuidad en la educación superior a menores de 30 años —se estima que representan un 10% del total de beneficiarios—, quienes no quedarían sin financiamiento, sino que accederían a un crédito contingente al ingreso. Es una medida razonable y coherente para el equilibrio fiscal de largo plazo, pero de muy limitado alcance", exponen.
Agregan en esa línea que "más efectivo podría ser fiscalizar a los estudiantes sobre el decil sexto que no tienen el perfil socioeconómico para acceder a la gratuidad".
"Asimismo, se señala que se reforzaría la cobranza respecto de los morosos del CAE, alrededor de un 70% del total, en su mayoría con garantía ejecutada y que obligan al Estado a provisionar un pago a los bancos por U$ 500 millones. Esta es una tarea compleja, pero urgente, y la única medida que rinde en el plano fiscal es el descuento de la deuda del CAE en la liquidación de remuneraciones por parte del empleador", acotan.
Williamson y Eyzaguirre plantean que "la buena noticia para el Gobierno es que fue una propuesta que estaba en el proyecto FES. Asimismo, en el marco del FES, el anterior Gobierno, aunque tarde, había accedido a reemplazar el impuesto al graduado por un crédito con pagos contingentes al ingreso. Es decir, se crearon condiciones en el plano político para facilitar un acuerdo legislativo y avanzar en una reforma a las ayudas estudiantiles en la educación terciaria, porque es ahí donde se pueden liberar importantes recursos públicos para invertir en la educación parvularia y escolar".
