Parlamentarios de distintos sectores reaccionaron al anuncio de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, luego de que se confirmara la detención de dos hombres y una mujer por su presunta participación en la agresión contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral.
La secretaria de Estado valoró el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI), destacando que las detenciones -correspondientes a estudiantes del plantel- representan un avance en el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, recalcó que los imputados serán formalizados durante esta jornada por el delito de atentado contra la autoridad, en el marco de una causa en la que el Gobierno ya presentó una querella.
En ese contexto, Steinert reiteró que el Ejecutivo buscará sanciones estrictas para los responsables.
"El Ministerio de Seguridad interpuso una querella, vamos a ser parte y concurrir a la audiencia de hoy con el fin de solicitar las medidas cautelares más gravosas para los imputados", señaló.
Reacciones parlamentarias
Desde el oficialismo, la diputada Javiera Rodriguez (Republicanos) manifestó "qué bueno que encontraron a los violentistas que agredieron a la ministra. Lamentablemente no es usual que se busquen responsables, hace mucho que en Chile estas situaciones se clasificaban como "normales" y por ende, no estaban sujetas a un castigo".
"Ahora bien, todavía estamos a la espera de las responsabilidades administrativas y de que el rector esclarezca su rol en ese día. Espero que esos jóvenes sean expulsados de la institución, porque nadie quisiera que luego egresaran creyendo que son buenos profesionales", agregó.
En esa línea, los diputados, Omar Sabat y Daniel Lilayu (UDI) indicaron que "esperamos que el Ministerio Público investigue con la máxima rapidez estos graves hechos y, de comprobarse la culpabilidad de los detenidos, la justicia aplique las máximas penas que establece la ley. Asimismo, creemos que la Universidad debe actuar con firmeza y proceder a la expulsión inmediata de quienes resulten responsables".
"Estas prácticas de violencia irracional deben ser erradicadas de forma inmediata. No es lógico que en una universidad -donde en teoría se forma la élite y el futuro de nuestro país- existan sujetos afiebrados por ideologías de intolerancia y violencia", aseguraron.
El diputado Roberto Arroyo (IND-PSC) aseveró que "estamos convencidos de que el camino correcto para Chile es el de la paz y el entendimiento, nunca el de la violencia. Por eso, valoramos la eficacia policial en estas detenciones; es una señal necesaria para el país. No podemos permitir que el amedrentamiento se vuelva costumbre".
Por su parte, desde la Democracia Cristiana el diputado Patricio Pinilla (DC) destacó que "lo primero es rechazar categóricamente cualquier acto de violencia como forma de expresar opiniones o puntos de vista. Esto es inaceptable, y lo condenamos sin ningún tipo de ambigüedades".
"En segundo lugar, es importante entender que la justicia debe ser ponderada , racional y objetiva, entonces si el delito imputado es atentado a la autoridad, art. 261 Número 2 del Código Penal, corresponde una medida cautelar transitoria, coherente y proporcional a los hechos ocurridos, y no un castigo en sí mismo, pues esto lo decidirá el juez en su sentencia", continuó.
En esa línea el parlamentario finalizó indicando que "hago presente a la Sra. Ministra que ya no es fiscal, y su rol es velar por la seguridad de todos y todas, de una manera equitativa, sin pretender generar puntos políticos a raíz de hechos judiciales, por muy graves que sean".
Desde la oposición, la diputada Tatiana Urrutia (FA) sostuvo que "frente a la agresión a la Ministra, todos condenamos lo ocurrido en la UACh y esperamos que se investigue con la mayor rigurosidad. Sin embargo, es importante no perder de vista las prioridades de Chile y sus familias en materia de seguridad. Hoy muchas comunas siguen enfrentando con fuerza el avance del narcotráfico y la violencia en sus barrios, y es ahí donde el gobierno y la Ministra Steinert deben concentrar sus mayores esfuerzos".
Asimismo, el diputado Bernardo Salinas (IND-PC) indicó que "lo primero es ser muy claros: en Chile las medidas cautelares no las define el gobierno, las determina la justicia en función de los antecedentes y de lo que establece la ley. Por supuesto, condenamos cualquier agresión a una autoridad, no consideramos que esa sea la vía para responder ante políticas públicas que muestran indolencia, incapacidad o que claramente rayan en la violencia institucional".
"Pero esa condena no puede transformarse en presión política sobre los tribunales ni en un uso instrumental de estos hechos. Aquí lo importante es que la investigación avance con seriedad, que se determinen responsabilidades y que las decisiones se adopten con proporcionalidad y conforme a derecho", cerró.