De cara a la tramitación del proyecto de reconstrucción, firmado esta mañana por el Presidente José Antonio Kast, diputados de oposición, insistieron en la idea de llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional (TC).
Ya a inicios de la semana, la bancada DC había anunciado que votaría en contra de la idea de legislar la iniciativa y que recurriría al TC. Aunque más tarde habían señalado que aquello podría cambiar al conocer la iniciativa.
Hoy, en tanto, el diputado Patricio Pinilla (DC), expresó que "lo que sí hemos hecho hoy día es plantear con firmeza una reserva de constitucionalidad respecto del proyecto misceláneo. El artículo 69 de la Constitución señala claramente que los proyectos deben tener ideas matrices y fundamentales. Este, al menos, tiene cuatro o cinco ideas matrices, así lo ha dicho el Presidente de la República. Eso es un rompecabezas jurídico, es un Frankenstein legislativo que a nosotros no nos parece".
"Por eso que, siguiendo los criterios del Tribunal Constitucional, hemos hecho esa reserva, y seguiremos hablando el tema, era necesario hacerla hora en el punto de la cuenta para presentar esa acción, porque se nos ha dicho que la Constitución tiene que respetarse en la parte que nos gusta y también en la parte que no nos gusta, y eso también le hemos dicho al Gobierno, eso no fue oído, el proyecto es uno solo, y eso también a nosotros nos genera cuestionamientos severos", sostuvo el diputado Pinilla.
El diputado indicó que como se verá en varias comisiones, ahí decidirán su votarán a favor o no de la idea de legislar.
Por su parte, el jefe de la bancada PS, Raúl Leiva, manifestó que "todas las bancadas de oposición vamos a coordinar un trabajo sistemático para poder recurrir al Tribunal Constitucional, no respecto del fondo, no solo del fondo, sino porque este proyecto consulta garantías individuales, particularmente el artículo cuarto de la Constitución, al establecer una invariabilidad tributaria por 25 años, vale decir, durante seis gobiernos no se podría cambiar el sistema tributario para ciertas empresas".
"Además, esto avanza mucho más allá que el decreto ley 600 del año 74, dictado por la dictadura, sino que no es solo respecto a inversión extranjera, sino que también respecto a inversión interna. ¿Quién va a definir eso?, el propio Gobierno, el propio ministro de Hacienda va a definir qué empresas eventualmente van a estar sujetas a esta invariabilidad. Eso es total y absolutamente, no solo antidemocrático, sino que inconstitucional.", recalcó.
La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, dijo a EmolTV que "nuestra bancada ya presentó una reserva de constitucionalidad, particularmente para identificar cuáles son materias donde aquí pudiera haberse o se eventualmente pudieran ver potencialmente favorecidos ministros, ministras de Estado".
El diputado Matías Fernández (FA), abordó la reserva de constitucionalidad por la propuesta relacionada a las contribuciones: "Agregamos esta reserva de constitucionalidad, porque entendemos que, primero, el pago de contribuciones en Chile aplica al 21.7 % que hacen ese pago de contribuciones. Los que están dentro del 60% no pagan contribuciones, y los que están dentro del 68% de hogares tienen un descuento de un 50%. Eso quiere decir que, en estricto rigor, esta medida iría en directo beneficio de quienes más patrimonio tienen, y entre esas personas se encuentran ministros del gabinete, como el ministro Barros, entre algunos, como el ministro Mackenna, y creemos que esto no puede ser".
