El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago, respondió al alcalde Mario Desbordes, quien este martes anunció que denunciará al órgano público ante la Contraloría General de la República (CGR), por continuar con el pago de remuneraciones a la exdirectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, pese a existir un proceso administrativo que determinó su destitución.
La reacción del jefe comunal surgió luego de que el SLEP Santiago informara que decidió mantener a la actual rectora Sandra Aravena "para garantizar la continuidad del servicio educativo", argumentando que la directora titular, Vega, se encontraba sujeta a un sumario administrativo al momento del traspaso del establecimiento.
Frente a estos antecedentes, el jefe comunal calificó la situación como una "ilegalidad enorme" y apuntó directamente a la gestión del SLEP.
"Nos encontramos con sorpresa por esta ilegalidad enorme que estamos observando. La dirección del SLEP debió haber notificado las resoluciones que ponían término a estos sumarios y que ordenaban la destitución. Esto también sucedió en sumarios en donde había personas con licencia médica viajando al extranjero, sumarios ordenados por la Contraloría General de la República", afirmó.
Ahora, a través de un comunicado, el servicio precisó que respecto al estado del proceso administrativo, "al momento del traspaso del servicio educativo desde la Ilustre Municipalidad de Santiago al SLEP Santiago Centro, en enero del 2026, el proceso disciplinario al que se hace referencia no se encontraba cerrado, sino en etapa pendiente de notificación de su resolución final".
De acuerdo con la normativa vigente -agregó-, los procedimientos disciplinarios deben encontrarse totalmente concluidos -incluyendo su debida notificación- "para que las sanciones administrativas produzcan efectos". Sin embargo, en este caso, "el proceso fue traspasado al SLEP sin haber cumplido dicha etapa esencial, lo que impide jurídicamente ejecutar la medida de destitución".
"El SLEP Santiago Centro ha actuado estrictamente conforme al principio de legalidad que rige a la Administración del Estado, resguardando el debido proceso y los derechos funcionarios. Cualquier decisión distinta podría constituir una vulneración grave a la normativa administrativa vigente", complementó.
En este contexto, la entidad aseguró que mientras el proceso no se encuentre legalmente terminado, corresponde mantener las condiciones contractuales vigentes, "incluyendo el pago de remuneraciones, conforme a derecho".
De hecho, advirtió que la municipalidad "pagó a la funcionaria en proceso de investigación su sueldo completo hasta diciembre, siendo traspasada como funcionaria del municipio al SLEP, manteniendo sus condiciones contractuales".
Finalmente, el SLEP remarcó que vez finalizado el proceso de investigación sumaria, "el servicio podrá abrir el concurso a través del sistema de Alta Dirección Pública, conforme a la normativa vigente".
