Fue a fines de marzo que Poduje causó revuelo al comunicar el término unilateral del contrato de reconstrucción con la constructora San Sebastián Ltda., encargada de levantar 350 viviendas El Olivar, y con la entidad patrocinante del proyecto, Social Arquitectura.
Según se explicó desde la cartera, la decisión radicó en "gravísimas" deficiencias estructurales, utilización de materiales de construcción no certificados por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Minvu y contratos sin inspección técnica de obras. Poduje calificó las acciones como "provechosas" para las empresas, por lo que se finiquitó el contrato a través de la Resolución 3.384 del Minvu.
Luego, en abril, se recibió el informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile (IDIEM) que detectó deficiencias "relevantes" en el diseño y cálculo estructural de las viviendas, por lo que el 18 de abril el ministro anunció la demolición de 52 viviendas que presentaban más de un 90% de avance.
El secretario de Estado incluso declaró que las faenas comenzarían "la próxima semana". Sin embargo, hoy la cartera se enfrenta a una fuerte oposición judicial que mantiene paralizadas las demoliciones en El Olivar.
Oposición de beneficiados
Según consignó El Mercurio de Valparaíso, desde el término del contrato con ambas empresas y el anuncio de demolición de 52 viviendas, son nueve los recursos de protección han sido ingresados a la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra el ministro Poduje, incluyendo siete en representación de las familias damnificadas, todas patrocinadas por el abogado Juan Andrés Pávez.
El matrimonio formado por Leoncio Olivares y Ester Jeldres es uno de los siete grupos familiares que se oponen a la demolición de sus viviendas. El recurso judicial argumenta que para la pareja "resultó especialmente violento, sorpresivo y humillante enterarse de las decisiones del ministro sobre paralización de obras, demolición de su vivienda y "despido' de las empresas a cargo".
Otro libelo, accionado por Gloria Núñez y su hija. Paulina Núñez, aduce que el ministro Poduje "llegó sin haber entrado a las casas, sin haberlas visto ni haber medido nada, (decidiendo) que debían ser demolidas".
"Quedamos devastadas, pensando en que íbamos a seguir de allegadas", mencionó al citado medio Gloria, una de las mujeres afectadas.
En paralelo a las impugnaciones de los vecinos se suman dos recursos presentados en la Corte de Apelaciones por San Sebastián y Social Arquitectura.
El libelo de la entidad patrocinante, representada por la abogada Erika Maira, denunció que el jefe del Ministerio de Vivienda "anunció la demolición de las construcciones ya levantadas, sin contar con un antecedente técnico robusto y documentado que justifique lo decidido", asegurando que la decisión de demoler no se sustenta en el informe del IDIEM, sino en una "interpretación personal".
Asimismo, Social Arquitectura interpuso acciones por la vía civil, demandando por $12 mil millones al Serviu Valparaiso, y por la vía penal, tras acusar a la autoridad del Minvu de supuestos delitos de falsificación de instrumento público, coacción y fraude al fisco.
Tensión en el Serviu
Según fuentes del citado medio, el conflicto por las demoliciones en El Olivar ha generado tensión y una alta carga laboral al interior del Serviu de Valparaíso, a tal punto de que la directora jurídica de la repartición, Inés Pizarro, presentó licencia médica.
Por otro lado, las réplicas judiciales de los vecinos y las empresas cuestionadas han "congelado" las demoliciones anunciadas, pues el ministerio tendrá que esperar la resolución de las causas para no arriesgar nuevas demandas.
Tras ser oficiado por la Corte de Apelaciones, el director de Obras de Viña del Mar, Joan Saavedra, confirmó que la Dirección de Obras Municipales "a la fecha no ha recibido ni otorgado solicitudes de permiso de demolición en el sector El Olivar".
Consultados, desde el Serviu de Valparaíso informaron que "respecto a las viviendas de El Olivar, nuestros equipos técnicos, a través de la Entidad Patrocinante Serviu, se encuentran abordando procesos de rediseño que garanticen la calidad constructiva de las viviendas sociales, dado que se encuentran paralizadas sin estar terminadas. Una vez que culminen los procesos de rediseño se dará curso a las etapas administrativas con las instituciones e instancias correspondientes".
