Aprobada y despachada a ley quedó el proyecto del Gobierno "Escuelas Protegidas", la que busca aumentar la seguridad en recintos educativos y que cobró fuerza tras el crimen a una inspectora en un colegio en Calama, por parte de un alumno.
La iniciativa, que fue aprobada por 105 votos a favor, 46 en contra y sin abstenciones, contempla sanciones a quienes comentan delitos en el contexto educativo, para que queden inhabilitados de poder acceder al beneficio de la gratuidad, en un plazo de cinco años. Sin embargo, la oposición ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC).
Asimismo, quienes cometan delitos posteriores a haber adquirido el beneficio, también quedarán sujetos a la inhabilidad de perder la gratuidad.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, también destacó tras la votación que otro cambio tiene que ver con que la revisión de mochila "se haga a través del reconocimiento de lo que es la revisión amplia o masiva vs aquella que requiere de que el estudiante pase a una sala privada. Se le incorporaron resguardos para proteger el bienestar de ese estudiante, para proteger también que a los adultos que llevan a cabo la revisión, que ellos puedan estar en presencia de dos adultos y que haya un acta".
La iniciativa de Ejecutivo salió adelante gracias a los apoyos de la DC, los que resultaron decisivos.
En tanto, desde la oposición -bancadas PS, PPD, PC y Frente Amplio, quienes votaron en contra, anunciaron reservas de constitucionalidad.
Oposición acudirá al TC
Más tarde, la diputada Daniela Serrano (PC), integrante de la comisión de Educación, anunció un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) tras aprobación de Escuelas Protegidas.
"Cuando ingresó este proyecto de ley, nosotros y nosotras, al reservar constitucionalmente este proyecto, el hacer observaciones tenía una consecuencia, y eso es ir al Tribunal Constitucional", partió diciendo.
La parlamentaria agregó que "lamentablemente, en la Cámara se ha agotado el diálogo, porque cuando proponemos de manera reiterada, incluso normas que puedan ayudar a darle precisión jurídica, a ayudar también a dar certidumbre en materia de derechos, de indemnidad de niños y niñas, estos son de manera reiterada, rechazadas".
"En ese sentido, lo que corresponde ahora es que un grupo de parlamentarios y parlamentarias hagamos este requerimiento al Tribunal Constitucional, porque no podemos permitir que por un gusto ideológico, tanto del Presidente de la República como de diputados y diputadas acá, se pasen a llevar derechos constitucionales, consagrados en nuestra Constitución, y por tanto, se prive del derecho a educarse a aquellos estudiantes más pobres, porque aquel estudiante que tiene los medios para ir a la educación superior, no va a recibir una doble sanción", subrayó.
Por su parte, desde el PS, el diputado Juan Santana, también integrante de la comisión de Educación, sostuvo que "hay una diferencia entre presentar un proyecto de ley, aprobarlo, y que posteriormente esta ley se implemente, y es por eso que junto a parlamentarios y parlamentarias de la oposición hemos anunciado reserva de constitucionalidad en normas que son parte del proyecto escuelas protegidas".
El parlamentario explicó que las reservas de constitucionalidad tienen relación principalmente "porque existe una vulneración a principios que contravienen finalmente la privacidad, la honra de las personas también el acceso al derecho a la educación. Y, por lo tanto, creemos que este proyecto no solamente vulnera normas que hoy día existen en nuestro marco institucional, sino que, además, no resuelve el problema que traza esta iniciativa, que tiene que ver con la violencia en los establecimientos".
Desde la misma tienda, el diputado César Valenzuela hizo hincapié en que "el artículo 5 sanciona la movilización estudiantil, no distingue si estas movilizaciones son pacíficas o si no lo son, y, por lo tanto, lo que hay detrás de eso es una condena. Lo que intenta esta norma es acallar a los estudiantes, y eso es algo que en democracia no podemos permitir".
