El ministro de Seguridad, Martín Arrau, presentó este marntes ante el Senado el Plan Operativo de Seguridad Pública, una hoja de ruta que fija la estrategia del Ejecutivo para enfrentar la crisis delictual con una combinación de acciones operativas y reformas legales.
La iniciativa que contempla 65 tareas y se estructura en tres ejes: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional. Cabe destacar que el ministro volverá a asistir al Senado este miércoles, instancia en la que responderá las dudas de los senadores respecto del plan presentado.
En ese marco, el plan aterriza en siete focos de gestión, que concentrarán el despliegue del Estado:
Control de calles, barrios y ejes emblemáticos
Busca devolver la presencia del Estado donde la gente vive. Considera patrullaje preventivo focalizado, televigilancia bajo estándar único y articulación municipal en los barrios más golpeados. La meta es intervenir 50 barrios prioritarios al 2027, partiendo por 20 polígonos operativos en 2026.
Fin al reclutamiento y protección de víctimas
Apunta a cortar el corredor de captación criminal de menores antes de que las economías ilegales los incorporen, y a fortalecer la atención a víctimas. La meta es robustecer el Programa Lazos en 90 comunas al 2027.
Protección de fronteras y rutas críticas
Busca cerrar las principales vías de ingreso, circulación y salida del crimen. Incluye el Plan Escudo Fronterizo, control marítimo-portuario y la instalación de pórticos lectores de patentes. Se proyecta escaneo de carga en San Antonio y Valparaíso, además de biometría en pasos fronterizos que concentran el 50% del flujo migratorio.
Combate contra el crimen organizado
Se enfrenta como una amenaza estratégica mediante Fuerzas de Tarea especializadas e interoperabilidad de datos, con foco en perseguir el dinero del crimen. La meta es contar con persecución financiera plenamente operativa al 2026.
Este foco se articula en torno a siete Fuerzas de Tarea bajo conducción ministerial única, que abarcan la Macrozona Sur para enfrentar la violencia rural organizada; Secuestro y Sicariato, enfocado en delitos violentos de alto impacto; Crimen Organizado, orientado a desarticular estructuras completas; Mercado Ilícito, contra el contrabando y las economías ilegales; Análisis Financiero Criminal, para seguir el dinero del delito; Ciberdelito, frente al fraude y la criminalidad tecnológica; y Control Fronterizo, destinado a reforzar el frente marítimo-portuario.
Control de cárceles y cadena penal
Busca reforzar la autoridad del Estado dentro de los recintos penitenciarios, mediante módulos de máxima seguridad, control del perímetro y bloqueo de señales. La meta es implementar los primeros módulos y bloqueo total de comunicaciones al 2026.
Consolidar institucionalidad
Apunta a fortalecer el funcionamiento del sistema de seguridad pública, considerando que el ministerio opera desde 2025. Incluye dictar siete reglamentos pendientes y activar seis instancias del sistema al 2027.
Restituir legitimidad policial
Busca mejorar condiciones, dotación y respaldo jurídico a Carabineros, PDI y Gendarmería, en un contexto de pérdida sostenida de personal. La meta es ampliar cupos de formación e instalar respaldo al uso legítimo de la fuerza al 2027.
