La acusación constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, enfrenta un escenario político complejo en la Cámara de Diputados, marcado por definiciones clave que podrían incidir directamente en su resultado.
A medida que avanza el proceso, distintos elementos han ido configurando un panorama de incertidumbre, tanto por la falta de alineamiento en la oposición como por las tensiones que ha generado en el oficialismo.
En ese contexto, tres factores aparecen como determinantes en la tramitación del libelo: la decisión de Renovación Nacional (RN) de otorgar libertad de acción a sus diputados, la elección de una exministra del gobierno de Gabriel Boric como presidenta de la comisión que revisará la acusación y las críticas desde la oposición, que apuntan al Ejecutivo como impulsor político de la ofensiva.
RN llama a libertad de acción
Si bien la presentación de la acusación fue impulsada inicialmente por diputados del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario (PNL), legisladores de otras colectividades también se sumaron. Así, y cuando aún RN no adoptaba una postura institucional, los diputados Daniel Valenzuela y Francisco Orrego apoyaron la presentación del libelo. Este último sostuvo que "en esta materia debe existir libertad absoluta de cada parlamentario para adoptar su decisión en conciencia, según sus propias convicciones". Y agregó: "Grau, con evidente ineptitud, vulneró la Constitución y la ley, por ello debe responder ante el Parlamento y de cara a los chilenos. Basta de impunidad".
Para la jefa de la colectividad, la senadora Andrea Balladares, el apoyo de estos legisladores refleja que hubo "del proceso eh el que ellos hicieron una reflexión previa". Asimismo, señaló que "si hay fundamentos razonables para llevarla a cabo (la AC), no se puede desviar la tacultad fiscalizadora que tienen los diputados".
Sin embargo, el principal elemento que introduce incertidumbre en el resultado es la definición adoptada por RN. Según consignó El Mercurio, a las 13:00 horas de ayer, los legisladores iniciaron un almuerzo que se extendió por casi dos horas, en el que debatieron su postura frente al libelo. Según asistentes, la conversación fue muy “respetuosa”, pero evidenció diferencias internas.
Finalmente, la colectividad optó por dar libertad de acción a sus diputados. A las 15:02, el jefe de bancada, Diego Schalper, comunicó la decisión a través de su cuenta de X: "Como comité de RN hemos tomado la decisión unánime de que nuestros diputados tengan libertad de acción respecto de la votación de la acusación constitucional".
Incluso antes de la reunión, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), ya había anticipado ese escenario. "Creo que lo más sensato, quiero ser muy franca, va a ser la libertad de acción", dijo la diputada.
Desde el partido reconocen que, aunque preferían una postura única, ello era inviable. De hecho, advierten que una definición obligatoria podía provocar la salida de algunos parlamentarios. "No había salida intermedia", señalan al interior de RN, lo que refleja el nivel de tensión interna.
La presidencia de Marcela Hernando
Un segundo factor que genera atención es la composición de la comisión que revisará la acusación. Este martes, la instancia -integrada por los diputados Carlos Bianchi (IND-PPD), Alejandro Bernales (PL), Luis Sánchez (Republicanos), Joanna Pérez (Demócratas) y Marcela Hernando (PR)- eligió de forma unánime a esta última como presidenta.
La designación no pasó inadvertida, considerando que Hernando se desempeñó como ministra de Minería durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
La comisión tendrá la tarea de analizar el libelo acusatorio, el cual sostiene que durante la gestión de Grau se habrían vulnerado deberes constitucionales y legales en la conducción de las finanzas públicas, especialmente en la elaboración y presentación de proyecciones fiscales.
Al respecto, Hernando señaló que "las determinaciones que hemos tomado son meramente administrativas. Vamos a hacer sugerencia de invitados desde aquí hasta el viernes, y nuestra 1º sesión va a ser el próximo lunes. Es una semana legislativa, por lo tanto, nos vamos a encontrar acá en Valparaíso. Y ese día lunes, teniendo la lista de invitados sugeridos, más la información respecto de cuántos días van a correr para la comparecencia del acusado, vamos a convocarnos durante esa semana".
Oposición tilda al Ejecutivo de impulsor político
El tercer elemento que tensiona el debate proviene desde la oposición, donde varios parlamentarios sostienen que la acusación tendría un impulso político desde el Ejecutivo.
El diputado Nelson Venegas (PS) afirmó que "que quien está detrás de esta acusación constitucional, derechamente es el gobierno. Eso es lo más lamentable porque por una parte se nos invita a conversar, se habla del país construido entre todos juntos y por el otro lado, se actúa de esta manera". Y agregó: "No nos sigamos engañando con esta situación. Esto viene desde La Moneda. Pero lo más grave y lo más complejo, que más allá del tema de la formalidad propiamente tal, esto es una cuestión de interpretaciones políticas. No es algo jurídicamente controversial. Y por lo tanto, significa la banalización de un instrumento institucional".
En la misma línea, el diputado Daniel Manouchehri (PS) sostuvo que "esta acusación constitucional impulsada por el gobierno del Presidente Kast no tiene ningún fundamento". Además, cuestionó que "No entendemos mucho a este gobierno que por un lado llama al diálogo, se las dan de democráticos, de pluralistas, de diversos, y por el otro lado impulsan una acusación constitucional". Y añadió: "No señores, esta es una acusación impulsada por un gobierno que quiere tirar bombas de humo para tapar su propia negligencia".
Por su parte, el diputado Matías Fernández (FA) indicó que "hay una responsabilidad importante, no solamente de los partidos que la levantan, que es el republicano y el Partido Nacional Libertario, sino que también del gobierno, y particularmente su presidente José Antonio Kast, que patrocinan este tipo de medidas, sin decirlo públicamente, pero que claramente no han dicho de forma tajante si es que están de acuerdo con este tipo de medidas". Y agregó: "Eso habla de un gobierno que se articula a través del Partido Republicano solamente para desviar la atención de lo realmente importante, que es el futuro de las personas que viven en este territorio".
