Un grupo transversal de diputados y senadores presentó este viernes un proyecto de reforma constitucional que busca elevar los requisitos y quórums para las acusaciones constitucionales, con el objetivo de limitar su uso y reforzar su carácter excepcional.
La iniciativa es impulsada por parlamentarios de distintos sectores, entre ellos el diputado Diego Schalper (RN), el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), la senadora Andrea Balladares (RN), la diputada Gael Yeomans (FA), el senador Diego Ibáñez (FA), el senador Juan Luis Castro (PS), la senadora Paulina Vodanovic (PS), entre otros.
Según explicaron, la propuesta apunta a "poner fin a la temporada de acusaciones constitucionales", en medio de críticas por su uso reiterado en los últimos períodos legislativos.
De acuerdo con los impulsores, el proyecto surge como respuesta al desgaste institucional y a la paralización que -afirma- ha generado el uso frecuente de este mecanismo. En esa línea, sostienen que el aumento de acusaciones ha contribuido a la polarización política y ha desviado la atención de temas prioritarios como la seguridad, el crecimiento económico y la salud.
"La inmensa mayoría de los chilenos no ve las acusaciones constitucionales como un control serio, sino como una pérdida de tiempo y una pelea entre políticos mientras la delincuencia avanza, la economía sigue estancada y las listas de espera en salud siguen creciendo. Llevamos pocos meses de periodo legislativo y ya se instaló la lógica de la acusación permanente. Queremos dar un punto de inflexión para entregar gobernabilidad y estabilidad al país. Esto no se trata de proteger a ninguna autoridad ni de dar impunidad, se trata de exigir seriedad y rigor", señalaron los parlamentarios.
Qué plantea el proyecto de ley
Entre las principales modificaciones, la propuesta plantea duplicar el número de firmas necesarias para presentar una acusación constitucional -pasando de 10 a al menos 20 diputados-, además de exigir que su aprobación requiera la mayoría de los parlamentarios en ejercicio y no solo de los presentes en sala.
Asimismo, el texto establece la obligación de realizar una interpelación previa en el caso de acusaciones contra ministros de Estado, con el fin de agotar las instancias de control político antes de recurrir a la destitución. A esto se suma una mayor exigencia en las causales, estableciendo que las infracciones a la Constitución o las leyes deben ser "abiertas", es decir, evidentes y comprobables.
Los impulsores recalcaron que la iniciativa no busca restringir las facultades fiscalizadoras del Congreso, sino fortalecer su legitimidad, asegurando que este mecanismo se utilice con fundamentos sólidos y amplios respaldos políticos.
"Empieza a formar parte de la guerrilla política de la polarización"
En ese contexto, el diputado Schalper afirmó que "no podemos continuar con una tercera temporada de acusaciones constitucionales, donde se banaliza esta herramienta constitucional y empieza a formar parte de la guerrilla política de la polarización".
En esa línea, agregó que "nosotros creemos que esto tiene que cambiar, y por lo mismo hemos presentado una reforma constitucional, que lo que hace es fortalecer la acusación constitucional, exigirle más firmas para que venga mucho más empoderada, establecer que para acusar a un ministro de Estado y que realmente esto sea de última ratio, usted tenga que interpelarlo, y, de esa manera, poder configurar bien sus responsabilidades. Y, por último, exigir un quórum de aprobación de al menos 78 diputados para darle un carácter de seriedad".
El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) sostuvo que "esto cuenta con la gran mayoría de Senadores y Diputados de ambas Cámaras, precisamente con el objeto de perfeccionar, como lo propuso la Comisión Experta en su momento, la herramienta de acusación constitucional".
"¿Qué es lo que sucede a juicio nuestro? Primero, consideramos que la herramienta de acusación constitucional se ha desnaturalizado enormemente. De las 119 acusaciones constitucionales que se han presentado en los últimos años desde que volvimos a la democracia, 70 de ellas se han presentado en el gobierno último de Sebastián Piñera y en el gobierno del Presidente Boric", agregó.
Por su parte, la diputada Gael Yeomans (FA) señaló que "es necesario actualizar nuestras herramientas de fiscalización, que siguen siendo parte de las facultades que tienen los parlamentarios. Pero ojo, esas facultades necesitamos ejercerlas con responsabilidad social y en las personas. Porque ese tiempo que tenemos para revisar las acusaciones constitucionales, y que luego no llegan a ningún puerto, podríamos destinarlo a las necesidades que tiene la sociedad: en discutir Sala Cuna, en discutir pensiones, materias de seguridad y tantas otras cosas, en donde también necesitamos construir acuerdo".
En tanto, el senador Castro manifestó que "desde el mundo socialista hemos concurrido a este proyecto de reforma porque las acusaciones constitucionales se han degradado, se ha producido una acción vengativa de carácter político contra autoridades que la mayoría de las veces ha terminado siendo infructuosa, porque no logró mayorías y fue presa de sectores minoritarios que sólo teniendo 10 firmas activaban un mecanismo que finalmente no tenía destino, gastando no sólo un prestigio, sino que además un esfuerzo de tener una reforma constitucional que ahora estamos presentando todos para que de una vez por todas se eleve el nivel de la discusión política".
En conversación con
EmolTV, el
diputado Daniel Manouchehri (PS) indicó que "estoy de acuerdo con que se puedan subir los estándares justamente para las acusaciones constitucionales y aumentar la cantidad de parlamentarios que puedan firmarla puede ser justamente un equilibrio. No puede ser que para una comisión investigadora en la Cámara de Diputados tú requieras sesenta y tres diputados y para una acusación constitucional con diez firmas ya puedas acusar constitucionalmente a un ministro".
