Este miércoles fue ingresado a trámite un proyecto de reforma constitucional que busca elevar los requisitos y quórums para la presentación y aprobación de acusaciones constitucionales, con el objetivo de reforzar su carácter excepcional y evitar un uso excesivo de esta herramienta de fiscalización.
La iniciativa propone una serie de modificaciones al mecanismo contemplado en la Constitución. Entre ellas, aumentar de 10 a 20 el número mínimo de diputados requeridos para presentar un libelo acusatorio; exigir que su aprobación se realice por la mayoría de los parlamentarios en ejercicio y no solo de los presentes en la Sala; y establecer la obligación de realizar una interpelación previa cuando se trate de acusaciones contra ministros de Estado.
Asimismo, el proyecto eleva el estándar de las causales invocadas, señalando que las infracciones a la Constitución o a las leyes deberán ser "abiertas", es decir, evidentes y comprobables. Sus impulsores recalcaron que la propuesta no busca restringir las facultades fiscalizadoras del Congreso, sino fortalecer la legitimidad de este instrumento, asegurando que se utilice con fundamentos sólidos y amplios respaldos políticos.
La iniciativa es patrocinada por los diputados Diego Schalper (RN), Raúl Leiva (PS), Gael Yeomans (FA), Luis Pardo (RN), Jorge Guzmán (Evópoli), Jaime Mulet (FRVS), Guillermo Ramírez (UDI), Joanna Pérez (Demócratas), Alejandro Bernales (PL) y Carlos Cuadrado (PPD).
Durante la presentación, Schalper sostuvo que "creemos que es muy legítimo tener visiones distintas sobre muchos puntos, es muy legítimo tener todos los debates que se quiera, pero llega un momento en el cual hay que sobreponerse a la confrontación, hay que sobreponerse a la guerrilla permanente y hay que contribuir a que Chile retome su estabilidad, su credibilidad y su solidez institucional".
En esa línea, agregó que "siendo que aquí representamos mundos muy distintos, nos hemos congregado a hacer de un vehículo de fiscalización lo que realmente tiene que ser un espacio para la responsabilidad política y no un espacio para la guerrilla política, que son dos cosas totalmente distintas".
El rol clave de la Comisión de Constitución
Tras su ingreso, el proyecto deberá ser analizado por la Comisión de Constitución de la Cámara, instancia presidida por el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien además figura entre los patrocinantes de la iniciativa.
Respecto de la tramitación, Mulet aseguró que "vamos a hacer todo el esfuerzo para que se vea en la Comisión de Constitución con rapidez. Tenemos que conversarlo en la comisión, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para que se vea".
Consultado sobre la posibilidad de solicitar discusión inmediata al Ejecutivo, el parlamentario afirmó que al Gobierno "también le deberá convenir, porque en definitiva va a tener menos posibilidad de que sectores polarizantes presenten acusaciones constitucionales, porque establece un requisito adicional. Estoy convencido de que sí puede ser, pero si no puede, también podemos avanzar nosotros. El ideal es contar con el patrocinio del Ejecutivo".
La Comisión de Constitución está integrada por Marcos Barraza (PC), Eduardo Cretton (UDI), Lorena Fries (FA), Jorge Guzmán (Evópoli), Constanza Hube (UDI), Marcos Ilabaca (PS), Juan Irarrázaval (Republicanos), Pamela Jiles (PDG), José Kast Adriasola (Republicanos), José Montalva (IND-PPD), Francisco Orrego (RN) y Luis Sánchez (Republicanos).
De acuerdo con los patrocinantes, el proyecto partiría con una base de siete votos favorables en la instancia.
Desde la UDI, la diputada Constanza Hube manifestó su respaldo a la propuesta. En conversación con Emol señaló que "estoy de acuerdo con esa medida. Espero que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, también lo esté, porque lo ha sostenido públicamente. Yo, por lo menos, como diputada, pero también como constitucionalista, estoy de acuerdo con esas modificaciones".
Además, planteó la posibilidad de incorporar cambios adicionales. "Estamos evaluando que, cuando una acusación se haga contra una exautoridad, eventualmente también se pueda ampliar el plazo actual de tres a seis meses para presentar la acusación, porque la responsabilidad muchas veces se hace valer especialmente cuando hay cambio de gobierno y la información se conoce una vez que la nueva administración asume", explicó.
PC abre la puerta y el PDG aparece como incógnita
Desde el Partido Comunista, el senador Daniel Núñez valoró la discusión que abre la iniciativa y se mostró disponible a analizarla.
"Es un tema que hay que estudiar. Yo estoy disponible a analizarlo. Nos parece un tema muy interesante de discutir. Me parece importante analizarlo siempre y cuando mantengamos el concepto de que en democracia tiene que haber control de poderes", sostuvo en EmolTV.
El parlamentario añadió que "es importante que no haya ningún poder sin control, porque eso es parte del ejercicio de los principios democráticos, pero tampoco que esta herramienta sea mal utilizada ni termine distorsionada".
Sus declaraciones fueron interpretadas como una señal de apertura del PC hacia el debate de la reforma, lo cual sumaría 8 votos y el pase para que el proyecto pase con informe positivo a la Sala.
Otro factor aún incierto es la posición del Partido de la Gente. La diputada Pamela Jiles es la única integrante de esa bancada en la Comisión de Constitución y, según fuentes consultadas por Emol, podría inclinarse por respaldar la iniciativa siempre que el presidente de la instancia ponga en tabla y avance la discusión de su proyecto que permite el retiro previsional para migrantes.
Libertarios piden fortalecer las sanciones
En el Partido Nacional Libertario, en tanto, aún no existe una definición sobre el proyecto, aunque ya plantearon las condiciones que, a su juicio, deberían ser consideradas en el debate.
El diputado y vicepresidente de la colectividad, Hans Marowski, sostuvo que "me parece muy curioso que esta discusión surja justo cuando existe una acusación constitucional contra un ministro y otra contra un exministro. Esta es una de las principales herramientas que tiene el Congreso para fiscalizar y debemos ser súper cuidadosos en que no se debilite".
A su juicio, "si vamos a discutir reformas, el debate debería apuntar a fortalecer la responsabilidad de las autoridades y no a restringirla".
En ese sentido, propuso ampliar los plazos para perseguir responsabilidades políticas. "Personalmente me parece más razonable ampliar el plazo actual para presentar acusaciones constitucionales contra exautoridades, pasando de tres a seis meses. Y también evaluar que la inhabilidad para ejercer cargos públicos, en caso de una condena, pueda extenderse a diez años o incluso ser permanente en los casos de mayor gravedad".
"Aquí lo importante es que quienes ejercen el poder sepan responder efectivamente por sus actos y no que el sistema haga cada vez más difícil exigir esas responsabilidades", concluyó.
