La votación de este martes en el Senado del último artículo pendiente del proyecto de Reconstrucción Nacional no marcará necesariamente el final de su tramitación. Y es que la presentación de vetos presidenciales y el control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional (TC) podrían extender el proceso, al menos, hasta septiembre.
La Cámara Alta deberá pronunciarse sobre el mecanismo de compensación a los municipios por la rebaja de las contribuciones, único punto que permanece pendiente luego de que el propio Gobierno decidiera postergar su votación hace dos semanas al no contar con los respaldos suficientes.
En La Moneda, sin embargo, el escenario hoy es distinto. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó este lunes que el Ejecutivo espera reunir los votos necesarios.
"Pensamos que va a haber una mayoría que apruebe. Hay que recordar que esa norma lo único que hace es restituir íntegramente a los municipios cualquier efecto que tenga la rebaja de contribuciones en sus ingresos. Por lo tanto, me sorprendería que no se apruebe", sostuvo.
Los vetos que vienen después
Si el Senado aprueba el artículo pendiente, el proyecto quedará completamente despachado desde el Congreso. Sin embargo, ello no significará el término inmediato de su tramitación.
El Ejecutivo ya definió que presentará vetos presidenciales para modificar tres normas incorporadas durante la discusión parlamentaria: la eliminación del anatocismo, el denominado derecho al olvido financiero y los cambios al régimen de pago a 30 días para las pymes.
El propio Quiroz confirmó que el veto sobre el anatocismo será presentado "en cualquier evento", argumentando que la norma cuenta con informes desfavorables del Banco Central y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), mientras que el resto de las observaciones se encontraban en evaluación.
Horas más tarde, el biministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, confirmó que el Gobierno espera ingresar las observaciones este miércoles.
"Respecto a los vetos, el ministro de Hacienda ha estado trabajando en coordinación con la Segpres y esperamos el día miércoles ingresar el veto que dice relación con el anatocismo (...) y es altamente probable que evaluemos y resolvamos colocar un tercer veto que dice relación con el pago a 30 días", señaló.
La decisión también fue comunicada a los partidos oficialistas durante el comité político ampliado. Tras la reunión, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, explicó que el Ejecutivo justificó el veto sobre el pago a 30 días indicando que respondió a una solicitud de las propias pequeñas y medianas empresas, las que advirtieron que la norma aprobada podría terminar perjudicándolas.
Un trámite que se extenderá
La presentación de los vetos implica que el proyecto deberá volver al Congreso para una nueva revisión.
Las observaciones presidenciales primero deberán ser analizadas por las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado y, posteriormente, ser votadas por ambas salas antes de que la iniciativa quede en condiciones de continuar su tramitación.
La diputada Ximena Ossandón (RN), vicepresidenta de la Cámara, explicó que ese procedimiento hace difícil que el proceso concluya durante esta semana.
"Los vetos se votan después de que termine el trámite de la comisión mixta. Solo después de eso se presentan los vetos, y estos deben pasar por la comisión de Hacienda y luego a la Sala de la Cámara de Diputados. Recién ahí hacen el mismo trámite en el Senado. Por todo esto, se ve poco probable que se vote esta semana", señaló en conversación con El Mercurio.
En el oficialismo también reconocen que resulta complejo que todo ese itinerario pueda completarse en pocos días y admiten que los tiempos dependerán tanto de la programación legislativa como de la estrategia que adopte la oposición durante la discusión.
El paso obligatorio por el Tribunal Constitucional
Aun cuando el Congreso despache los vetos, la tramitación no necesariamente concluirá ahí.
La expresidenta del Tribunal Constitucional y actual directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Marisol Peña, recordó que el proyecto contiene normas de carácter orgánico constitucional, por lo que deberá someterse nuevamente al control preventivo obligatorio del TC antes de ser promulgado.
"Este proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional. Por lo tanto, va a tener que, en algunos aspectos, pasar por el Tribunal Constitucional de nuevo para el control preventivo obligatorio", explicó en Radio13c.
A su juicio, ese trámite hace difícil que la iniciativa pueda transformarse en ley durante agosto.
"Yo dificulto, lamentablemente para el Gobierno, que parece que está muy apurado, que antes de septiembre podamos tener el proceso de promulgación de la ley absolutamente completado", afirmó.
En paralelo, el Tribunal Constitucional también deberá resolver los requerimientos que la oposición presentó contra normas vinculadas a la invariabilidad tributaria y al régimen de las resoluciones de calificación ambiental (RCA), procesos que correrán de forma paralela a la tramitación de los vetos presidenciales.
