El mecanismo de compensación a los municipios es el último punto del proyecto de Reconstrucción que este martes votará el Senado. Si bien el Gobierno asegura que las 345 comunas recibirán el 100% de los recursos que dejarán de percibir por la exención del pago de contribuciones a los adultos mayores, el debate se ha centrado en la forma en que esos dineros serán distribuidos.
Mientras el Ejecutivo sostiene que el nuevo sistema garantiza íntegramente los ingresos municipales, un grupo de alcaldes cuestiona que la compensación no se canalice completamente a través del Fondo Común Municipal (FCM), mecanismo que hoy constituye la principal herramienta de redistribución de recursos entre las comunas del país.
Cómo funciona actualmente el Fondo Común Municipal
Actualmente, el Fondo Común Municipal constituye la principal fuente de financiamiento para las municipalidades chilenas y es definido por la Constitución, en su artículo 122, como un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las comunas.
El fondo es administrado por la Tesorería General de la República (TGR), que distribuye los recursos siguiendo las directrices de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Desde 2024 también incorpora la distribución de los recursos provenientes del Royalty Minero, a través del Fondo de Equidad Territorial y el Fondo de Comunas Mineras.
Su principal fuente de financiamiento corresponde al Impuesto Territorial -las contribuciones de bienes raíces-, seguido por los permisos de circulación, las patentes comerciales, multas de tránsito, transferencias de vehículos y un aporte fiscal que se incorpora anualmente en la Ley de Presupuestos.
La nueva fórmula del Gobierno
A diferencia del sistema vigente, el Ejecutivo propone un mecanismo específico para compensar los recursos que dejararán de percibir los municipios producto de la exención de contribuciones.
La fórmula establece que el Servicio de Impuestos Internos (SII) calculará cada año el monto que corresponde compensar a cada municipalidad. Esa información será remitida a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y a la Tesorería General de la República, organismo que efectuará la transferencia de los recursos.
Junto con ello, el proyecto incorpora nuevos requisitos para acceder a la compensación.
Las municipalidades deberán acreditar una reducción de, al menos, un 30% en los tiempos de tramitación de permisos, respecto del promedio registrado entre 2023 y 2025.
Asimismo, deberán mantener al día el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia, incluyendo la entrega de información sobre recursos humanos a la Dirección de Presupuestos.
Desde el Ejecutivo sostienen que estos criterios buscan incentivar una gestión municipal más eficiente y fortalecer los estándares de transparencia.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido la propuesta señalando que "todos y cada uno de los municipios, conforme al articulado que está propuesto, van a recibir íntegramente lo que recibían antes de la reforma".
"No solo se va a entregar lo que recibían, sino que además el artículo dice que se va a entregar a futuro lo que recibirían. Así que en esto no hay ninguna duda. Hay una compensación total absoluta", agregó.
El debate entre los alcaldes
La propuesta ha generado una profunda división en el mundo municipal.
Por una parte, 104 alcaldes progresistas cuestionaron la fórmula del Ejecutivo, argumentando que incorpora la discusión del financiamiento municipal dentro de la megarreforma tributaria y que el mecanismo propuesto "en lugar de cerrar brechas, las profundiza".
En una carta, los jefes comunales sostuvieron que las contribuciones financian más de la mitad del Fondo Común Municipal y advirtieron que la propuesta "no canaliza la totalidad de los recursos a través del FCM, sino mediante una fórmula que concentra el beneficio en las comunas que ya disponen de mayores ingresos propios".
Asimismo, afirmaron que el mecanismo "tiene un alto componente de regresividad y atenta contra el principio de justicia territorial", por lo que solicitaron que los US$200 millones comprometidos por el Gobierno sean destinados íntegramente al Fondo Común Municipal.
También hicieron un llamado al Presidente José Antonio Kast a presentar un veto para reabrir la discusión y construir una fórmula distinta junto al mundo municipal.
En la posición contraria, más de 160 alcaldes respaldaron la propuesta del Ejecutivo y llamaron al Senado a aprobar el mecanismo de compensación.
Los jefes comunales valoraron que el Gobierno garantice el 100% de reposición de los recursos para las 345 comunas y señalaron que ello cumple "el principal objetivo trazado por el municipalismo: que ningún municipio se viera afectado por sus ingresos".
Además, plantearon que, una vez resuelta esta discusión, el país debe avanzar hacia una nueva Ley de Rentas Municipales III, junto con impulsar medidas de modernización, reducción de la burocracia y mayores estándares de transparencia y probidad en la gestión municipal.
