"Hemos pasado la barrera de los 65.000 presos, hoy día nuestro país cuenta en nuestras cárceles con más de 65.000 personas privadas de libertad, cifra que aumenta semana a semana". Así, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, abrió un nuevo debate ayer tras confirmar el estado actual del sistema penitenciario en Chile.
Según mencionó el fin de semana pasado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, en conversación con Estado Nacional de TVN, "hoy tenemos una sobrepoblación carcelaria de 150%", y recalcó que el martes pasado presentaron a las empresas concesionarias de obras públicas todo el plan infraestructura carcelaria.
Rabat afirmó que "es un plan de infraestructura carcelaria que incorpora el plan que tenía el gobierno del ex Presidente Boric, al cual se le incorporan 11 plazas adicionales por la vía de proyectos, y tenemos 9 mil plazas por la vía de iniciativas".
El ministro añadió que "atendidas situaciones de peligrosidad, el Presidente nos pidió buscar un lugar donde pudiéramos incorporar módulos o ampliaciones de cárceles, para recoger presos de alta y máxima seguridad. Son cosas que hemos estudiado y le voy a plantear al Presidente mañana en el comité de seguridad".
Asimismo, para este mes está proyectada la puesta en marcha del penal del Maule, la cual tendrá capacidad para 2.500 reclusos y contará con módulos para reos calificados como de "alta peligrosidad". Rabat afirmó que "ahí vamos a tener un lugar con la máxima tecnología tanto en inhibidores, en cámaras de televisión y en resguardo alrededor de gran peligrosidad. Eso debiera ocurrir durante el mes de agosto".
Cabe mencionar que según la proyección que tiene el Ministerio de Justicia, para el año 2036 los internos llegarían a 76 mil.
Pese a que desde el Ejecutivo buscan aumentar los cupos disponibles en cárceles, expertos en la materia apuntan a que dicha medida sería "insuficiente" para enfrentar la situación carcelaria actual y futura.
El debate
En conversación con El Mercurio, varios expertos en materia penal entregaron sus propuestas para enfrentar una eventual crisis carcelaria en los próximos años.
Por ejemplo, el exministro de Justicia, Hernán Larraín, mencionó que "se podría explorar la creación de cárceles de reinserción, como los Centros de Educación y Trabajo, para primerizos y reos de baja peligrosidad, que requieren construcciones más ligeras y con medidas de seguridad de alta tecnología, de rápida edificación".
En tanto, la directora del Centro Justicia y Sociedad de la Universidad Católica (UC), Francisca Werth, afirmó sobre el plan de infraestructura "cualquiera que sea, no va a alcanzar nunca para el nivel de hacinamiento que tenemos en Chile. El hacinamiento no puede esperar los plazos de la infraestructura. Aunque es indispensable avanzar en ello, hoy cabe mirar posibles acciones de gestión para liberar cupos".
En esa línea, la experta propuso impulsar "mecanismos de egresos anticipados para condenados en tramo final de su pena, especialmente personas mayores, con enfermedades graves o con perfil de bajo riesgo así como fortalecer beneficios intrapenitenciarios, de manera de anticipar casos en que exista una vinculación laboral o familiar, para que las personas vayan volviendo paulatinamente al medio libre".
El exdirector de Gendarmería, Christian Alveal, afirmó que "la medida prioritaria es contar con una cárcel de máxima seguridad, separada de los recintos penales comunes. Esta debe impedir no solo las fugas, sino también las comunicaciones que permiten a los líderes criminales continuar dirigiendo operaciones desde la cárcel y cumpla además un rol disuasivo".
A su juicio, otra medida clave es comenzar a gestionar "el egreso de las personas privadas de libertad seis meses antes del término de su condena. Para ello se requiere una política pública que fortalezca la colaboración público-privada y coordine con los municipios de residencia programas de reinserción para quienes presenten un bajo riesgo de reincidencia, además de planes de contingencia para quienes registren un riesgo medio o alto".
Uso de tobilleras e indultos
En ese sentido, afirman que una medida puede ser el uso de tobilleras electrónicas. Werth afirmó que "sí podría ser una solución pero es urgente explorarlo con seriedad técnica (...) su uso ha sido tímido y con criterios restrictivos. Expandir el uso de tobilleras electrónicas para condenados por delitos no violentos, de bajo compromiso delictual, con redes de apoyo y trabajo, es una medida de impacto inmediato, costo significativamente menor al encierro, y evidencia internacional respaldada".
Mientras, Martínez añadió que este tipo de elementos facilitan "los procesos de reinserción que también de acuerdo a la evidencia son más efectivos cuando las penas se cumplen en libertad".
También, el exministro Larraín recuerda que "el indulto general que impulsamos para la pandemia es también una alternativa, si es que se circunscriben los casos y formas: la evaluación dio un número muy reducido de reincidencia o falta de cumplimiento. También se puede explorar".
Asimismo, sostuvo que "el aumento de penalidad no ha traído consigo una reducción de la delincuencia, porque está probado que ese no es el camino para lograr mayor seguridad pública. Lo único que ha logrado ha sido aumentar la población penal".
En tanto, Werth mencionó que se trata de una "contradicción de fondo (...) Las tendencias legislativas recientes —aumento de penas, restricción de libertad condicional, mayores exigencias para beneficios intrapenitenciarios— operan como válvulas de entrada al sistema sin considerar que el sistema ya no tiene capacidad de hacerse cargo de estos niveles de ingreso".
