El Gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento para impugnar el artículo 31 del proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, actualmente en tramitación en el Congreso.
La presentación, firmada por el Presidente José Antonio Kast y los ministros Jorge Quiroz (Hacienda), José García Ruminot (Segpres), Louis de Grange (Obras Públicas) y Ximena Rincón (Energía), solicita declarar inconstitucional la disposición que incorpora un nuevo artículo 2° bis a la Ley N° 16.282, sobre disposiciones permanentes para casos de sismos y catástrofes.
El punto central de la ofensiva del Ejecutivo no está puesto en el contenido de la medida de reconexión, sino en la forma en que fue incorporada durante la tramitación legislativa.
Según argumenta el requerimiento, el artículo 31 fue introducido mediante una indicación parlamentaria y no formaba parte del mensaje original del proyecto. Por ello, La Moneda sostiene que la norma no tendría una relación directa con las ideas matrices de la iniciativa, lo que a su juicio vulneraría el artículo 69 de la Constitución.
El proyecto original del Gobierno estaba enfocado en el financiamiento y aceleración de la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de enero de 2026 en Ñuble, Biobío y Valparaíso, además de medidas destinadas a la reactivación económica, mediante instrumentos tributarios, de fomento a la inversión y de financiamiento fiscal.
En cambio, el Ejecutivo recalca que el mensaje con el que ingresó la iniciativa no contemplaba ninguna disposición sobre la reconexión de servicios de electricidad, gas o agua potable, ni modificaciones a la Ley N° 16.282.
¿Qué establece el artículo cuestionado?
La norma obliga a las empresas concesionarias de distribución eléctrica, servicios sanitarios y distribución de gas a reconectar, "de forma gratuita y sin condición previa de pago", a usuarios residenciales y a micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas declaradas en estado de catástrofe.
El beneficio contempla incluso a personas o empresas que hayan sido desconectadas antes de que se decretara el estado de catástrofe, siempre que la desconexión haya estado vinculada al no pago de obligaciones.
Además, establece plazos obligatorios para efectuar la reconexión: 48 horas para electricidad y gas, y 24 horas para agua potable y alcantarillado.
La disposición también prohíbe cobrar por conceptos como reconexión, reposición, visita técnica o revisión de instalaciones. En caso de incumplimiento de los plazos, contempla una compensación equivalente a tres días de suministro gratuito por cada día de retraso, que se descontaría automáticamente de la facturación siguiente.
La objeción del Gobierno
En el requerimiento, el Ejecutivo sostiene que el artículo tiene características que demostrarían que se trata de una regulación distinta al objeto original del proyecto.
Entre ellas menciona su carácter permanente, ya que modificaría de manera indefinida una ley general; su alcance general, porque se aplicaría a futuras catástrofes en cualquier zona del país; su carácter retroactivo, al considerar desconexiones y deudas anteriores a la declaración de catástrofe; y su naturaleza de derecho común, al establecer nuevas obligaciones civiles entre concesionarias y usuarios.
Así, la tesis del Gobierno es que no bastaría con que una norma pueda relacionarse genéricamente con la idea de reconstrucción para ser incorporada al proyecto. A juicio de La Moneda, debe existir una relación directa con las ideas matrices fijadas originalmente en el mensaje.
Una norma que fue objeto de disputa durante la tramitación
El requerimiento también hace un repaso de cómo llegó la disposición al proyecto.
El artículo fue originado en una indicación presentada por la diputada Ana María Gazmuri junto a otros parlamentarios. La propuesta fue rechazada en la Comisión de Hacienda de la Cámara, en una votación conjunta de indicaciones, por cuatro votos a favor y nueve en contra. Posteriormente fue renovada en Sala y aprobada el 20 de mayo por 80 votos a favor, 69 en contra y cuatro abstenciones.
Durante esa discusión, además, la diputada Constanza Hube (UDI) formuló una reserva de constitucionalidad precisamente invocando el artículo 69 de la Constitución y cuestionando que la indicación estuviera dentro de las ideas matrices del proyecto.
La controversia continuó en el Senado. Allí, la Comisión de Hacienda aprobó una indicación del Ejecutivo que buscaba eliminar la norma, por tres votos a favor y dos abstenciones. Sin embargo, cuando la supresión llegó a la Sala, fue rechazada por 25 votos contra 24, por lo que el artículo quedó nuevamente incorporado al texto.
Fue en esa instancia cuando el ministro de Hacienda, en representación del Ejecutivo, formuló una reserva de constitucionalidad respecto del artículo, también sobre la base del artículo 69 de la Carta Fundamental.
Con el requerimiento ingresado, será ahora el Tribunal Constitucional el que deberá pronunciarse sobre el cuestionamiento formulado por el Ejecutivo y determinar si la disposición efectivamente excedió los límites constitucionales del proceso de formación de la ley.
Ministro Quiroz
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que en "el caso de esta iniciativa, estamos siendo apegados a la institucionalidad. Esto está fuera de la idea matriz. Cuando se presentó, yo mismo hice una reserva de constitucionalidad al respecto".
El ministro enfatizó que el Ejecutivo no está cerrado a legislar sobre la materia, pero planteó que debería hacerse mediante una norma específica. "No estamos cerrados, en ningún caso, a que se haga algún tipo de norma especial para el tema de catástrofe con estos servicios, pero que se redacte bien y, a lo mejor, sea algo como artículo único", aseveró.
En esa línea, agregó que "pensamos que es una idea que tal vez incluso se podía perfeccionar, pero es mejor hacerla bien de un comienzo y, por lo tanto, recurrimos al TC, porque se está exigiendo un principio de institucionalidad al cual nos queremos apegar".
Consultado sobre por qué el Gobierno no optó por un veto aditivo o sustitutivo, Quiroz explicó que "nos interesa ir rápido con el proyecto de ley. El veto aditivo tiene un tiempo de habilitación distinto, y pensamos que esta es la forma de hacerlo".
