El martes el biministro del Interior y Segegob,
Claudio Alvarado, reconoció que desconocía que el Gobierno había ingresado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el artículo 31 del proyecto de ley de Reconstrucción.
En específico, la norma obliga a las empresas concesionarias de distribución eléctrica, servicios sanitarios y distribución de gas a reconectar, "de forma gratuita y sin condición previa de pago", a usuarios residenciales y a micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas declaradas en estado de catástrofe.
"Todas nuestras acciones son públicas y notorias, por lo tanto, existen acciones y decisiones que se adoptan en distintos momentos y circunstancias", dijo en primer lugar el secretario de Estado.
Luego, tras ser consultado respecto a por qué no se dio cuenta de aquello antes, como por ejemplo, en la vocería del día lunes, y respondió: "Es una información con la cual yo no contaba en su momento".
"Esa es una información que yo no la tenía, así que por lo tanto, no me voy a referir a las cosas que no dispongo la información", complementó.
Alvarado remarcó que Reconstrucción "es un proyecto que siempre ha tenido la conducción técnica, legislativa, de Hacienda, y obviamente, si han considerado tomar esas decisiones o esas acciones, son todas legítimas".
"Son múltiples las decisiones que hay que tomar, y si las decisiones son correctas y así lo estima un ministro, esa decisión se acata y se respalda. Así de simple", concluyó.
