Vanessa Kaiser y Johannes Kaiser.
En la vereda del oficialismo y sectores aliados al gobierno siguen expresándose cuestionamientos a la reforma constitucional de seguridad.
Particularmente, desde el Partido Nacional Libertario han tomado distancia a la idea de visar la iniciativa del gobierno, poniendo bajo cuestión la eficacia de la vía constitucional para afrontar los desafíos en seguridad, así como la idea de un nuevo estado de excepción constitucional.
En 13C Radio, la senadora Vanessa Kaiser comentó que "a mí, en general, no me parece apoyable. A menos que se hagan reformas importantes, no me parece que resuelva los problemas de los chilenos".
"Sé que estamos necesitados (de seguridad), que lo que nos ofrezcan lo vamos a tomar. Pero lo que se está proponiendo no va a cambiar absolutamente nada", advirtió.
E insistió en que "yo no estoy disponible para apoyar el proyecto. Muchas cosas debieran ser materia de ley y no de reforma constitucional".
La negativa de la legisladora a la reforma del gobierno se suma a la postura del presidente de la colectividad, Johannes Kaiser.
Ayer en X, el excandidato presidencial expuso que "los Nacional-Libertarios somos muy críticos y cautelosos frente a cualquier decisión política que signifique una amenaza para los derechos constitucionales de los ciudadanos. Un estado de excepción constitucional hace eso. Limita los derechos, no de los criminales, de todos los ciudadanos".
"Se acepta esta limitación para recuperar el control territorial del estado en una región determinada o para poder acudir en auxilio de la gente en casos de catástrofe, obviando la burocracia y dentro de un plazo acotado. Pero no es, ni debe ser nunca una política de un gobierno, el gobernar a Chile en un estado permanente de excepción constitucional como sucede hoy, por ejemplo, en la macrozona sur", reparó.
Advirtió que "la reforma constitucional incluye la creación de un nuevo estado de excepción que se prolongaría por hasta 8 meses sin necesidad de consentimiento del Congreso, con restricciones extremadamente invasivas a derechos protegidos por la Constitución".
Por tanto, anticipó que "en la tramitación de la reforma habrá que ponerle cotos a esto o rechazarlo si no es posible modificarlo y dejarlo aceptable".
