La reforma constitucional de seguridad impulsada por el Presidente José Antonio Kast ya inició su recorrido en el Senado. Este martes, la Sala dio cuenta oficialmente del ingreso del proyecto y, tras una discusión reglamentaria, definió el itinerario que seguirá la iniciativa durante su tramitación.
La propuesta será analizada en primer término por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, instancia que deberá pronunciarse sobre la idea de legislar antes de que el texto pase a la Sala del Senado para su votación en general. Posteriormente, si supera esa etapa, volverá a la misma comisión para su discusión en particular.
Además, por acuerdo de la Sala, la Comisión de Seguridad Pública también revisará el articulado en particular. A ello se suma que la disposición al nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública serán estudiadas por la Comisión de Defensa, luego de una propuesta formulada por el senador Francisco Huenchumilla (DC). En caso de que el proyecto termine en una comisión mixta, ésta quedará integrada por los miembros de la Comisión de Constitución.
Con ello, quedaron delineados también los principales actores que tendrán en sus manos el futuro de una de las iniciativas más emblemáticas de la agenda legislativa del Ejecutivo. La Comisión de Constitución es presidida por el senador Pedro Araya (PPD) y está integrada además por Andrés Longton (RN), Claudia Pascual (PC), Arturo Squella (Republicanos) y Paulina Vodanovic (PS).
Por su parte, la Comisión de Seguridad es encabezada por Karim Bianchi (IND) y la conforman Pedro Araya (PPD), Juan Luis Castro (PS), Andrés Longton (RN) y Cristián Vial (IND-Republicanos). En tanto, la Comisión de Defensa es presidida por Francisco Huenchumilla (DC) e integrada por Pedro Araya (PPD), Camila Flores (RN), Gastón Saavedra (PS) y Cristián Vial (IND-Republicanos).
Comisiones presididas por la oposición
El diseño no es menor para La Moneda. Ninguna de las tres comisiones es presidida por parlamentarios oficialistas y, además, en todas ellas la oposición e independientes cuentan con mayoría. Se trata de la primera prueba política para el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien deberá construir acuerdos con senadores de distintos sectores para intentar sacar adelante una reforma que ya enfrenta cuestionamientos transversales.
Uno de los nombres clave será precisamente el de Pedro Araya. El senador PPD no solo preside la Comisión de Constitución, donde comenzará la discusión, sino que además integra las comisiones de Seguridad y Defensa, convirtiéndose en uno de los parlamentarios con mayor influencia sobre el destino de la iniciativa.
La relación entre Araya y Arrau, sin embargo, arrastra antecedentes complejos. En 2021 y según consignó El Mercurio, cuando el actual ministro era convencional constituyente, impulsó una denuncia sobre supuestas cuentas bancarias con millonarios movimientos en paraísos fiscales que involucraban a diversas figuras políticas de izquierda. Entre los mencionados aparecían el propio Araya y su pareja, la exministra Javiera Blanco, además de otras autoridades y exautoridades. La investigación terminó siendo cerrada sin responsables en agosto del año pasado.
Según relató posteriormente el senador a El Mercurio, nunca recibió disculpas de Arrau por ese episodio y tampoco ha conversado con él sobre la materia. Aunque ha asegurado que aquello no influirá en su análisis legislativo, también ha advertido que la reforma constitucional es un punto que considera difícilmente negociable en su estado actual.
De hecho, ha transmitido al ministro del Interior, Claudio Alvarado, que está disponible para respaldar algunas iniciativas de seguridad, pero no el proyecto constitucional tal como fue presentado.
Por otro lado, las críticas de Araya al contenido de la propuesta han sido particularmente duras, incluso asegurando que el proyecto fue escrito con ayuda de inteligencia artificial.
El senador afirmó que "yo creo que hay algún asesor del Presidente que está asesorándolo muy mal, que probablemente con un chatbot de inteligencia artificial, que debe haber sido seguramente el más gratuito, tomó distintas legislaciones, como por ejemplo la ley patriótica de Estados Unidos, legislación italiana y legislación de El Salvador, hizo un copy paste y sacó un texto de proyecto de reforma constitucional que no tiene ningún sentido". A su juicio, la iniciativa "no garantiza efectivamente la seguridad pública" y refleja "la desprolijidad del Gobierno".
Otro actor relevante será Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad. Aunque ha compartido el diagnóstico respecto al avance del crimen organizado, ha cuestionado la necesidad de modificar la Constitución para enfrentar el fenómeno. "Todos compartimos el diagnóstico. El crimen organizado es una amenaza real y el Estado requiere ser mucho más eficaz para poder enfrentarlo", señaló.
No obstante, agregó que "no creo que cada problema que tengamos en materia de seguridad ni cada problema que tengamos en nuestro país lo vamos a resolver modificando la Constitución".
Asimismo, manifestó reparos respecto del nuevo estado de excepción de seguridad pública contemplado en la reforma. "Cuando estamos hablando de un estado de excepción que puede restringir derechos y entregar facultades extraordinarias, tenemos que ser especialmente responsables. Estas normas no se hacen pensando solamente en el gobierno de hoy, sino en cualquier gobierno que tengamos a futuro", advirtió.
