Este miércoles, la Cámara de Diputados despachó a ley la reforma al sistema político, luego de aprobar el último artículo de la iniciativa. El proyecto fue respaldado por 125 votos a favor, mientras que registró dos abstenciones y 12 votos en contra, en su mayoría provenientes de la bancada del Partido Comunista.
La iniciativa, presentada originalmente por el entonces ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), durante el gobierno de Gabriel Boric, busca abordar la fragmentación partidaria, fortalecer la disciplina de las colectividades y establecer mayores requisitos para la creación de partidos políticos.
Uno de los cambios que finalmente no quedó incorporado en esta iniciativa es el umbral de 5% de votación para la conformación de partidos, que fue incluido originalmente en la discusión y que quedó radicado en otro proyecto.
La medida era considerada uno de los mecanismos para limitar la proliferación de nuevas colectividades.
Mayores requisitos para formar partidos
Uno de los principales cambios de la nueva ley apunta a las condiciones necesarias para constituir un partido político. Actualmente, una colectividad puede constituirse en al menos ocho regiones o en tres regiones contiguas. La reforma elimina esta última alternativa, restringiendo la posibilidad de conformar partidos con presencia exclusivamente en determinadas zonas del país.
A esto se suma un aumento en el número de afiliados requerido. El mínimo de militantes para constituir un partido en una región pasa desde el 0,25% del electorado que votó en la última elección parlamentaria al 0,3% del padrón electoral definitivo de cada zona.
Las colectividades tendrán además un plazo de 18 meses para completar el número de afiliados requerido. Según un informe del Instituto Libertad, elaborado con datos de militantes hasta el 31 de julio, cinco partidos alcanzarían actualmente el mínimo exigido: Frente Amplio, PNL, PS, PDG y RN.
Límites a las candidaturas independientes
La nueva normativa también modifica las reglas para las candidaturas independientes. Los partidos no podrán presentar más de un 50% de candidatos independientes al Congreso. En caso de incumplimiento, la sanción será el rechazo de todas las candidaturas presentadas.
Asimismo, para que un candidato independiente fuera de pacto pueda inscribir una candidatura parlamentaria, a alcalde, concejal, gobernador o consejero regional, deberá reunir firmas equivalentes a al menos el 0,5% del padrón electoral.
La reforma cambia así la base sobre la cual se calcula este requisito, ya que actualmente se considera el 0,5% de quienes sufragaron en la última elección. La disposición no contempla a los candidatos independientes a la Presidencia de la República.
Nuevas reglas para la disciplina parlamentaria
Otro de los ejes de la reforma apunta directamente al funcionamiento de las bancadas. Los parlamentarios que incumplan acuerdos adoptados por sus comités, ya sea votando o actuando en contra de lo concordado, podrán enfrentar procesos internos dentro de sus partidos.
Estos procedimientos incluso podrían derivar en la expulsión del parlamentario. Además, cada comité podrá establecer sus propios estatutos y contemplar sanciones para quienes incumplan los acuerdos adoptados.
La reforma también establece qué ocurre con los recursos asociados a un parlamentario que abandona su colectividad. Si un legislador renuncia a su partido, la colectividad mantendrá el 100% del aporte estatal asociado a él, mientras que el partido al que se incorpore no recibirá un financiamiento adicional por su llegada.
La misma lógica se aplicará a las asignaciones correspondientes a las bancadas parlamentarias: si un partido pierde a uno de sus integrantes, mantendrá las asignaciones que correspondían a ese parlamentario.
Condena a sistemas totalitarios y a la violencia
La nueva ley también introduce modificaciones en las declaraciones de principios de los partidos. Las colectividades tendrán un plazo de seis meses desde la publicación de la normativa para incorporar una condena al establecimiento de un sistema totalitario.
La obligación incluye además una condena al uso de la violencia, a su promoción o incitación como método de acción política, junto con un compromiso con la probidad y transparencia de la actividad política.
La disposición relativa a la condena al establecimiento de sistemas totalitarios fue rechazada por el Partido Comunista durante la tramitación.
Respecto a la votación, el diputado Diego Schalper (RN) destacó que "esta reforma evita la fragmentación partidista y evita el discolaje, que son un verdadero cáncer para la capacidad que tiene el sistema político de alcanzar acuerdos y dar soluciones que vayan en el mejor interés de los chilenos. Con esta reforma se fortalece la representación política y se evita que la integridad del sistema político quede a la voluntad de caudillismos esporádicos que tanto daño le hacen a la democracia".
Con respecto al rechazo del PC, el diputado José Antonio Kast Adriasola (Republicanos) señaló que "con esta indicación respecto de la condena de la violencia como acción política, la verdad es que no sorprende la actitud ni la votación del Partido Comunista, porque es un partido que se define en sus estatutos como revolucionario, marxista y leninista. Hubiera sido imposible que la rechazara".
"Ellos lo tienen dentro de sus principios y basta con revisar cuáles son las declaraciones de Marx y Lenin respecto de la violencia como factor para la acción política y para llegar a la revolución. Incluso existe una declaración de Federico Engels al respecto. Así que no es una votación que sorprenda. Sí lamentamos, porque da muestra de cuáles son las credenciales democráticas de este partido", agregó.
Mientras que el diputado Hans Marowski (PNL) manifestó que "lo único que votamos fue una norma que condenaba la violencia y el totalitarismo, que es un mínimo democrático, por eso nosotros lo votamos a favor y por eso mismo nos sorprende que el Partido Comunista se haya opuesto".
