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Presidente del Consejo para la Transparencia critica que la regulación digital en Chile "se encuentra en la era de hielo"

Ante la polémica que generó la revelación de que la privacidad de 50 millones de cuentas de Facebook fue comprometida en 2014, el ente nacional lamenta que aún operamos con una norma creada en 1999.

22 de Marzo de 2018 | 12:56 | Redactado por Camila Díaz S., Emol
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La Segunda (Archivo)
SANTIAGO.- La situación que afecta a Facebook tiene detrás un importante problema que no siempre es tomado en cuenta por los usuarios. Se trata de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los datos y los respaldos que entrega la legislación en cada lugar. Hasta ahora, la Unión Europea es uno de los territorios que más se ha insertado en esta situación, sin embargo, al mirar la realidad nacional el panorama cambia drásticamente.

Quien lo cree así es el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, quien lamenta que "Chile aún se encuentra en la era de hielo en términos regulatorios". Esto, debido a que la Ley de Protección de Datos Personales data desde 1999, cuando aún "no se habían generalizado las redes sociales o el uso masivo de internet a escalas de lo que hoy conocemos".

La polémica que revela cómo 50 millones de cuentas de Facebook fueron vulneradas a través de una aplicación que terminó entregándole los datos a Cambridge Analytica en 2014, también tiene un foco en cómo la plataforma de Mark Zuckerberg dejó que esta información saliera de su red social. Algo que, según aseguró en su declaración, ya está resuelto.

En Chile, el "marco normativo permanece aún desactualizado y no contempla sanciones ni un órgano garante que vigile, guíe y fiscalice el correcto uso y resguardo de los antecedentes personales por parte de terceros o empresas que cuentan con bases de datos", continúa Drago.

Si bien en el Congreso actualmente se encuentra en tramitación un proyecto de ley para modificar esta norma desactualizada, a juicio del presidente del CPLT "aún puede ser perfeccionada", ya que el texto actual le entrega una supervgilancia al Presidente, a través del Ministerio de Hacienda, algo que para el organismo "le restaría autonomía".

"Es necesario que las nuevas autoridades prioricen este tema, que además de proteger derechos fundamentales, tiene serias implicancias en nuestro desarrollo tecnológico, económico y comercial", puntualiza.
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