SAN SALVADOR.- La comunidad jesuita en El Salvador presentó hoy una querella contra el ex presidente Alfredo Cristiani y seis altos militares, a quienes acusan de ser los autores intelectuales del asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989.
"Se pide iniciar la investigación y se decrete la instrucción respectiva para que en un juicio se determine la culpabilidad o inocencia de los acusados", declaró a la AP Pedro Cruz, el abogado defensor.
La comunidad jesuita acusa al ex presidente Cristiani (1989-1994) y al ex ministro de Defensa y Seguridad, el general Rafael Humberto Larios, como autores por omisión del delito de asesinato.
Los jesuitas también acusan a los generales René Emilio Ponce, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, Inocente Orlando Montano y Juan Rafael Bustillo, de ser los responsables inmediatos del crimen.
Cruz dijo que la querella fue presentada ante el Juzgado tercero de Paz de esta capital, donde la Fiscalía había pedido el sobreseimiento definitivo de los acusados.
La Fiscalía argumenta que el crimen se enmarca dentro de una ley de amnistía general decretada en 1993, un año después de la firma de los acuerdos de paz, y además lo considera un caso cerrado, porque los autores materiales ya fueron juzgados.
Los jesuitas habían solicitado a la Fiscalía reabrir el caso.
"En cada etapa procesal ha inventado un pretexto distinto para no iniciar la investigación", señaló Cruz. "Al ver que la Fiscalía actuaba como defensor de los imputados, nos vimos en la necesidad de presentar la acusación particular", agregó.
Los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baro, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López y dos empleadas, fueron acribilladas la madrugada del 16 de noviembre de 1989, mientras se realizaba la mayor ofensiva de la ex guerrilla.
Un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a siete de los acusados.
Los dos culpables, el coronel Guillermo Benavídez y el teniente Yusshy Mendoza, resultaron beneficiados dos años después con la ley de amnistía general.
