MADRID.- El Presidente del gobierno español, José María Aznar, advirtió hoy a Londres que su país considerará un "acto muy grave" cualquier alteración del estatus colonial de Gibraltar, un minúsculo territorio de 6,5 kilómetros cuadrados en el extremo sur de la península ibérica que desde 1713 es británico y que España reclama.
Aznar reaccionó con estas palabras al acuerdo adoptado por el gobierno y la oposición gibraltareños de proponer a Londres una reforma de la Constitución de 1969 que otorgue a los 30.000 habitantes el derecho de autodeterminación y haga posible un referéndum sobre la descolonización.
En declaraciones a la cadena radiofónica Cope, el jefe de gobierno español hizo hincapié en que si la colonia británica modifica su actual estatus, ello supondría "la transgresión y la vulneración del Tratado de Utrecht".
Si bien este acuerdo, suscrito en 1713, concedió el territorio a Gran Bretaña, también contiene una cláusula que otorga a España la primera opción para recuperar la soberanía de Gibraltar si Londres renunciara a ella.
"Cualquier alteración del estatus de Gibraltar es una quiebra grave del Tratado de Utrecht y, en consecuencia, España lo consideraría un acto muy grave" y adoptaría las medidas derivadas de dicho acuerdo, recalcó Aznar.
El mandatario español reconoció que, si bien es amigo personal del Primer Ministro británico, Tony Blair, cada vez que hablan de este tema están "radicalmente en desacuerdo". Sin embargo, agregó: "Eso no significa que uno no pueda tener un amigo británico, con el cual no puedo estar nunca de acuerdo en el tema de Gibraltar hasta que sea capaz de reflexionar en el sentido correcto".
El Reino Unido, por su parte, admitió que no descarta permitir a la colonia reformar su Constitución para ejercer el derecho de autodeterminación. "Como cualquier propuesta que venga de nuestros gobiernos territoriales, la vamos a estudiar", dijo un portavoz del ministerio británico de Asuntos Exteriores.
Pese a ello, la misma fuente afirmó que no se admitirá reforma alguna del estatus colonial que no respete las normas legales vigentes y los tratados internacionales, "incluido, por supuesto" el Tratado de Utrecht.
Asimismo, el Foreign Office indicó que el llamado proceso de Bruselas, el marco negociador bilateral entre España y el Reino Unido creado en 1984 en la capital belga, continúa abierto, a pesar de que la última reunión a nivel ministerial se celebró en 1997.
En una declaración apoyada por la oposición, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, urgió a Londres a reanudar esas negociaciones, y advirtió que si Gibraltar opta por un mayor grado de independencia, ello causará "un serio deterioro" de las relaciones hispano-británicas y una "mayor confrontación" con las autoridades gibraltareñas, ya que supondría "un acto hostil de gravedad".
En palabras del jefe de la diplomacia española, la modificación del estatus de la colonia británica que pretende su ministro principal, Peter Caruana, sólo busca "consolidar e incrementar la situación de privilegio y excepcionalidad de la colonia a expensas de España".
En este sentido, acusó a Gibraltar de ser un "paraíso fiscal" con 85.000 sociedades mercantiles opacas.
