SAN DIEGO.- Un presunto lugarteniente del cártel de tráfico de drogas más poderoso de México compareció el lunes en una corte estadounidense, en lo que los fiscales llamaron un importante paso en el mejoramiento de la cooperación en la lucha contra las drogas.
Everardo Arturo Páez Martínez, de 34 años de edad, se declaró inocente de seis cargos relacionados con una presunta asociación ilícita para contrabandear y distribuir toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 1988 y 1996.
Los cargos tienen una posible sentencia de cadena perpetua.
Páez es el primer presunto narcotraficante importante con sólo nacionalidad mexicana que es entregado a Estados Unidos para su procesamiento, luego de una histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia mexicana a principios del año.
Páez, importante miembro de la organización delictiva de los hermanos Arellano Félix, con sede en Tijuana, fue extraditado de México el fin de semana, dijo el fiscal asistente estadounidense Gonzalo Curiel.
"Es una señal muy importante para Estados Unidos que México esté deseando ser un socio de este país contra los narcotraficantes violentos", señaló el fiscal afuera de la corte ubicada en el centro de San Diego, California. Durante la traducción, el abogado defensor Knut Johnson fue designado al caso.
Los fiscales pidieron que Páez sea retenido sin derecho a fianza. Se programó una audiencia para el jueves.
Páez había luchado contra la extradición desde su arresto en Tijuana en noviembre de 1997, presentando apelaciones que citaban un artículo de la Ley de Procedimientos Penales que establece que los mexicanos deben ser sentenciados bajo las leyes mexicanas.
Los abogados defensores argumentaron que el artículo significa que los sospechosos deben ser juzgados, sentenciados y encarcelados en México.
Pero en un fallo unánime del 18 de enero que aplica sólo a extradiciones a Estados Unidos, la Corte Suprema señaló que el gobierno mexicano tiene el "poder discrecional" de enviar a sus ciudadanos al vecino país del norte para enfrentar a la justicia, a condición de que sean sentenciados según los lineamientos mexicanos.
Debido a que en México no se aplica la pena de muerte, el fallo significa aparentemente que ningún sospechoso extraditado podría ser ejecutado en Estados Unidos.
