CARACAS.- El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jorge Valero, aseguró que por el momento el gobierno no tiene pensado llevar el caso del jefe guerrillero Rodrigo Granda ante esa instancia internacional, pues está a la espera de una rectificación de Colombia sobre la materia, informó hoy la prensa local.
Valero dijo al diario El Universal que "este es un tema estrictamente bilateral, que sin embargo tiene repercusiones en el ámbito hemisférico".
"Lo que ocurrió fue el secuestro de un ciudadano colombiano en Venezuela y eso evidentemente fue una operación contraria a los principios que rigen las relaciones internacionales", comentó desde el fronterizo estado Táchira.
El diplomático se sumó al rechazo del gobierno por la respuesta del mandatario colombiano Alvaro Uribe, que se abstuvo de pedir excusas como exige el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
"(El comunicado de Bogotá) intenta justificar una operación que es contraria al derecho constitucional y afecta las relaciones bilaterales que se encuentran en uno de sus peores momentos", añadió Valero al rotativo.
A la vez, el embajador de Colombia en Caracas, Enrique Vargas Ramírez, calificó el impasse diplomático de "extrema gravedad, mucha importancia y trascendencia", reportó el mismo diario. cm-bd
En su primera reacción tras escuchar el anuncio de Chávez de suspender todo acuerdo y negociación comercial en Colombia, Vargas Ramírez señaló que "la situación es bastante difícil y grave, que será analizada con toda la calma que ella amerita", agregó el periódico.
El diplomático negó que haya sido llamado de regreso al país y señaló que estaba a la espera de recibir instrucciones de su gobierno.
Chávez paralizó todo acuerdo y negociación comercial con Colombia y llamó a consultas al embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Santiago Ramírez, hasta que el gobierno de Bogotá no ofrezca disculpas por la captura del llamado canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).
El líder de las FARC fue capturado en Caracas el 15 de diciembre y entregado a la policía colombiana en Cúcuta, tras el pago de una recompensa por las autoridades de Colombia, en una operación que Chávez califica de "secuestro".
