LIMA.- El Congreso de Perú acordó hoy no acusar al Presidente Alejandro Toledo por los supuestos delitos de asociación ilícita para delinquir y contra la fe pública en un caso de adulteración de firmas en que habría incurrido su partido político.
El pleno del parlamento decidió remitir el informe de la Comisión que investigó la falsificación de firmas al ministerio público, a fin de que esta institución investigue y acuse a quienes resulten responsables.
Asimismo, el parlamento por mayoría rechazó acusar al mandatario por "deméritos políticos que lo hacen incapaz de seguir al frente del Gobierno", según el pedido del presidente de la comisión investigadora Edgar Villanueva.
Para que se apruebe una sanción al mandatario, se requieren 80 votos, que son los dos tercios del total de miembros del Congreso unicameral, de 120 legisladores, lo que es difícil de superar, según estiman los analistas políticos.
"El Presidente ha mentido al país, ha mentido a la comisión. No podemos tapar el sol con un dedo", aseguró Villanueva en el debate y solicitó al Parlamento unicameral que como sanción ejemplar declarase vacante la presidencia por "incapacidad moral para gobernar".
El debate se realizó en medio de un ambiente de enfrentamientos verbales entre legisladores de oposición, que señalaban la culpabilidad del mandatario, y del oficialismo, que lo defiende, lo que ha obligado al presidente del Congreso, Antero Flores-Aráoz, a llamar al orden repetidas veces.
Recomendaciones
El informe de la comisión investigadora encontró que Toledo es responsable de delitos de asociación ilícita para delinquir y contra la fe pública, por haber intervenido cuando era candidato presidencial en 1998 en la adulteración de firmas que se atribuye a su partido para obtener su inscripción irregular ante autoridades electorales.
Xavier Barrón, también integrante del grupo de trabajo, planteó que Toledo sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años cuando concluya su gobierno el 28 de julio del próximo año.
Una tercera recomendación es la suspensión temporal en el cargo por un lapso que no fue definido.
Al final del debate el Congreso deberá decidir si sanciona al mandatario con una de las tres recomendaciones o si rechaza el informe.
Los legisladores del oficialismo rechazan el informe, que no fue suscrito por los dos integrantes oficialistas que integraron la comisión, y subrayan que no tiene "ninguna validez", pues alegan irregularidades, como la presunta aprobación del documento sin el quórum reglamentario.
La bancada del gobernante Perú Posible considera que la acusación forma parte de una campaña de la oposición para provocar la caída del gobierno de Toledo, sin descartar que ella pudiera ser parte de una maniobra de la "mafia fujimontesinista", es decir, de sectores vinculados al destituido presidente Alberto Fujimori y a su ex asesor Vladimiro Montesinos.
Precisamente, el oficialista Gerardo Saavedra dijo en el pleno que existiría un video de una reunión de Villanueva con Montesinos.
De inmediato, Villanueva respondió contundente que eso es una "falsedad" y una cortina de humo para tratar de ocultar la realidad de que Toledo encabezó una "organización criminal" destinada a falsificar firmas.
Acusó a Toledo de haber sostenido una "reunión secreta" con un notario prófugo, quien anteriormente fue estrecho colaborador de Montesinos y con antecedentes de falsificar firmas para el partido de Fujimori.
"La conducta delictiva del presidente está clarísima y si hoy en la votación no hay un punto de quiebre sobre el manejo del poder, la ciudadanía tomará constancia de ello y el país seguramente puede caer en un rumbo indefinido con consecuencias fatales", anotó Villanueva en su alegato.
