Ministro de Educación venezolano: Quien desacate la nueva ley “es un delincuente"

Héctor Navarro, titular de la cartera, reaccionó a la negativa de la oposición, gremios y profesores, quienes la califican de "inconstitucional, ideologizante y excluyente".

18 de Agosto de 2009 | 23:37 | EFE

CARACAS.- El ministro venezolano de Educación, Héctor Navarro, advirtió este martes que "es un delincuente" todo aquel que desacate la nueva Ley Orgánica de Educación, promulgada el pasado sábado y rechazada por sectores opositores políticos, gremiales y académicos.

Representantes políticos, de gremios de educadores, de estudiantes, de propietarios de escuelas privadas y asociaciones de padres se han declarado "en desacato" frente a la nueva norma, que califican de "inconstitucional, ideologizante y excluyente".

Navarro insistió en que la oposición utiliza la nueva norma educativa "para desestabilizar el proceso revolucionario", y los conminó a "acudir cuando lo consideren pertinente ante las autoridades competentes” entre las que mencionó el Supremo, a fin de activar los caminos legales contra su aplicación.

"Entendiendo que vivimos en un estado de derecho" dijo Navarro, según publicó este martes la versión digital del diario caraqueño "El Nacional".

Añadió que llamar "al desacato o a no aplicar la ley sería una locura adicional", y "como hay mucho loco dentro de la derecha en Venezuela, uno no sabe lo que pueda ocurrir".

"Yo no les aconsejo que cometan una locura y que no acaten la ley", el que incurra en ese comportamiento “es un delincuente, así de sencillo", declaró el ministro de Educación.

El Presidente venezolano, Hugo Chávez, promulgó este sábado la ley, aprobada la madrugada del viernes por la amplia mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (AN), y la calificó como un instrumento para la creación "de la mujer y del hombre nuevo de la sociedad socialista".

La oposición ha anunciado su pretensión de someter la norma educativa a un referendo, a fin de que sea el pueblo el que decida si se aplica o no, para lo que debe recolectar al menos un 10% de firmas de los inscritos en el Registro Electoral, según señala la Carta Magna vigente.

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