El Senado trasandino debatió largamente el proyecto de reforma judicial.
AFP/Prensa Senado de Argentina
BUENOS AIRES.- El gobierno de Cristina Fernández logró este miércoles sacar adelante en el Senado, en medio de fuertes críticas de la oposición, la ley que modifica la composición del Consejo de la Magistratura y habilita la elección popular de sus miembros.
La disposición es uno de los pilares de la polémica reforma judicial impulsada por el Ejecutivo kirchnerista. Fue analizada por el Senado en segunda revisión, tras modificaciones aplicadas en la Cámara de Diputados.
El proyecto fue aprobado por un estrecho margen: 38 votos a favor -solo uno más de los necesarios para dar luz verde a la iniciativa- y 30 en contra, tras un debate de más de siete horas en el Senado, de mayoría oficialista.
Los votos favorables fueron aportados por el Frente para la Victoria y fuerzas como Nuevo Encuentro y el Movimiento Popular Neuquino. Treinta llegisaldores de la UCR, FAP y el peronismo disidente se decantaron por la negativa.
La normativa amplía de 13 a 19 la composición del organismo judicial e impone la elección mediante el voto popular de parte de los miembros del Consejo de la Magistratura -integrado por jueces, académicos, legisladores y abogados-, que se encarga de definir listas de candidatos al Poder judicial y controla la actividad de los jueces.
El Senado debatirá también este miércoles el acceso a las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado y la publicidad de los actos del Poder Judicial.
Además, se votará el proyecto para el "ingreso democrático" al Poder Judicial, que sería enviado al Parlamento para una segunda revisión, tras haber sido modificado en primera instancia a propuesta del oficialismo.
Duro debate sobre constitucionalidad
La reforma de la Justicia impulsada por Fernández consta de seis iniciativas de las que ya fueron aprobadas otras dos: la limitación de la posibilidad de presentar medidas cautelares contra el Estado y la creación de tres cámaras de casación.
La propuesta gubernamental, duramente cuestionada por jueces, abogados e incluso algunos dirigentes oficialistas, abrió un duro debate sobre la constitucionalidad de la reforma y su oportunidad, a pocos meses de unas elecciones legislativas, previstas para octubre, que serán decisivas para el futuro del Ejecutivo de Fernández.
El Gobierno argentino defiende que los cambios pretenden "democratizar el Poder Judicial", pero la oposición y organismos internacionales, incluida una relatoría de la ONU, advierten que suponen "la politización" de la Justicia y ponen en riesgo su independencia.
Durante el debate, Marcelo Fuentes, senador kirchnerista y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, criticó "el agravio de las fuerzas políticas que decían que la norma es proscriptiva".
"Todos los partidos políticos que puedan presentar candidatos a presidente van a poder presentar candidatos a consejeros. La presente reforma no limita las facultades de la Corte Suprema de Justicia", dijo.
Por el contrario, para Ernesto Sanz, senador radical, "la verdadera intención del proyecto es poder elegir y destituir a los jueces que se les antoje al kirchnerismo. Acusar a un juez es lo que se conoce en la jerga como 'tener a un juez en la parrilla'".
"El gobierno está con pánico electoral. Únicamente el pánico electoral, el temor a la derrota, el tomar conciencia de que la perpetuidad en el poder no existe, puede llevarnos al terreno en el que hoy estamos tratando una reforma electoral tramposa", dijo el también radical Luis Naidenoff.
A juicio de la peronista disidente Liliana Negre de Alonso "estamos iniciando el camino hacia una dictadura. El oficialismo busca avanzar para quedarse con un Poder Judicial conformado por jueces afines".
Sospechas sobre "conjueces" y corrupción
Al mismo tiempo, a oposición denunció que el kirchnerismo aprobó una lista de 21 "conjueces" -suplentes de jueces recusados- para ocupar eventuales vacantes en la Cámara Federal que revisa causas de corrupción en el sur del país, en medio de un escándalo por denuncias por lavado de dinero en Santa Cruz (Patagonia), donde gobernó el fallecido expresidente Néstor Kirchner.
Según el radical Mario Cimadevilla, entre los candidatos figura "uno de los abogados" del empresario Lázaro Báez, investigado por presuntos delitos de evasión y lavado de dinero y estrechamente ligado a Kirchner.
Mientras los legisladores debatían en el interior del Senado, decenas de personas se manifestaban frente al recinto para protestar contra la reforma, que fue también uno de los principales ejes del "cacerolazo" contra las políticas gubernamentales que el pasado 18 de abril sacó a las calles de las principales ciudades argentinas a miles de personas.
