SANTIAGO.- Tenía 44 años y se había sometido a dos cirugías para cambiar su sexo, pero éstas no dieron los resultados esperados. Nathan Verhelst se sentía "asqueado" con los cambios en su cuerpo, que lo hacían sentirse un verdadero "monstruo". Por eso, bajo el argumento de "un sufrimiento físico insoportable" solicitó la eutanasia.
El caso de este belga, que recibió una inyección letal el 30 de septiembre pasado, volvió a poner este tema en el centro del debate.
La eutanasia está despenalizada desde 2002 en Bélgica, uno de los únicos tres países en Europa, junto con Holanda y Luxemburgo, donde el procedimiento es legal.
En el primer caso, el paciente incurable debe ser mayor de edad, estar "capacitado y consciente", y debe formular su demanda de manera "voluntaria, reflexionada y repetida", además de estar libre de toda coacción. Actualmente, el país discute ampliar esta norma a menores de edad y a las personas que sufren enfermedades mentales degenerativas, como el Alzheimer.
En Nathan, las operaciones de cambio de sexo habían dejado secuelas físicas que impedían a su cuerpo cumplir funciones fisiológicas básicas. Además, durante seis meses se había sometido a tratamiento psicológico. Dos psiquiatras acreditaron que debía practicarse la eutanasia.
La cifra de eutanasias practicadas en Bélgica alcanzó un récord histórico en 2012, con un total de 1.432 casos.
Holanda fue el primer país europeo en aprobar, en 2001, la eutanasia activa y directa, con la administración de un medicamento que causa la muerte.
Sin embargo, en la ciudadanía holandesa esta práctica sigue siendo polémica, tal como sucedió con una mujer de 70 años que decidió terminar con su vida debido a la ceguera que la afectaba. La mujer representaba un caso especial, debido a que estaba "obsesionada por la limpieza y no podía soportar no ver las manchas en su ropa", explicó la doctora, Lia Bruin.
La mujer, que vivía sola desde que su marido falleció, había intentado suicidarse varias veces antes.
De acuerdo a su normativa, la autanasia se puede aplicar sólo en casos de personas que residen de Holanda, cuando el médico está convencido de que la petición del paciente es voluntaria, está bien meditada y ha sido expresada en forma explícita.
Otro de los requisitos es que se constate un padecimiento insoportable y sin esperanzas de mejora de la enfermedad que padece la persona. También que se haya informado al paciente de su situación y de las perspectivas de futuro y siempre debe haber una segunda opinión de un médico, quien debe comprobar el cumplimiento de las anteriores exigencias.
Por su parte, el pequeño Luxemburgo se convirtió en febrero de 2008 en el tercer país europeo en aprobar la eutanasia. En este caso se aplica a los pacientes en situación médica "sin salida", a excepción de los menores. La liberalización resultó tan controvertida que exigió una reforma legal para limitar los poderes del Gran Duque, contrario a ratificar la normativa.
En Suiza, la eutanasia está prohibida pero se permite el suicidio asistido; un médico puede proporcionar al enfermo irreversible una dosis letal de medicamento, que deberá tomar el paciente por sus propios medios. La asociación Dignitas se dedica a ayudar a la "buena muerte", lo que ha propiciado un cierto "turismo de la muerte".
En otros países europeos como Noruega, Dinamarca, Alemania o Austria, entre otros, rige un modelo similar al de España, en el que el paciente goza de autonomía para rechazar, él mismo o a través de su familia, determinados tratamientos aunque pueda conducirle a la muerte.
Italia tiene reconocido en la Constitución el derecho a rechazar un tratamiento y Francia mantiene abierto un debate recurrente sobre la muerte digna y los límites de prácticas como la eutanasia o el suicidio asistido, aunque ambas siguen prohibidas.
En Estados Unidos, tres estados: Washington, Oregon y Montana permiten el suicidio asistido. Los médicos pueden allí prescribir drogas a pacientes terminales con una expectativa de vida no mayor de seis meses, para que ellos mismos se las administren.
¿Y qué pasa en Latinoamérica?
En Argentina se aprobó la ley de "muerte digna" en 2012 que les permite a los pacientes con enfermedades terminales el derecho de rechazar procedimientos para prolongar artificialmente sus vidas en caso de sufrimiento.
El caso de Camila (3), una niña que nació en estado vegetativo, fue el que inspiró la normativa trasandina. En 2011, la madre de la pequeña envió una carta a la Presidenta Cristina Fernández y al Congreso, pidiendo un cambio en la legislación para el reconocimiento de la muerte digna.
"Lo que pedimos es que dejen a la vida continuar su curso natural, que no se lo impida en forma artificial", afirmaban sus padres.
Tres comités de bioética evaluaron su caso y concluyeron que su estado era irreversible.
En México en tanto, desde 2008 existe la normativa para "bien morir" que se aplica para personas desahuciadas que viven en la capital. Aquí los pacientes piden dejar de recibir asistencia médica para no prolongar sus vidas.
En el caso de Colombia, la Corte Constitucional despenalizó el homicidio "por piedad", que hasta ese momento era sancionado con tres años de prisión. En esta caso, se aplica cuando las personas expresen su voluntad de poner fin a su vida, asistidos por un médico.
