VALPARAISO.- El ministro del Interior, José Miguel Insulza, reiteró que el proyecto aprobado por la cámara que establece la reserva de identidad para quienes entreguen información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos no constituye una ley de punto final ni una intromisión para los tribunales de justicia.
Recordó que "no es el objeto del proyecto de ley aprobar el documento de la mesa de diálogo, sino cumplir con una obligación de Estado o de la nación", en orden a encontrar el destino de los detenidos desaparecidos.
Agregó que en 1992, el Congreso Nacional hizo una declaración de principios, señalando que "la ubicación de los detenidos desaparecidos y personas ejecutadas y las circunstancias en que ocurrió, constituye un derecho inalienable de las familias de la víctimas y de la sociedad chilena".
Insistió en que esta es una tarea urgente que ha validado como compromiso la mesa de diálofo frente al país.
