SANTIAGO.- Un sistema que se sustente en mecanismos de asignación de recursos transparentes y objetivos, y que contemple incentivos que den estabilidad a las instituciones colaboradoras en el desarrollo de nuevos y mejores programas de atención, son algunos de los aspectos que deben considerar las políticas destinadas a la infancia, según un estudio elaborado por el Instituto Libertad y Desarrollo.
Además debe modificarse el actual sistema de subvenciones, que constituye una herramienta poderosa para inducir a los colaboradores del Estado a prestar las atenciones en mejor forma que en instituciones de dependencia pública.
El estudio señala también que las nuevas subvenciones debieran diferenciarse según causales de ingreso al sistema y grado de complejidad de la atención para evitar, de esta forma, el rechazo de los casos más conflictivos, y tener topes de atención para evitar la internación prolongada. También deben considerarse asignaciones especiales para incentivar un mayor trabajo de las instituciones, en aspectos como reintegración a la familia propia o sustituta, reinserción escolar y capacitación laboral.
El trabajo se refiere también a la decisión de Carabineros y el Servicio Nacional de Menores de traspasar los hogares de la Fundación Niño y Patria a esa entidad pública, proceso que coincidirá con el inicio por parte del SENAME de la desinternación de menores para devolverlos a sus familias y de reubicación en otras instituciones que conforman la red privada de atención.
Esta decisión se une además a una nueva política para abordar los problemas de los menores en riesgo social y aquellos infractores de ley penal. Para ello se ha determinado reorganizar el Servicio Nacional de Menores (SENAME) de modo de separar sus funciones para ser abordadas por dos organismos diferentes.
Uno se encargaría de atender a los niños y niñas víctimas de problemas como tuición, abandono, maltrato y otro estaría destinado a atender a los menores infractores de ley con privación de libertad con el objeto de que pueda dedicarse mejor y más especializadamente a rehabilitarlos.
Según ILD, independientemente del organismo público que se haga cargo del tema, uno de los más importantes ámbitos por resolver es la redefinición del rol de los colaboradores privados en el sistema de atenciones.
