SANTIAGO.- El Presidente de la República, Ricardo Lagos, encabezó hoy la destrucción realizada por el Ejército de 76.388 minas antipersonales que estaban diseminadas en la frontera con Perú desde hace más de 25 años.
Tras la destrucción de estos artefactos, Chile aún reconoce la existencia de otras 122.661 minas en otras zonas fronterizas, en su mayoría instaladas en la década de los setenta durante el Gobierno de Augusto Pinochet, cuando el país estuvo cerca de conflictos bélicos con Perú y Argentina.
Al margen de los datos oficiales, fuentes militares han admitido que las Fuerzas Armadas disponen aún de unas 300.000 minas, en su mayoría almacenadas.
La destrucción de minas de hoy se llevó a cabo en el sector de "Pampa Chaca", a 20 kilómetros de Arica y fue presenciada además por las ministras de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, y de Defensa, Michelle Bachelet.
También estuvieron el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, y de la Armada, Miguel Angel Vergara, así como representantes de entidades internacionales relacionadas con la materia y de organismos no gubernamentales.
Tras activar la primera carga explosiva, Lagos afirmó que la destrucción de las minas antipersonales "es consecuencia de la distensión en las relaciones con los vecinos".
"Lo que hemos avanzado con los amigos argentinos, con los amigos peruanos y los amigos bolivianos permite también dar estos pasos concretos", añadió el jefe de Estado.
La destrucción de las minas en la Región de Tarapacá, fronteriza con Perú y Bolivia, es la primera actividad de eliminación de este tipo de armamentos después de que Chile ratificara, el pasado 9 de marzo, la Convención de Ottawa, y la cuarta que se lleva a cabo desde 1999, cuando el país adhirió a ese acuerdo.
La mencionada Convención estableció un plazo de diez años a partir de su ratificación para que los estados cumplieran con un conjunto de compromisos, que deben culminar con la eliminación de todas las minas antipersonales existentes en sus territorios, tanto diseminadas en campos minados como almacenadas.
En el caso de Chile, sólo se exceptúa una pequeña cantidad (8.000) que debe ser utilizada en el entrenamiento del personal de las Fuerzas Armadas en las tareas de destrucción de campos minados.
La ministra Bachelet, que activó la segunda explosión, destacó que en virtud de una moratoria unilateral de 1929, Chile ha cerrado de manera definitiva sus programas nacionales de producción de minas antipersonales.
"Todas las minas antipersonales que posee Chile se encuentran ahora en polvorines, en campos minados identificados, delimitados y señalizados. No hay minas antipersonales del Estado en zonas que no estén controladas o identificadas oficialmente", aseguró la ministra de Defensa.
El Gobierno chileno organizó el proceso de cumplimiento de la Convención de Ottawa constituyendo la Comisión Nacional de Desminado, cuya tarea más importante es la preparación de un Informe de Transparencia.
Dicho informe será enviado el próximo mes a las Naciones Unidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Comisión deberá además preparar y ejecutar un Plan Nacional de Desminado para el período 2002-2011, e implementar las medidas de asistencia humanitaria a las víctimas de las minas que establece la Convención de Ottawa.
