Empresa presentó recurso de protección contra Tesorero General de la República

MTG Limitada acusa a Gianni Lambertini de discriminación arbitraria y violación de las garantías constitucionales.

07 de Enero de 2004 | 10:00 | ORBE
SANTIAGO.- La empresa MTG Limitada, dedicada a la producción, exportación y venta de embutidos, presentó un recurso de protección en contra del Tesorero General de la República, Gianni Lambertini.

Los escritos, presentados por el representante legal de la empresa, Manuel Gahona Meneses, se deben a que la compañía considera que Lambertini sometió a la firma a una discriminación arbitraria, violando las garantías constitucionales de igualdad ante la ley.

La acción legal se origina en que el Tesorero General de la República le negó a MTG la posibilidad de acogerse al mecanismo de fomento denominado “reintegro de exportaciones”, beneficio al que, según la empresa, les era legítimo acceder.

Los argumentos de la entidad para considerar improcedente esta decisión son que los productos que fabrican y envían al exterior entran en la calificación de exportaciones menores no tradicionales, las que, según consta en la Ley 18.480, tienen derecho al mecanismo de fomento que les fue negado.

Además, la empresa sostuvo que cumplen con todos los otros requisitos para acogerse al mecanismo de beneficio; entre ellos, que el monto total de las exportaciones anuales por partida no supere los 18 millones de dólares.

Las razones que adujo Lambertini para negarle a la empresa el reintegro de las exportaciones fueron que, de acuerdo con las modificaciones establecidas por la Ley 19.589, sólo tienen derecho a este beneficio las mercaderías nacionales que tengan a lo menos 50 por ciento de insumos importados.

El personero argumentó que, luego de estos cambios, los productos chilenos exportados en montos menores, entre los que estarían los envíos de MTG, ya no tienen acceso al beneficio.

MTG Limitada aseguró que lo anterior va contra las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraria y, en consecuencia, ha pedido a los tribunales la inaplicabilidad de la Ley 19.589, por considerarla contraria a la Constitución.
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