Lagos anuncia pensión de $112 mil para víctimas de tortura

En cadena nacional, el Presidente de la República sostuvo que l prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado, y confesó haberse conmovido profundamente con los testimonios.

28 de Noviembre de 2004 | 20:51 | El Mercurio en Internet
Vea el informe


El informe
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura entregó su Informe al Presidente de la República el día miércoles 10 de noviembre.

Para su elaboración, la Comisión recibió los testimonios de más de 35.000 personas, que fueron entrevistadas en su sede en santiago, en 42 gobernaciones provinciales y en 102 localidades apartadas. Se recibieron también testimonios desde 40 países a través de los consulados y embajadas.

El Informe responde a lo establecido por el Decreto Supremo N° 1.040 de Interior, publicado en el Diario oficial el 11 de noviembre de 2003.

Contiene una nómina de las personas que sufrieron provación de libertad y tortura por motivos políticos, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, cometida por agentes de Estado y una explicación de cómo se desarrolló la prisión política y la tortura.

Asimismo, se refiere también criterios y propuestas de reparación a las víctimas reconocidas.

La Comisión la integran como Presidente Monseñor Sergio Valech, como Vice-Presidenta ejecutiva María Luisa Sepúlveda, don Miguel Luis Amunátegui, don Luciano Fouillioux, don José Antonio Gómez, doña Elizabeth Lira, don Lucas Sierra y don Álvaro Varela.

En Internet: Comisión Tortura
SANTIAGO.- En una esperada intervención, el Presidente de la República, Ricardo Lagos, anunció esta noche que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que establece una pensión vitalicia equivalente a $112 mil pesos para todas aquellas personas que fueron víctimas de prisión política y tortura cuyo testimonio fue validado por la comisión Valech.

"La prisión política y las torturas constituyeron una práctica institucional de Estado que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición histórica de Chile", agregó Lagos en un discurso transmitido a través de cadena nacional, que sella una serie de gestos que diversos sectores han hecho en el último tiempo respecto del reconocimiento de las violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron durante el régimen de Augusto Pinochet, y las responsabilidades detrás de esos actos.

"Si está comprometida la responsabilidad de los agentes del Estado, lo que corresponde es que el Estado tome medidas para remediar los efectos de tanto dolor", dijo el Jefe de Estado al referirse a las compensaciones que se otorgarán a quienes sufrieron vejámenes durante el régimen militar.

El Mandatario se refirió al informe de Prisión Política y Tortura como “una experiencia sin precedentes en el mundo”, y agradeció a todos aquellos que entregaron su testimonio a la comisión que presidió monseñor Sergio Valech.

"He leído y analizado este Informe con mucho cuidado. Allí está el testimonio de más de 35 mil personas residentes en Chile y el extranjero. Veintiocho mil de esos testimonios han sido aceptados como válidos, y algo más de 7 mil no cumplieron los estrictos requisitos para ser aceptados por la Comisión. Estas 7 mil personas tendrán derecho a que su situación sea revisada por la Comisión, la cual volverá a estudiar sus antecedentes para tomar una decisión definitiva", aseveró el Mandatario.

Tres preguntas

En su reflexión sobre el informe, el Presidente se refirió a tres preguntas que surgen tras su lectura.

"¿Cómo tanto horror?" sostuvo el Mandatario, quien cuestionó el origen de conductas humanas como las que aparecen detalladas en los testimonios de las víctimas. "Cómo explicar que el 94% de los detenidos señalen que fueron objeto de torturas? ¿Cómo explicar que, de las 3.400 mujeres que entregaron testimonio, casi todas señalen haber sido objeto de alguna violencia sexual?", agregó el Mandatario.

Asimismo, al preguntarse Lagos ¿por qué 30 años de silencio?, recalcó que fue "sin duda, por el miedo".

"Vidas quebradas, familias destruidas, proyectos personales tronchados, incapacidad de poder dar a sus hijos una vida mejor. Todo ello se ha vivido durante años y años cubierto por un velo de silencio, espeso, insano. Eso tenía que terminar; ha terminado", sentenció el Mandatario.

Ante la pregunta ¿Qué sentido tiene hacer un Informe 31 años después?, el Presidente respondió que el propio informe lo dice: "la experiencia de la prisión política y la tortura representó un quiebre vital que cruzó todas las dimensiones de la existencia de las víctimas y de sus familias, y que las acompañan hasta el presente".

Por ello, Lagos sostuvo que "reconocer el desvarío, la pérdida del rumbo que hizo que las instituciones armadas y el Estado se apartaran de su tradición histórica, de sus propias doctrinas que las vieron nacer y desarrollarse, es lo que nos permite retomar la senda de siempre y enfrentar con optimismo el futuro".

Medidas de reparación

El Jefe de Estado fue enfático en señalar que se terminaron el silencio y el olvido, y que el informe constituye una reivindicación de la dignidad de las víctimas. No obstante, reconoció que ello no basta y que corresponde que el Estado adopte medidas que ayuden a mitigar los efectos de tanto dolor.

En ese contexto, Lagos afirmó que compartía las tres líneas de reparación que propuso la comisión, las que se materializarán en la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos; medidas simbólicas, colectivas, jurídicas que prevengan a las actuales y futuras generaciones, y medidas de reparación individuales, que se expresan tanto en el ámbito jurídico como en el económico.

En lo jurídico, el Presidente explicó que se refieren básicamente a cómo restablecer la honra de las víctimas, que "la mayor parte de las veces fueron acusadas de delitos que nunca cometieron".

En lo económico, anunció que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley de reparación que establece que cada una de las víctimas reciba una pensión, por todo el resto de su vida, "equivalente al valor de una y media pensión mínima, esto es, algo más de 112 mil pesos mensuales, que aumentan cuando se cumplen los 70 y 75 años de edad".

Al respecto, precisó que quienes reciban una pensión por causa de derechos humanos, esa pensión se le imputará a esta nueva pensión, y que dispuso que quienes sufrieron torturas tengan también una acogida preferencial en el ámbito de la educación, la salud y la vivienda.

Finalmente, el Mandatario enfatizó que el trabajo realizado por la comisión no pretende reavivar rencores y divisiones, sino "fortalecer la convivencia y la unidad de todos los chilenos. Ese es el espíritu de este Informe. Ese es el espíritu que debe prevalecer una vez conocido el sufrimiento y el dolor", recalcó.
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