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Abogada de graffiteros estudia recurrir a la Corte Suprema peruana

Trinidad Mujica lamentó además la carga política que ha adquirido el caso y afirmó que la negación de la libertad por el no pagó de la millonaria fianza vulnera la Constitución Política de su país.

17 de Febrero de 2005 | 09:55 | El Mercurio en Internet

La jurista reclama la lentitud en el proceso.
SANTIAGO.- La interposición de una queja ante la Corte Suprema de Perú por la "dilación innecesaria" en la tramitación de la causa, estudia interponer la abogada de los jóvenes chilenos acusados de rayar un muro incaico en el Cusco.

A juicio de Trinidad Mujica, la lentitud en el proceso pretende "causar daño" a sus defendidos.

La jurista, que representa a Eduardo Cadima y Enzo Tamburrino, lamentó además la carga política que ha adquirido el caso y afirmó que la negación de la libertad por el no pagó de una millonaria fianza vulnera la Constitución Política de su país.

"Hay una dilación innecesaria de los actuados judiciales. Me veo imposibilitada de poder formular (recursos porque) puedo poner 100 mil escritos pero ninguno puede ser proveído hasta que se tenga que establecer quienes van a ser los magistrados competentes. Es un despropósito realmente", señaló a radio Cooperativa sobre la decisión de la Segunda Sala Penal la Corte Superior del Cusco de inhabilitarse del caso.

Asimismo, lamentó que algunos de los jueces que han visto la causa hayan evidenciado un sesgo frente a la nacionalidad de los jóvenes.

"Ellos al tener esa actitud tan renuente de ceder a formalizar una resolución es que hay una actitud de causar daños a los dos jóvenes chilenos que no son responsables (...) Hasta el día de hoy nadie, ni el Estado peruano como parte civil en ese proceso, me puede demostrar cuánto es el daño", expresó.

Recurso de amparo

La bogada también expresó optimismo frente al recurso amparo que busca lograr la libertad condicional de Eduardo Cadima.

Asimismo cuestionó que el joven aún permanezca en prisión por el no pago de la fianza que asciende a 12.250.000 pesos.

"Cuando hay cambio de mandato de la situación de detención a comparecimiento no es exigible en ninguna parte del mundo la condicionalidad del dinero. El pago es obligatorio obviamente, pero yo tengo la facultad del pedir fraccionamiento o que se me dé dos meses para pagarlo", enfatizó.

En caso de no ser aceptado el recurso de amparo, Mujica anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional peruano.
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