Presentan querella contra cadenas de farmacias en Valparaíso

SANTIAGO.- Los diputados PPD Laura Soto y Rodrigo González, junto a una veintena de dirigentes sociales, sindicales y vecinales presentaron una querella criminal por asociación ilícita y fraude en contra de las cadenas de farmacias Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde, ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso.

"Nosotros sentimos que era un deber moral presentar esta querella. Ya se ha hecho a nivel nacional pero nosotros pensamos que aquí en las regiones también tiene que haber una voz muy fuerte, pensando sobre todo que alguna de estas farmacias se iniciaron en Valparaíso", sostuvo la diputada Laura Soto, una de las abogadas patrocinantes junto a Edgardo Reynoso y Chris Schofield.

La parlamentaria añadió que "aquí  tiene que haber una sanción muy fuerte del tipo penal sin perjuicio que en su oportunidad haremos una demanda civil, ya que no podemos permitir que sin ningún pudor se eleven los precios de los medicamentos más de un 300%".

Soto también criticó la falta de disponibilidad en las cadenas de farmacias de medicamentos genéricos, que son mucho más baratos. "Aquí hay una situación de atentado a la salud de la gente más vulnerable, de la clase media, nosotros nos hacemos cargo de esa situación", indicó.

Por su parte, el diputado Rodrigo González precisó que en la querella se solicita, en primer lugar, que se identifique a los responsables. "Aquí hay altos niveles de gerencia que son los responsables de haber violado el artículo 285 y 286 del Código Penal, donde se han elevado los precios de artículos de primera necesidad en forma fraudulenta, además existe la figura de asociación ilícita para acometer este presunto delito", explicó.

A juicio del parlamentario, se hace necesario saber "con nombre y apellido, quiénes son los gerentes y los ejecutivos que cometieron estos presuntos delitos".

"Estamos pidiendo que se incauten todos los sistemas computacionales de las farmacias, que se de a conocer los llamados telefónicos que tuvieron los gerentes con los ejecutivos de los laboratorios y, especialmente, que se señale cuál es el monto de los perjuicios que sufrió la comunidad con esta venta de medicamentos cuyos precios fueron artificialmente elevados", indicó.

Agregó que, junto a la diputada Laura Soto, propondrán una legislación para que las empresas que se han coludido sean clausuradas, sobre todo cuando son renuentes a entregar la información.