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Tribunal ordenó prisión preventiva para los diez detectives acusados de corrupción

Además de los 4 civiles involucrados en la causa, dos mujeres también recibieron la máxima medida cautelar.

18 de Octubre de 2012 | 18:06 | Por Andrea González Schmessane, Emol
El Mercurio

SANTIAGO.- El 1° Juzgado de Garantía de Santiago, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los diez detectives que ayer fueron detenidos en el marco de una investigación realizada por  el OS-9 de Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Occidente.

La misma medida fue ordenada para las dos civiles involucradas en el caso mientras que los otros dos individuos –que no formar parte de la PDI- recibieron la medida cautelar de arresto domiciliario durante los 120 días de indagatoria que fijó la magistrada, Paula Brito.

Según la investigación de la Fiscalía Occidente, los detectives (siete de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel y tres de la Brigada Móvil Metropolitana), más cuatro civiles, integraban un grupo ilícito que –falseando denuncias el fono 134- allanaban inmuebles sustrayendo drogas.

Se trata de los subcomisarios Godfrey Gamboa, José Márquez y Claudio Quezada; y los detectives Bruno Medina, Juvenal Pérez y Fabián Arévalo. Además, están los subinspectores Daniel Urrutia y Raúl Álvarez; el inspector Kurt Borneck, y el asistente policial Sebastián Álvarez.

El Ministerio Público formalizó investigación en contra de los 10 policías por los delitos contemplados en la ley de drogas;  allanamientos y detenciones ilegales; apremios ilegítimos; faltar maliciosamente a la verdad y omisión de denuncias, entre otros.

Asimismo, el Ministerio Público inició investigación en contra de los cuatro civiles. A dos mujeres se les imputó el delito de tráfico de drogas y a los hombres el de microtráfico.

"Esto es absolutamente intolerable, particularmente viniendo de sujetos que tienen roles institucionales y que tienen una posición respecto de los cuales el derecho tiene la necesaria y legítima expectativa", afirmó la jueza Brito.

"No puede ser que quienes ejecutan un procedimiento de la ley 20.000 decidan el estándar y el procedimiento a seguir y qué elementos de la ley se van a utilizar y cuáles se van a desechar. La posición personal de los funcionarios policiales presentes en esta audiencia son sujetos portadores de un rol jurídicamente relevante para la sociedad, relevante para los imputados y relevantes para el tribunal. No puede si no esperarse que  cada actuación que ellos realizan tenga el más alto grado de fidelidad  al derecho", sentenció.

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