SANTIAGO.- El diputado Jaime Jiménez (DC) remitió hoy al presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, una serie de antecedentes complementarios a los datos que entrego ayer martes al magistrado, sobre cinco eventuales víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar.
El legislador oficialista informó que se reunió con el ministro del Interior, José Miguel Insulza, "para pedirle el apoyo logístico que se necesita en algunos casos que requieren de intervenciones especiales".
Agregó que el gobierno realizará los trámites a la brevedad para establecer vigilancia policial en los lugares señalados en el informe.
Los restos de una de las presuntas víctimas se encontraría en el pique Huetelaya en la Primera Región, mientras que los otros cuatro se ubicarían en la Región Metropolitana, en el sector del Cajón del Maipo; dos en Curacaví y el último, en la provincia de Melipilla.
El parlamentario precisó que la información fue proporcionada por personas que participaron de los entierros ilegales y en uno de los casos corresponde a la esposa de un participante directo en el hecho.
Agregó que los residentes de San José de Maipo habrían afirmado que las supuestas osamentas se encontrarían en el sector conocido como El Toyo, el cual fue pavimentado para borrar indicios del hecho.
La inhumación en Curacaví se habría registrado en un sector cercano a un embalse de energía eléctrica, por lo que los ejecutivos de la empresa habrían ordenado enterrar los cuerpos en lugares cercanos. El otro caso se encontraría en una zona cercana a la cuesta Barriga.
El último caso de detenido desaparecido se habría registrado en Melipilla, lugar donde el parlamentario decidió no entregar mayores detalles, por cuanto "es de muy fácil acceso".
