SANTIAGO.- Alarmas, cercos y puertas blindadas son parte de los nuevos gastos en que los chilenos estamos incurriendo para aumentar nuestra seguridad.
La conexión a alarmas supera los 100 mil abonados en el país. Los hogares concentran el 40% de los clientes, le sigue el retail , con cerca del 23% del mercado, la industria con 20% y el sector financiero y educacional.
Las empresas que proveen desde guardias hasta asesorías de seguridad, hasta los sistemas de monitoreo remoto han crecido 46% entre 2010 y junio de 2015, informa hoy
"El Mercurio".El tema responde a una mayor sensación de inseguridad y también a las cifras de delitos que se han disparado en el último tiempo. "El año pasado, el homicidio aumentó 10%, y nuestra encuesta dio un máximo histórico de hogares víctima de robo o de intento de robo, con
43,5%. Este año, se observan aumentos importantes, en especial robos con violencia en diversas comunas, tanto en Santiago como en regiones", explicó Catalina Mertz, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana.
A esto se agrega que la última encuesta de victimización del comercio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), presentada en mayo, muestra que el 93% del retail, el 57% de las compraventas de automóviles y estaciones de servicio y el 35% de los comercios minoristas, hoteles y restaurantes, declararon haber sido víctima de algún delito en el último semestre de 2014. Más de la mitad de los comerciantes asaltados reconoció que esta no era la primera vez que era víctima.
Municipios
Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia y Santiago suman un gasto anual que supera los $20 mil millones en seguridad y hay comunas más pequeñas como La Reina y Talca, que están comenzando sus planes, financiados con presupuesto municipal. Otras, como Valparaíso, no tienen fondos propios y dependen en un 100% de los aportes del gobierno.
La inversión de una sola comuna, Vitacura, que invierte al año $4 mil millones al año en seguridad, supera el gasto millonario anunciado por el Gobierno el viernes de la semana pasada tras los caceroleos y protestas por la falta de seguridad.
El Plan cuadrante 2.0, con el que el Gobierno busca reforzar lazos de la policía y la comunidad para combatir las cifras de delincuencia, tiene un costo total de $3.553 millones.
