SANTIAGO.- La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), un requerimiento contra las empresas Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada y Martínez Ridao Chile Limitada.
A juicio de la FNE, estas compañías celebraron y ejecutaron "un acuerdo anticompetitivo para impedir, restringir o entorpecer la competencia en el mercado de combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna en el territorio nacional durante las temporadas comprendidas entre los años 2009 y 2015".
La Fiscalía acusó que estas compañías acordaron su actuación conjunta en el mercado chileno y que, en el marco de ese acuerdo, determinaron condiciones de comercialización, precios y la participación de oferentes en procesos de contratación públicos y privados. Todo lo anterior con el objeto de asignarse contratos en el período referido.
"Actuaron coordinadamente en el mercado chileno de servicios de combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna, determinando condiciones de comercialización, precios y la participación de oferentes en procesos de contratación públicos y privados"
FNE
En el requerimiento, presentado el 18 de julio, la FNE pidió al Tribunal que aplique a Faasa una multa de 3.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a aproximadamente US$2,6 millones, y de 4.000 UTA (US$3,5 millones) a Martínez Ridao por esta conducta.
Este monto considera la gravedad y extensión temporal de la conducta, junto con el hecho que las requeridas han concentrado prácticamente la totalidad de las ventas asociadas a estos servicios, por lo que sus clientes, tanto públicos como privados, han debido pagar los precios del cartel al no contar con ofertas alternativas.
Entre los afectados se cuentan algunas empresas forestales privadas e instituciones del Estado, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi).
Detalles de la investigación de la FNE
La investigación de la Fiscalía se inició a principios de febrero de 2017, tras conocerse información de prensa que dio cuenta de un acuerdo detectado en España entre empresas de combate y prevención de incendios forestales que ejecutaron delitos de alteración de precios en concursos públicos, organización criminal y falsedad de documentos mercantiles y que algunas de las investigadas llevaron este acuerdo a Portugal, Italia, Francia y Chile, además de España.
De esas compañías, sólo las requeridas han prestado servicios a nivel local.
En las pesquisas, que incluyeron un allanamiento a las oficinas de las investigadas, realizado a fines de mayo del año pasado, la Fiscalía obtuvo antecedentes sobre reuniones y comunicaciones sostenidas entre ejecutivos de estas empresas para discutir sobre la participación de cada una en el mercado afectado.
En ese sentido, la Fiscalía Nacional Económica estableció que "éstas actuaron coordinadamente en el mercado chileno de servicios de combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna, determinando condiciones de comercialización, precios y la participación de oferentes en procesos de contratación públicos y privados".
