Una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), fue la que presentó FinteChile -gremio que agrupa a las empresas fintech que operan en el país- con el fin de que se abra una investigación en contra de las principales cadenas de supermercados del país por "hechos que podrían ser constitutivos de conductas contrarias a la libre competencia".
Según señaló la entidad en un comunicado, la acción se basa en que "existen grandes retailers que han tomado la decisión unilateral de no aceptar en sus tiendas, físicas y online, las tarjetas de pago con provisión de fondos -más conocidas como tarjetas de prepago- como medio de pago válido, pese a no existir razones técnicas ni económicas para ello".
"De hecho, llama enormemente la atención del gremio fintech que estas grandes cadenas expresen públicamente que prefieren el uso de efectivo dado su bajo costo y en paralelo impulsen decididamente sus propias tarjetas de pago, mientras a su vez bloquean el uso de tarjetas de prepago", añadió el texto.
Según el gremio, entre los retailers que aún desarrollan estas prácticas están Walmart, Tottus, Unimarc y las cadenas supermercadistas Jumbo y Santa Isabel. "En este último caso, la situación sólo se da en tiendas físicas, no en comercio electrónico", acotó.
Además, la asociación señaló que "la situación más notoria a este respecto ha sido la de Walmart, quien ha salido públicamente a defender su decisión en virtud de diversos antecedentes, a lo menos discutibles, entre ellos, el hecho de sostener que la negativa a la aceptación tarjetas de prepago vendría dada por su costo de utilización, lo que, supuestamente, sería responsabilidad del administrador de tarjetas de crédito y débito, Transbank, lo que estaría afectando la operación de la cadena supermercadista con dichos costos".
En ese sentido, FinteChile solicitó también que la FNE "oficie a Transbank, a fin de que informe sobre los costos aplicados a los comercios por la aceptación de tarjetas de prepago, los fundamentos para la fijación de tales costos, el número de comercios que aceptan o no dichas tarjetas y los contratos que deben suscribirse para efectos de tal aceptación".
El gremio resaltó que "la negativa de los comercios es abiertamente contraria al objetivo de la Ley N°20.950, que autorizó la emisión y operación tarjetas de prepago, y que tenía por finalidad lograr una mayor competencia entre medios de pagos, junto con permitir la inclusión financiera, posibilitando el acceso y el uso de medios de pago seguros y a bajo costo, principalmente, por parte de aquellos que están más excluidos del sistema bancario".
"Es importante destacar que esta la negativa de los comercios tiene un fuerte impacto en la adquisición de productos de primera necesidad de los cuales se proveen todo tipo de personas, pero, especialmente, aquellas que no califican para ser clientes bancarios, que fueron precisamente una de las prioridades del legislador al momento de autorizar la emisión de tarjetas de prepago", concluyó.
