El grupo controlador de Nuevo Pudahuel concretó su advertencia y solicitó un arbitraje en contra del Estado de Chile ante la instancia internacional.
Tras siete meses de un proceso de conversaciones amistosas que no prosperaron, los accionistas de Nuevo Pudahuel -concesionario del aeropuerto de Santiago- materializaron su advertencia y presentaron una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en contra del Estado de Chile.
En su acción, las empresas francesas
ADP International y Vinci Airports, alegan una supuesta violación de las obligaciones del país bajo el convenio entre los Gobiernos de Chile y Francia y solicitan extender su contrato de concesión para compensar los perjuicios económicos generados por las medidas sanitarias dispuestas para controlar la pandemia.
A esto se refirió esta tarde el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien en primer lugar comentó que este tema está en manos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei)), por lo que "todo lo que tenga que ver con esa materia se va a refería esa subsecretaría".
Dicho eso, expuso que "esta es una demanda en el Ciadi que presenta no la compañía, sino que sus controladores, sus accionistas, y la compañía previamente fue al panel de concesiones, presentó su reclamo y perdió".
El Panel Técnico de Concesiones es un organismo encargado de conocer y entregar recomendaciones relativas a discrepancias técnicos o económicas en contratos de concesión. En mayo, el panel rechazó los requerimientos ingresados por la concesionaria del aeropuerto capitalino en marzo para revisar los términos del contrato con el MOP, aunque de todas formas recomendó una negociación entre las partes.
En tanto, desde la Subrei señalaron ayer en un comunicado que las firmas francesas reclaman que el Estado chileno debía haber adoptado medidas particulares en beneficio exclusivo de la concesionaria, para aliviar la baja temporal de ingresos de que esta ha sufrido por la disminución del tráfico aéreo y de las actividades comerciales del aeropuerto como consecuencia de la pandemia de las medidas sanitarias tomadas por el Estado.
"Chile ha actuado en estricto apego al derecho internacional en todas las medidas adoptadas para controlar y mitigar los efectos de la pandemia. Por lo tanto, las reclamaciones de ADP y Vinci desvirtúan el serio esfuerzo que ha realizado nuestro país", comentó el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales,
Rodrigo Yáñez.
En el marco de su demanda, los accionistas de Nuevo Pudahuel
han solicitado la extensión del contrato de concesión, que partió en 2015, por un lapso de 20 años, para compensar las pérdidas en medio de la crisis.
El aeropuerto ha estimado que a 2035 perderá 209 millones de pasajeros, mientras que entre 2020 y 2025 dejaría de recibir 85 millones de pasajeros por el impacto del covid-19 en la industria aérea. La firma, además, ha dicho que existe la posibilidad de que caiga en insolvencia en 2022.
