La comisión de Minería del Senado fijó para la próxima semana la votación en general del proyecto que busca establecer un royalty minero por la explotación de minerales en territorio nacional por parte de las empresas, estableciendo un gravamen creciente según el precio de los recursos extraídos.
La instancia escuchó este miércoles a los últimos exponentes invitados antes de proceder a votar la idea de legislar.
Así, fueron más de 60 organizaciones, entre académicos, representantes de empresas y gremios, las que fueron recibidas por la comisión para manifestar sus impresiones a largo de las últimas sesiones.
"Hemos concordado realizar un proceso muy participativo de discusión", resaltó la senadora y presidenta de la instancia, Yasna Provoste (DC). "Esta sería la instancia final para proceder a votar en la próxima sesión", añadió la candidata presidencial de Unidad Constituyente.
"Tenemos la certeza que escuchando podemos generar una mejor ley que permita recaudar más, colaborando con la sustentabilidad del sector", dijo la legisladora, subrayando que "hemos recibido argumentos de más de 60 organizaciones y hemos participado de dos seminarios internacionales con distintos académicos".
Quien inició las exposiciones de este miércoles fue el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández. Detalló que el año pasado, con un precio promedio de cobre de US$2,6 la libra, de las 15 mineras privadas que produjeron cobre, "solo 10 tuvieron utilidades y, de esas, tres lograron el 90% del total de utilidades de la minería privada y siete lograron el 10% restante".
Además, puso algunos ejemplos sobre el aporte de la minería al fisco. Así, señaló que en 2016, cuando hubo un precio promedio de US$2,21 la libra, "la minería prácticamente no pagó impuestos porque no tuvo utilidades", mientras que en 2011, con un precio de US$4 la libra, "la minería privada pagó casi US$5 mil millones de tributos. Eso muestra la variación, dependemos del precio del cobre".
Con todo, sostuvo que "en la práctica, este impuesto aprobado por la Cámara de Diputados aumenta la la carga tributaria que ya es una de las más altas del mundo", agregando que las tasas impositivas que contempla la iniciativa "son exageradamente altas, aun suponiendo que se derogue el impuesto específico vigente, haría que la minería privada no sea posible. Es regresivo, afecta mucho más a minerías menos competitivas y no se hace cargo de la heterogeneidad de la minería".
"Esta e la principal actividad económica del país y eso es lo que queremos preservar", recalcó Hernández. "Queremos seguir jugando un rol clave en pandemia y para eso la minería tiene que seguir siendo competitiva", concluyó.
