Este jueves continúa la revisión de las indicaciones a la ley corta de pensiones en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, instancia que si bien concluyó la votación de las indicaciones relativas al sistema previsional, hoy se aboca a estudiar las enmiendas en torno a las exenciones tributarias propuestas para financiar el proyecto que, entre otras cosas, busca aumentar las pensiones solidarias a $178.958 mensuales y extender la cobertura de dicho pilar.
Los diputados aprobaron una indicación impulsada por los parlamentarios de oposición
Gael Yeomans (CS) y Amaro Labra (PC), que busca que las rentas provenientes de las ganancias de capital tributen por el régimen general, y no con la tasa especial del 5% que defendía el Ejecutivo.
Esto fue respaldado con 6 votos a favor y 5 en contra. Y además, dejó sin efecto una propuesta que había ingresado el demócrata cristiano y presidente de la comisión, Gabriel Silber, que apuntaba a elevar el guarismo a un 15%.
Ante esto, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, llamó a "entender bien el efecto de esto (…) al eliminarse y caer por la aprobación de la propuesta de la diputada Yeomans y Labra, significa entonces que las ganancias de capital que sean producto de una venta bursátil podrían llegar a pagar hasta un impuesto del 40% (…) es importante precisar los efectos de lo que se está planteando".
En esa línea, Javiera Suazo, coordinadora de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda, dijo que "estaríamos fuera de la tendencia internacional de gravar las ganancias de capital con tasa especial, entonces las personas naturales podrían llegar a pagar un 40%. Efectivamente, según su condición particular".
Luego agregó "pero lo que parece más delicado es que los inversionistas extranjeros que quieran invertir en nuestro país van a quedar afectos a una tasa fija de mayor valor, independientemente del mayor valor del 35%, por lo tanto, nosotros al competir con mercados vecinos, como Perú, como Colombia, como México, claramente vamos a quedar en una condición de peor competencia".
Posteriormente, tanto los diputados como el Gobierno, recurrieron en varias ocasiones al informe elaborado por la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad, y que presentaron este año al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Bajo ese contexto, el diputado Leopoldo Pérez (RN) - en reemplazo de su par Eduardo Durán - aseguró "es impresentable lo que estamos haciendo en la comisión", y alentó a sus pares a "ser más cuidadosos, porque esto trae consecuencias y que van en contra justamente de las personas a las que queremos ayudar".
"Las indicaciones que se han presentado ahora acá, yo parto de la base de que es con un ánimo de allegar más recursos para aumentar el gasto que ustedes mismos han propuesto, pero cuando uno plantea esas cosas, tiene que haber una evaluación del impacto", subrayó.
En respuesta, la diputada
Yeomans sostuvo "esto no es una ocurrencia, no es una locurita que se plantea acá por parte de los parlamentarios, es una propuesta, es así de simple, entonces no trate de deslegitimar las propuestas de los parlamentarios (..)
ahí el tonito creo que hay que cambiarlo".
Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, insistió en que "acá es muy delicado lo que estamos haciendo, cuando uno mira, por ejemplo, el informe de la comisión tributaria, de los dieciocho miembros, hay cuatro que recomiendan avanzar en el régimen general (…) tenemos que poner sobre la mesa, la complejidad, los impactos y la discusión. Nosotros cuando ponemos cuando ponemos las cinco exenciones tributarias sobre la mesa, son para financiar la totalidad del proyecto de ley, es decir, los US$1.100 millones están completamente financiados y esto no es una reforma tributaria".
El llamado "al orden"
A raíz de este intenso debate, el ministro del Trabajo y el diputado Silber protagonizaron un intenso cruce, luego de que parlamentarios de oposición acusaran al Ejecutivo de no estar abierto al diálogo y de hacer caso omiso a las recomendaciones del informe de exenciones tributarias.
De esta forma, el secretario de Estado afirmó que "utilizar los argumentos de esa comisión como una suerte de contradicción por parte del Gobierno o de no tomar en cuenta esas opiniones, me parece que es una visión sesgada e intencionada para tratar de llevar el debate en una dirección contraria".
"La comisión está aprobando un conjunto de ampliaciones tributarias que además de ser absoluta y totalmente inconstitucionales, están desperfilando el objetivo de este proyecto de ley, están dilatando y dificultando el pronto pago de las pensiones a 500 mil pensionados y están incorporando una serie de materias que son motivo de otra ley que está en el Senado, que es la ley larga", recalcó.
Junto con ello, remarcó "que digan que aquí no ha habido diálogo, que aquí no ha habido disposición, llevamos más de un año y medio con dieciséis veces reiteradas la discusión inmediata en el Senado (...) hoy día olvidar lo que se ha obrado en el pasado en el maco de la discusión de la ley corta es desnaturalizar el objetivo de lo que estamos buscando".
"Si esta comisión no está entendiendo el objetivo del proyecto de ley nos pone en un disyuntiva muy difícil, porque es totalmente inadmisible lo que ustedes están haciendo al plantear tributos y cambios que tienen que ver con otros elementos que no son parte de la discusión", dijo Melero.
Frente a esto, el diputado Silber lo interrumpió aseverando "yo lo voy a llamar al orden, porque es mi facultad, cuando usted se refiere en términos indecorosos a los parlamentarios, aquí nadie ha dilatado nada (...)", a lo que Melero refutó "es mi derecho como ministro de Estado decir lo que siento".
Hasta el momento, la instancia también respaldó la nueva potestad del Servicio de Impuestos Internos (SII) que permite solicitar a los contribuyentes que informen los ingresos que no constituyen renta, y por tanto, que no son gravados.
El texto retomó su revisión tras una pausa, dado que aún restan ciertos artículos por votar, además de que se postergó la evaluación de la indicación de la diputada Marcela Sandoval (RD), que busca eliminar el régimen de renta presunta.
