Este miércoles arrancó el debate en torno a un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales en el Senado, y nuevamente los argumentos en contra que expuestos por el Gobierno apuntan a sus efectos nocivos tanto para los propios afiliados y cotizantes - debido a su potencial de dejar a 5,6 millones de pensionados sin saldo en sus cuentas individuales obligatorias – como por su impacto en las arcas fiscales.
Además, las autoridades prevén que otro giro continuará incrementando el costo de la vida, generando
alzas en las tasas de interés a largo plazo, las cuales, según datos del Ministerio de Hacienda,
han subido un 2% desde de 21 de abril pasado, desacoplándose de la tendencia mundial.
Por otro lado, esta medida también podría castigar los precios de los activos nacionales, puesto que los fondos son los principales inversionistas de esos activos.
No obstante, esta vez existe un aspecto en particular que ha hecho sonar las alarmas de la industria aseguradora, dado que el cuarto 10% busca extender la lógica de los retiros desde los fondos de las AFP a los jubilados bajo la modalidad de renta vitalicia, una puerta que ya abrió el tercer proyecto de retiro.
Pero pese a que en ese entonces las advertencias sobre el efecto negativo - y eventuales conflictos internacionales- que un anticipo puede causar en el mercado de las aseguradoras se hicieron sentir, lo cierto es que desde la industria proyectan que con este nuevo retiro las consecuencias pueden ser incluso peores.
Esto ha llevado, por ejemplo, a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a plantear que la iniciativa podría dañar severamente el patrimonio de las compañías de seguros de vida,
anticipando pérdidas que van desde el 30 al 60%. Esto provocaría que entre tres y nueve de las firmas (de un total de 15), nacionales y extranjeras, quedarían bajo el mínimo de capital regulatorio.
El organismo señala además que, en el escenario de máximo anticipo, siete firmas enfrentarían problemas de liquidez en un horizonte de un año. Pero, ¿qué plantea el texto en concreto?.
El detalle del texto
Cabe destacar que según datos recabados de la última exposición de la CMF ante la Cámara de Diputados durante la tramitación del cuarto 10% en agosto, desde que inició el proceso se han materializado anticipos de pensiones a más de 232 mil personas, correspondiente al 96% del total de las solicitudes confirmadas. Esto se traduce en un valor que supera los US$1.000 millones.
Ante este escenario, el proyecto de ley aprobado por la Cámara propone que los pensionados por renta vitalicia podrían concretar
un anticipo por un monto equivalente al 10% de los fondos originalmente traspasados a la respectiva compañía de seguros, siendo
el tope máximo de pago por adelanto 150 UF.
Asimismo, el pago se realizaría descontando a prorrata de las rentas que resten por pagar al jubilado, utilizando para dicho cálculo las condiciones vigentes al momento de traspaso de sus fondos. Este monto en ningún caso podrá superar el 5% de las rentas mensuales que resten por pagar al asegurado vitalicio, quien siempre podrá solicitar una prórroga de pago de 90 días.
Una vez pagado la solicitud, la compañía deberá volver a la renta mensual originalmente pactada.
Las alertas
Según el análisis de actores de la industria de las aseguradoras, esto provocaría una pérdida inmediata de aproximadamente US$2.300 millones para las compañías de seguro, lo que representa más del 50% el patrimonio del sector.
La menor solvencia de las compañías no solo afecta a los 698.857 pensionados por rentas vitalicias que hay en el país, sino que, según la CMF, también hace peligrar el pago de seguros de vida a más de 2,5 millones de personas, al igual que los seguros complementarios de salud a otras 7 millones de personas, y los Seguros de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) a toda la fuerza laboral que cotiza en las AFP en Chile.
Ello de paso, afectaría la estabilidad de todo el sistema financiero nacional.
Junto con ello, desde la industria explican que existen factores que agravan los efectos al comparar con el primer anticipo, dado que se les exige a las aseguradoras entregar a todos los pensionados que lo soliciten hasta un 10% del valor inicialmente pactado, con un máximo de 150 UF.
Además, se establecería limitar el descuento en la pensión al 5% de las rentas mensuales y retornar a la pensión original una vez que la suma lineal de lo descontado sea equivalente al monto del adelanto, y el monto a adelantar se calculará en referencia a la prima inicial, independientemente del tiempo transcurrido y de las pensiones pagadas durante todos los años de vigencia de la renta vitalicia.
Todo ello, hace que, en promedio, los jubilados que opten por este adelanto devolverían, en términos económicos, aproximadamente la mitad del monto recibido, perjudicando a la industria aseguradora.
De hecho, la CMF proyecta que pueden existir casos en los que el monto adelantado supere la reserva técnica mantenida en la póliza al momento del adelanto, por lo que corresponderá que a la compañía de seguros financiar con sus propios recursos lo que reste.
Además, la entidad prevé que en estas condiciones, los jubilados tardarían veinte años o más en reintegrar el monto adelantado, periodo en el que por cierto la pensión se verá reducida.
Respecto a esto, el presidente de la Asociación de Aseguradoras de Chile, Mario Gazitúa, subrayó este miércoles que "todos los pensionados tendrían que vivir hasta los 100 años para poder devolver lo retirado, (…) eso significa que esos US$3.500 millones que, 'se prestan o se anticipan', solamente tienen capacidad de recuperación de un 40%. Eso tiene un impacto directo en el patrimonio de las compañías de casi US$1.800 millones".
A diferencia de un retiro desde las AFP, estos desembolsos constituirían un pago indebido y la vulneración de un contrato privado, explica la CMF, lo que sería totalmente improcedente e impactaría en las relaciones internacionales económicas.
Esto puesto que varias compañías de seguros son controladas por accionistas extranjeros, por lo tanto, podrían surgir demandas contra el Estado por los perjuicios ocasionados, además de deteriorar la seriedad e imagen del país al violar tratados comerciales suscritos con otras naciones.
Por otra parte, las compañías se verían forzadas a realizar pagos enormes y no programados, obligándolas a liquidar anticipadamente activos lo que podría derivar en pérdidas no cuantificadas adicionales ante el exceso de oferta.
Con todo, dentro de la oposición al menos, no existe consenso aún respecto a si respaldar o no la iniciativa en su totalidad, especialmente porque el tema de las rentas vitalicias ha calado en la percepción de que tiene efectos negativos.
¿Qué dicen los senadores?
En ese sentido, el senador Pedro Araya (ind- PPD), quien preside la comisión de Constitución del Senado - instancia en la que ayer inició la tramitación del cuarto retiro - resaltó que dedicarán todas las sesiones que sean necesarias para hacer "un buen proyecto".
"Vamos a seguir en una ronda de audiencias y lo que hemos acordado para un mejor trabajo de la comisión y poder buscar acuerdos es separar la discusión de los temas. Discutir por una parte lo que dice relación con los retiros propiamente tal de las AFPS y en paralelo discutir el retiro de las rentas vitalicias que obviamente tiene mayores complejidades", agregó.
Y si bien el legislador explicó que esto no significa que estén contempladas votaciones separadas, sí comentó que su debate va a ser distinto puesto que los impactos y las condiciones para uno y otro son diferentes.
Por su parte, su par Jorge Pizarro (DC), señaló que "si el proyecto se mejora, es evidente que uno puede votar a favor". Y comentó que "se debe analizar el tema de las rentas vitalicias y el tema tributario. El cuarto retiro en la práctica es para la gente que ha tenido mayor capacidad de ahorro y la gente que tiene mayor capacidad de ahorro es la que tiene mayor capacidad de ingreso".
"Ese es un elemento que hay que considerar también, porque no es la misma situación del primer retiro donde no habían ayudas y donde mucha gente necesitaba tener esos recursos para poder sobrevivir", agregó.
En tanto, el
socialista Carlos Montes apuntó que está "en proceso, estudiando, reflexionando, conociendo más antecedentes. Estamos analizando la situación, estamos haciendo el trabajo que nos corresponde", según consignó El Mercurio.
Mientras Alfonso de Urresti, del mismo partido, advirtió: "vamos a revisar cada uno de los planteamientos. Yo a lo que no me voy a someter jamás es al chantaje de los grupos interesados, como son las propias empresas de rentas vitalicias, o las propias AFP, u otras instituciones que han tratado de, por todas las vías, objetar este proyecto".
Desde la otra vereda, el senador Rodrigo Galilea (RN) dijo que "acá hay dos temas que son completamente distintos, uno es el retiro de hasta el 10% de los fondos que están en las AFP, y otra cosa muy distinta, porque produce efectos muy distintos, es este retiro de las rentas vitalicias".
"Yo espero que en la comisión esos temas se toquen aparte que tengamos sesiones específicas para un tema y sesiones específicas para otro tema, porque como digo, en el caso de las rentas vitalicias, de acuerdo a toda la información que se tiene, si es que se aprobara esto tal como viene de la Cámara de diputados, significaría que aproximadamente la mitad de las compañías de seguro de Chile caerían en insolvencia (...) eso es algo que no podríamos jamás aprobar", añadió.
La senadora Luz Ebensperger (UDI), por otro lado, comentó: "yo tengo problemas de fondo y de forma (con la iniciativa), porque es inconstitucional, porque esto es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente y de fondo porque es un proyecto que afecta gravemente a las personas y al a economía del país".
