El Senado retomó sus sesiones de comisión en el ex Congreso de Santiago y hoy ahí se reunió Constitución.
Aton (archivo)
Una advertencia de los efectos que podría generar no solo en quienes hagan su anticipo, sino que en todos los asegurados, es lo que plantearon los representantes de las compañías ante los
senadores de la comisión de Constitución que revisan el proyecto de cuarto retiro del 10% de las AFPs y un nuevo anticipo para los pensionados bajo la modalidad de rentas vitalicias.
La jornada estuvo especialmente dedicado a este último aspecto del proyecto y para eso expusieron el presidente de la
Asociación de Aseguradores de Chile A.G. Mario Gazitúa, el presidente de ICR Chile Clasificadora de Riesgos, Álvaro Clarke y el académico de la Universidad de Chile, Felipe Ossa.
En primer lugar, Gazitúa enfatizó que de aprobarse el proyecto -que
será votado mañana en la comisión- "los principales afectados son nuestros pensionados", apuntando a los problemas de solvencia que se les podrían generar a las aseguradoras. "La diferencia entre la pensión básica solidaria y la pensión promedio, la garantía estatal solo cubre un 75%, por lo cual la pensión de todos nuestros pensionados, hayan o no hecho los retiros, se pueden ver afectadas".
A su juicio este proyecto
"generaría un impacto catastrófico", recalcando además que la entrega de estos recursos tendrían carácter de "donación, porque este es un préstamo forzoso, por lo cual ningún accionista en su sana racionalidad haría un aporte de capital, y eso genera automáticamente la intervención de la compañía de seguros y la inmediata cesación de pagos al proceso".
El total de dinero entregado sería de US$3.900 millones, según estimaciones del gremio.
Así Gazitúa explicó que de llegar a eso "¿qué sucede con el resto de los seguros, con las decenas de millones de asegurados que tenemos? Obviamente la protección que nosotros hacemos con nuestras aseguradoras cubre a gente que tiene seguros con ahorro, seguros de salud, seguros catastróficos, seguro de gravamen", planteó el representante del gremio que reúne a las aseguradoras.
En ese sentido explicó que, por ejemplo, en lo relativo de los seguros de salud, en lo relativo de los reembolsos (que son 36 mil diarios) "obviamente que ese reembolso también se afecta, la viabilidad de la industria está lamentablemente en juego y eso afecta a las personas".
Respecto a los seguros de gravamen y a los créditos hipotecarios indicó "que se dejarían de pagar 5.300 indemnizaciones mensuales con costos superiores a los US$20 millones. ¿Quién daría en Chile un crédito hipotecario que por ley está establecido que tiene que tener un seguro de gravamen? Obviamente que nosotros somos una parte esencial en el sistema financiero, somos un eslabón".
Por otro lado, Clarke explicó que siguiendo lo establecido por ahora en el proyecto, que considera un anticipo de 150 UF, "la nueva pensión en UF bajaría un 5%". E indicó que el promedio de los pensionados tienen 76 años, por lo que, según los cálculos, deberían vivir hasta los 106 años aproximadamente para poder pagar completamente este anticipo o "préstamo forzoso" como lo calificó el representante de la industria.
Mientras que "dada la incertidumbre jurídica, lo que podría ocurrir, como la oferta de rentas vitalicias es de carácter voluntario, simplemente lo que podrían hacer las compañías es frenar la suscripción de rentas vitalicias hasta que se aclare qué es lo que va a ocurrir en el marco jurídico que debe ser aplicado al sector. Y lo segundo es que si una compañía entera en insolvencia es muy difícil dado el origen que tiene este proyecto, que las empresas internacionales que respaldan a muchas de ellas, no concurran a aumentos de capital", planteó.
Pérdidas de patrimonio
Más tarde volvió a exponer -ya lo había hecho en la sesión anterior- el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez quien indicó que este segundo anticipo podría tener "un efecto patrimonial del 57%", que equivale a US$3 mil millones en relación al patrimonio registrado en julio, para las compañías de seguro principalmente por la diferencia de la reserva técnica y el monto retirado.
"El capital es uno de los principales mecanismo que tiene la regulación para asegurar el pago oportuno de pensiones y seguros", sostuvo Cortez.
Gazitúa en tanto explicó que la pérdida proyectada por la Asociación es de US$2.200 millones, equivalente a una pérdida del 40% del patrimonio.
En tanto,
Felipe Ossa, abogado y académico de la Universidad de Chile recalcó a los senadores el complejo escenario que a su parece enfrentaría el Estado de Chile ante posibles acciones internacionales por parte de las aseguradoras.
"Todos los países que han recibido sentencias contrarias, han tenido que cumplir, incluyendo en nuestra región a Bolivia y Argentina. El único país latinoamericano que no ha cumplido algunos de los fallos es Venezuela y justamente por eso le han cerrado el acceso al crédito internacional e incluso le han embargado los bienes, como por ejemplo los envíos de petróleo que hace al extranjero.
Esto es como si a Codelco le embargaran sus embarques de cobre", dijo el profesor Ossa enfatizando en que Chile debe cumplir con esto por los tratados internacionales suscritos.
Las exposiciones hechas generaron molestia en los senadores de oposición que las oyeron, particularmente en el presidente de la instancia, senador
Pedro Araya (ind/PPD), Alfonso de Urresti (PS), Loreto Carvajal (PPD) y Alejandro Navarro (PRO), quienes emplazaron a las compañías a revelar las utilidades que las empresas han tenido y recalcar que la normativa tiene un sentido de urgencia y excepcionalidad ante la crisis económica derivada de la pandemia.
