Royalty, eliminar exenciones y reducción del IVA: Conoce los ejes en materia tributaria de los siete candidatos presidenciales

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, propone como prioridad “recuperar una trayectoria de consolidación fiscal creíble, con una reducción gradual y sostenida del déficit fiscal estructural”.

Para ello, su programa incorpora una reforma tributaria que recaudaría del orden del 8% del PIB en régimen, cuya implementación sería gradual – en un período de seis a ocho años- para asegurar la estabilidad del sistema tributario. En el desglose, la reforma se basa seis pilares fundamentales y cada uno de ellos va acompañado de su proyección de recaudación:1) Nuevo régimen de impuestos a la renta (1%):Se simplifica el sistema a través de la desintegración del impuesto a la renta para las grandes empresas y sociedades de inversión, con el fin de separar el impuesto que paga una empresa del que le corresponde pagar a sus accionistas al retirar utilidades.

Para ello, se modificarán los tramos y tasas de los impuestos personales, aumentando la carga tributaria de quienes ganen más de $4.500.000 mensuales. Con todo, las pymes mantendrían su régimen integrado y beneficios actuales.

No se incrementaría el Impuesto de Primera Categoría, tampoco se alteraría el régimen para inversionistas extranjeros ni se revisarían los convenios para evitar la doble tributación internacional.

Se establecerán además mecanismos para que, en el sistema desintegrado, la carga tributaria máxima sobre utilidades, considerando impuestos corporativos y personales conjuntamente, se ubique en torno a la mediana de la OCDE.2) Reducción de exenciones (1%):Este punto contempla la eliminación de exenciones como el régimen de renta presunta, pasando estos contribuyentes al régimen Pyme; la eliminación de la exención a las ganancias de capital en instrumentos bursátiles (ingresos que deberán sujetarse a las normas generales de tributación).

Por otro lado, incluye la limitación eliminación de los beneficios para inmuebles DFL-2, procurando no afectar a la clase media; la reducción del monto exento en las ganancias de capital por venta de inmuebles, y la eliminación del impuesto sustitutivo del 10%, lo que pasaría a tributar según el régimen general.

Además, se eliminarían los beneficios para inmuebles adquiridos antes de enero de 2004, la exención de 10 UTA en la enajenación de acciones, los beneficios a los retiros de libre disposición, la exención del impuesto a la herencia respecto de los seguros de vida, y la revisión de la deducción por pago de intereses derivados de créditos hipotecarios para enfocar el beneficio en la clase media.

También se terminaría con el crédito especial IVA para empresas constructoras, con mecanismos que eviten perjudicar la adquisición de bienes sociales, se limitaría la utilización de pérdidas tributarias de arrastre y se eliminaría la exención del impuesto de primera categoría a los fondos de inversión privados (FIP).3) Impuestos a la riqueza (1,5%):Estas medidas tienen por objeto que un subconjunto de ciudadanos aumente su aporte, de manera que los frutos del desarrollo se repartan de manera más equitativa en el país.

Se aplicaría un impuesto al patrimonio neto de aquellas personas naturales de alto patrimonio que tengan domicilio o residencia en Chile, respecto de su riqueza en el país o en el exterior. Más del 99,9% de la población adulta estará exenta del pago de este gravamen.

Asimismo, se gravarían las utilidades retenidas de empresas cuya tributación se encuentre pendiente, a excepción de las pymes. En tanto, se revisarían las exenciones en contribuciones territoriales, y se perfeccionaría la sobretasa de impuesto territorial, aumentando su tasa y estableciendo nuevas reglas de valoración de activos.

Por otro lado, se ajustaría el impuesto a las herencias y donaciones, acercando los valores por los cuales se paga dicho impuesto a un valor más cercano al comercial, además de modificar los cuerpos normativos para evitar el uso de estructuras jurídicas que limitan la potestad tributaria del país y la recaudación.4) Impuestos verdes (1%):Esto redunda en la implementación de una Reforma Fiscal Verde que sube gradualmente el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono desde 5 a US$40 por tonelada de CO2 y amplía su alcance al abarcar distintas fuentes.

Incrementa gradualmente el impuesto específico a los combustibles a 7 UTM/m3 en promedio a nivel nacional, considerando el impuesto óptimo que internalice las externalidades ambientales, y se eliminan las exenciones para industrias y transporte.

Adicionalmente, aumenta y amplía la cobertura del impuesto a la primera venta de automóviles, introduce un tributo ad valorem al plástico de envases y embalajes y el plástico contenido en los principales productos desechados comercializados.5) Royalty a la gran minería del cobre (1%):La finalidad del royalty es que el Estado recupere una proporción significativa de las rentas económicas del commodity, manteniendo los incentivos para invertir.

El mecanismo será progresivo en precios, es decir, mientras mayor sea el precio del cobre, y por lo tanto, mayores las rentas, mayor será la carga efectiva que enfrentarán las empresas, e incorporará un componente ad valorem o tasa sobre las ventas, para reducir los espacios de evasión. Sumado a esto, habrá otro componente sobre la rentabilidad operacional o financiera que permitirá extraer rentas adicionales de aquellos yacimientos con menores costos.

Finalmente, se propondrán herramientas para fomentar la localización en Chile del proceso industrial de refinación.6) Medidas contra la evasión y la elusión (2,5%):Para esto, se buscará fortalecer y dotar de más recursos al Servicio de Impuestos Internos (SII) y al Servicio Nacional de Aduanas, modernizando sus capacidades tecnológicas.

En tanto, se impulsará una reforma a la Norma General Antielusión, mejorando su redacción y facultando al SII para aplicarla administrativa, en concordancia con la tendencia mundial. Se permitirá y reforzarán las capacidades técnicas del Ministerio Público para persecución de ciertos delitos tributaros de forma coordinada, pero no sujeta, a querella del SII.

Se someterán los delitos tributarios al tratamiento de los delitos económicos, se facultará al SII para que acceda de manera expedita y periódica a información sujeta a reserva o secreto bancario. Asimismo, se reforzarán las obligaciones de informar inversiones en paraísos tributarios y otro tipo de instrumentos híbridos tales como trusts, y se consagrará la figura del denunciante anónimo tributario, semejante a lo que ya existe en la regulación del mercado financiero. Por último, se dotará al SII de las capacidades y recursos para desarrollar estimaciones periódicas sobre evasión del impuesto a la renta.

La carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, manifiesta como uno de sus focos principales la reducción de impuestos, siguiendo la tendencia de países como Estados Unidos, para así “abrir espacios para volver a crecer y generar empleo”.

De hecho, en su programa, Kast detalla que a partir de 2010 los gobiernos aumentaron la tasa de impuesto a las empresas en un 60% (de 17% a 27%), lo que, sumado al intervencionismo estatal, desplomó la inversión que, entre los años 2013 y 2020, descendió del 25% del PIB al 20%. Esta situación “frenó el crecimiento económico a 1,7% promedio anual”, explica, estancando el ingreso de las personas.

De modo que, para ajustar el sistema tributario actual, buscará disminuir el gasto fiscal a un nivel que permita, por ejemplo, reducir la tasa de impuesto a las empresas – de 27% a 17%- y el IVA- de 19% a 17%, entre otras medidas que se detallan a continuación:

– En concreto, el candidato del Frente Social Cristiano plantea eliminar todo aquellos impuestos que afecten el patrimonio personal, tales como contribuciones, herencias y donaciones, puesto que en estos casos existe una doble tributación en tanto del patrimonio de las personas se forma con flujos de rentas que ya pagaron impuestos.

– Se aplicará un nuevo Impuesto Negativo a la Renta de 17% para personas cuyos ingresos vayan entre el sueldo mínimo ($320.500 a marzo de 2020) y el límite exento de impuestos ($680.000 aproximadamente, a la misma fecha).

– Se establece descuento a los impuestos pagados de hasta $150.000 mensual por cada menor de 18 a su cargo.

– Los trabajadores obtendrán un mínimo del 2% de las utilidades de las empresas, lo que se logrará a través del fortalecimiento de la Ley de Gratificaciones y las empresas descontarán hasta el 2% de sus utilidades del pago de impuestos al Fisco.

– Se aumentarán los incentivos de ahorro para contribuyentes y se reducirá el IVA de 19 a 17%, rebaja de 2 puntos porcentuales que además contempla un mecanismo progresivo de beneficio directo a la población general. También, se propone que, en el mediano plazo, solo el 10% de estos recursos sean ocupados por el Estado en sus gastos operacionales, mientras que el 7% restante pase a financiar directamente las cuentas de ahorro personales de pensiones de los consumidores.

– Eliminar paulatinamente impuestos al patrimonio - tales como contribuciones, donaciones y herencias -, y el impuesto de timbres y estampillas, para reemplazarlo por cobro de IVA a los servicios financieros.

– Reducir la tasa de impuesto a las empresas al 17% y fijar que las utilidades reinvertidas por los dueños no paguen impuestos.

– Integrar el sistema tributario en un 100% y eliminar prácticamente todas las exenciones tributarias especiales, con excepciones de pequeñas empresas.

“Gastos permanentes requieren de ingresos permanentes”. Con esta frase, la candidata presidencial del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, impulsa una reforma tributaria que alcanzaría, en régimen, una meta de recaudación en torno a 5% del PIB. Este nuevo sistema considera:

1) El combate a la evasión y la elusión:Este aspecto a punta a fortalecer las atribuciones y dotaciones de la administración tributaria (SII y Servicio Nacional de Aduanas), con el objeto de perfeccionar la cláusula general anti- elusión, facultar al SII para que tenga acceso a la información bancaria, establecer obligaciones de información en relación a los paraísos tributarios y regímenes especiales.

También crea la figura del denunciante autónomo tributario, revisar las normas de deducibilidad de gastos de empresas que tributan en primera categoría e intensificar la fiscalización de la actividad minera.2) Incrementar sustantivamente la progresividad de la recaudación:Esta meta incorpora la eliminación o modificación de exenciones, beneficios o tratamientos tributarios especiales que reducen la recaudación, tales como que los fondos de inversión privada pasen a ser contribuyentes en aquellos casos en que se trate de vehículos de inversión utilizados principalmente por grandes patrimonios.

Se eliminaría la exención del pago de impuesto de primera categoría respecto de los fondos de inversión que se efectúan hacia otras empresas o sociedades, también suprimir gradualmente el régimen de renta presunta y revisar y rediseñar el crédito de impuesto específico al diésel para las empresas de transporte de cargas e industrias.

Junto a lo anterior, se incorporará una evaluación periódica de franquicias y gastos tributarios, aumentar el impuesto a las rentas de capital, revisar el efecto restrictivo que tiene sobre la recaudación efectiva la posibilidad de diferir el pago sin horizonte establecido de cumplimiento futuro (esto fijando un interés anual sobre impuestos finales diferidos en el Fondo de Utilidades Tributables, o FUT, y regulando que los repartos futuros de utilidades deban pagar impuestos asociados).

Por otro lado, se establece como obligación reconocer a los beneficiarios finales del proceso de distribución de las rentas de capital, revisar las tasas marginales y tramos de alta renta los que se aplica para aumentar la recaudación en los tramos de mayores ingresos y revisar en profundidad el marco jurídico tributario de herencias. Finalmente, la senadora propone estudiar la aplicación de un impuesto patrimonial que grave el patrimonio neto total.3) Impuestos Verdes:En este ámbito, las líneas de acción son incrementar el cobro a las emisiones de fuentes fijas (en la actualidad el impuesto es de US$5 por tonelada, mientras que en la OCDE supera los US$30), y aumentar el pago de impuestos, en el caso de fuentes móviles.4) Patentes mineras, derechos de uso y concesiones acuícolas del borde costero:Se revisarán los cobros asociados a patentes de exploración y explotación minera, la regulación relativa a los derechos del uso del agua y también los cobros por concesiones acuícolas y de uso de borde costero.5) Royalty a las actividades extractivas:En el programa de la abanderada del Nuevo Pacto Social se propone un royalty que conjugue los objetivos de recaudación y desarrollo, competitividad, empleos y encadenamientos productivos de la industria, lo que sería posible si se consideran modelos más flexibles y adaptables a las condiciones del mercado. Con ello, también estipulan que criterios similares a los que se plantean para el cobre pueden ser estudiados para otros minerales metálicos y no metálicos.

El abanderado presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, erige como meta aumentar la carga tributaria de manera gradual en torno a 3 puntos porcentuales del PIB hacia finales de la década, y la mayor recaudación de este plan, que buscará impulsar desde el inicio de la próxima administración, se basa en las siguientes premisas:

1) Eliminar exenciones tributarias, salvo aquellas excepciones debidamente justificadas, y aumentar la progresividad del sistema tributario para reducir la desigualdad.

2) Impuestos verdes: avanzar gradualmente hacia un impuesto al diésel de 6 UTM/m3, retirar paulatinamente, y en un plazo máximo de diez años, el crédito por impuesto específico al petróleo diésel que beneficia a las empresas de transporte de carga.

Igualmente, contempla incluir el impuesto a los combustibles (gasolina y diésel) en la base del IVA, subir el impuesto al dióxido de carbono desde US$5 por tonelada a niveles OCDE - en un plazo de diez años -, evaluar impuestos al exceso de consumo de agua, basado en bloques crecientes o progresivos para diferenciar el consumo doméstico del consumo suntuario o excesivo de agua potable.

3) Impuestos a las sustancias dañinas para proteger la salud: Esto contempla alimentos con nutrientes especialmente dañinos, como el exceso de azúcar y sal, la nicotina añadida en cigarrillos electrónicos y vaporizantes.

4) Justicia tributaria y control de la evasión: Fortalecer la fiscalización y sanción efectiva del fraude y la evasión tributaria entregando más recursos al SII y el Servicio Nacional de Aduanas con foco especial en aumentar el uso de la tecnología y los sistemas de información. Por otro lado, estipula que la Tesorería General de la República debe modernizarse y ser efectiva cobrando las deudas de impuestos.

De este modo, se simplifica el sistema tributario vía sistema único para todas las empresas, también el ciclo del contribuyente, para incentivar la formalización. La mayor fiscalización será vía tecnológica, a lo que se suma la ampliación de la ley de control de trazabilidad a productos de lujo y alcoholes, el avance en la normalización y automatización de boletas, y se daría urgencia al proyecto que obliga a bancos de instituciones financieras a entregar información sobre saldos en cuentas financieras al SII en la medida que dichos saldos registren movimientos diarios, semanales o mensuales iguales o superiores a 1.500 UF ($45 millones).

5) Mejorar el sistema tributario para pymes.

6) Aliviar la carga tributaria a personas a través de la devolución del IVA, calculado sobre la canasta básica de alimentos y el promedio de gastos en medicamentos de usuarios de Fonasa. Esto podría alcanzar a más de la mitad de las familias chilenas, y un hogar de cuatro personas recibiría aproximadamente una transferencia por $140.000 cada trimestre.

7) Royalty a la minería: Este gravamen dice relación con reemplazar la tabla que fija la tasa del Impuesto Especial a la Actividad Minera (Ieam) a explotadores mineros por un royalty sobre el margen operacional minero entre 5 y 14%. Se busca que se puedan aplicar tasas más altas para niveles de rentabilidad más bajos y cercas a la realidad.

Se establece un impuesto mínimo sobre las ventas, de tal manera que el royalty final a pagar sea la cantidad mayor entre la tasa que corresponda, de acuerdo al margen operacional minero, y la tasa definida como mínimo sobre el ingreso por ventas del mineral.

Asimismo, propone clarificar a qué sustancias minerales se va a aplicar el impuesto específico o royalty y modificar la ley de concesiones, aumentando el valor de la patente a niveles comparables con otras jurisdicciones mineras, evitando así la especulación (esto a través del aumento progresivo, pero considerable, de la tasa, con un descuento en caso de demostrar trabajo).

Para el candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés, “el sistema tributario de Chile debe ser reescrito” el cual será “inherentemente progresivo”, y de manera decreciente vaya aliviando de la carga impositiva a trabajadores, al pequeño y mediano comerciante industrial, a los pueblos originarios, y en general a las grandes mayorías de la sociedad, a la vez que incremente la responsabilidad tributaria de sectores y empresas de mayores recursos.

Por otro lado, el “Gobierno de la Refundación de Chile”, como lo plantea en su documento, ideará un sistema legal, de fiscalización y castigo para eliminar la elusión y evasión, además pone el foco en la eliminación de exenciones tributarias perpetuadas por empresas grandes y personas con mayor poder adquisitivo.

El SII, en tanto, se convertirá en una autoridad respetada y se exigirá el retiro de los fondos en paraísos fiscales para que sean puestos en la banca nacional o invertidos en infraestructura. “El no cumplimiento será objeto de un ejemplar castigo”, subraya en su programa.

Se incorporará un mecanismo de reducción escalonada del IVA hasta su total eliminación y se reducirán los sueldos de funcionarios del Estado, de parlamentarios, de alcaldes, entre otros cargos públicos, que superen los cuatro sueldos mínimos.

La propuesta de Unión Patriótica también propone exigir el retorno de los "excesivos ingresos" pagados por el Estado a los ex mandatarios. "Lo que el Estado ahorre con estos recortes se utilizará para mejorar las pensiones más bajas".

La carta presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, explica en su programa de gobierno que la intención, de llegar a La Moneda, es endeudarse en un 10% del PIB, lo que implica un gasto de alrededor de US$950 millones mensuales en un horizonte de dos años.

– Para ello propone aumentar el aumento de la capacidad de actuación del Fisco frente a la crisis e impone redefiniciones en el plano tributario, como el patrocinio de la reforma constitucional que permanece en el Congreso que establece, por única vez, un impuesto al patrimonio con una tasa de 2,5%, que debería ser pagado por las personas naturales con residencia o domicilio en Chile, que registrarán al 31 de diciembre de 2019 un patrimonio (en bienes activos o financieros, como acciones y depósitos) igual o superior a los US$22 millones.

De acuerdo al texto, los afectados por este tributo serían 5.840 personas, el 0,03% de la población del país que concentrarían un patrimonio de US$250 mil millones. “A nuestro juicio, un futuro Gobierno Progresista debe patrocinar la iniciativa de impuesto de excepción a los 'súper ricos' y colocar suma urgencia a su tramitación legislativa”, expone en el documento.

– Por otro lado, defiende la idea de establecer un royalty por la explotación de minerales estratégicos, como el cobre, y de hecho, dice que es “justa y necesaria la propuesta legislativa hoy en tramitación” en el sentido de establecer una compensación en favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente a 3% del valor nominal de los minerales extraídos, lo que debería ser pagado anualmente por el explotador minero en los casos de las sustancias minerales concesibles, y en el caso de las no concesibles, desde que se inicie la extracción hasta su completa explotación.

– ME-O propone abrir la discusión para un nuevo sistema de tributación de los combustibles, a fin de que el gravamen no sea regresivo. Para ello, propone la creación del Gepco: Gestión Sustentable del Precio de los Combustibles, cuyo propósito es generar un sistema diferenciado de cobro de impuesto específico para los combustibles. De este modo, se establece una escala diferenciadora de grandes empresas, medianas, pequeñas y mini empresas, dejando con menor carga a las personas naturales, lo que implicaría la eliminación de los beneficios de las grandes compañías en materia de devolución y evitaría la elusión. Con todo, las zonas extremas del país no se verían perjudicadas en relación al resto del territorio.

Este tributo también deberá implementar políticas impositivas verdes para incentivar el uso de energías renovables y comenzar a generar la transición al uso de energías verdes para el transporte vehicular.

– Propone la eliminación del impuesto al valor agregado a la venta de libros, nuevos y usados, y también a la venta de libros digitales, para fomentar la cultura.

En aspectos tributarios, el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, plantea que el Estado ahorre al menos el 20% del presupuesto actual con el propósito de destinar esos recursos a pensiones, salud y educación, con lo que se espera ahorrar US$15 mil millones. Y en aspectos tributarios presenta los siguientes objetivos:

1) La revisión de todas las exenciones tributarias y créditos que ya no se justifiquen, como la enajenación de acciones de sociedades anónimas abiertas constituidas en Chile con presencia bursátil.

Junto a lo anterior, también nombra el régimen de renta presunta, las actividades forestales, para transportes rebajar el límite de 8 UTM sobre ventas, revisar rentas acogidas a la explotación de bosques artificiales y eliminar beneficios a fondos de inversión.

2) Asimismo propone una reforma tributaria que elimine y reembolse el IVA en los medicamentos y libros; y que rebaje el IVA en los alimentos, servicios básicos, internet domiciliarios y servicios funerarios, entre otros.

3) Busca diversificar la facultad de querellarse contra un delito tributario a más de un ente fiscalizados, como el director nacional del SII, la Unidad de Delitos Económicos de la PDI y la Contraloría General de la República.

4) Otro aspecto dice relación con permitir el auto endeudamiento a través de los fondos de pensiones. Ello implica abrir la posibilidad de que, teniendo ahorros suficientes, se realice un auto préstamo, por un monto máximo equivalente al 25% desde los fondos previsionales para el logro de objetivos como, por ejemplo, el pie para la casa propia - en el caso de enfermos terminales se permitiría retirar la totalidad-. De este modo, Parisi expone que se logran dos cosas “financiar con recursos propios una inversión que será para toda la visa y resguardar otro lado la jubilación futura”.

5) Reducir la tasa máxima convencional aplicado a las personas en operaciones crediticias.

6) Se propone una baja del impuesto a los combustibles para todas las personas, lo que se compensará con la eliminación del no pago del impuesto específico que actualmente gozan algunas empresas del sector minero. En el detalle, se propone que el tributo específico a los combustibles sea pagado por todo consumidor, lo que permitirá una rebaja significativa en el precio al por menor, pero manteniendo la recaudación.

7) Royalty minero: se aplicaría sobre las ventas y se establece una escala diferenciada a aquellas que fomenten la inversión y el proceso en territorio nacional a un producto más refinado y no exportación en bruto del recurso, creación y aplicación de tecnologías que generen fuentes de trabajo.

8) Para fomentar el emprendimiento, se elimina el impuesto a las empresas jóvenes fijando un periodo de iniciación y puesta en marcha de dos años.

9) Modificar la tabla de impuesto único al trabajador, para que a contar de 80 UTM se comience a pagar el gravamen.

10) Eliminar el crédito a las empresas constructoras.

11) Persecución de delitos tributarios y colusiones: Buscar penas efectivas al nivel de las aplicadas en Estados Unidos e imponer multas a lo menos del 70% de lo defraudado que serán descontadas de las utilidades.

12) Eliminación de cargos creados por cuoteo político, y aportes a entidades para redirigirlos a proyectos sociales.

13) Limitar el DFL-2 a una vivienda y por única vez.

14) Reintegrar divisas extranjeras de chilenos en el exterior durante el primer año de gobierno pagando solo un 10% de impuesto, lo que se destinará a capitalizar el Banco Estado Mujer.

15) Rebajar el impuesto para fines de inversión de 4 a 2% para facilitar la entrada de créditos orientados a la producción del país. Dicha inversión debe permanecer en el país a lo menos 5 años y generar la contratación de trabajadores.

16) Impuestos a los casinos en línea y digitalización de todas las transacciones para facilitar la recaudación tributaria.

17) La pymes con ingresos por ventas anuales menores a $1.000.000.000 no pagarán impuesto a la renta durante los tres primeros años, como una alternativa para aliviar las finanzas y apoyar su crecimiento.