La comisión de Hacienda de la Cámara sesionó esta tarde para retomar el estudio de la ley corta previsional que fue ingresada en septiembre de este año al Congreso, y cuya tramitación permanecía pausada en la busca de acuerdos, y también porque coincidió también con análisis del proyecto de cuarto retiro.
Esta apunta, entre otras cosas, a elevar el monto de la Pensión Básica Solidaria a la línea de la pobreza, y ampliar de un 60 a un 80% la cobertura del Pilar Solidario.
No obstante, con el objetivo de destrabar su debate, el Gobierno anunció este martes que le puso discusión inmediata, y que, a diferencia de lo que se había planteado en primera instancia, se ingresó, en forma de indicación, la moción que crea una Pensión Garantizada Universal (PGU), de modo que ambos ya no correrían caminos paralelos.
De este modo, se crearía la PGU, que consiste en un aporte directo de $185 mil mensuales para quienes estén dentro del 80% más vulnerable. Mientras que para quienes se encuentren entre el 81% y el 90% de vulnerabilidad, el monto iría disminuyendo progresivamente a medida que el beneficiario se acerca al 90%, excluyendo así solo al 10% de mayores ingresos.
Con esto, la PGU reemplazaría lo beneficios del actual Pilar Solidario de vejez, tanto la Pensión Básica Solidaria, como el Aporte Previsional Solidario, permitiendo que quienes se encuentren recibiendo los aportes mencionados, reciban sustitutivamente, a contar de la entrada en vigencia de esta ley, la Pensión Garantizada Universal.
En ese sentido, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, dijo "el camino que se ha elegido (...) tiene como propósito justamente el respeto que nosotros tenemos por todo lo que se ha dicho en la discusión parlamentaria los últimos meses sobre el tipo de aumento de pensiones que se querían", añadiendo que "vemos un cierto consenso sobre el modelo de aumentos de pensiones que se está proponiendo".
Asimismo, comentó que era "necesaria una cierta certeza" sobre el destino del cuarto 10% para configurar este boceto. "A nuestro juicio, este mecanismo, que no es una indicación sustitutiva, sino que se reemplaza artículo por artículo, va en la línea de las ideas matrices del Pilar Solidario, porque lo que busca, y el espíritu de él, es exactamente el mismo, que es aumentar las pensiones de los adultos mayores mediante una asignación directa, mes a mes, que no pasa por las APF. Entonces nos parece que tienen en común los elementos principales que debe tener un proyecto para respetar las ideas matrices, más allá de que valoramos que es un mejor proyecto que el original", manifestó.
Más temprano, antes de ingresar a la comisión, su par en la cartera de Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, señaló "el Presidente Piñera le pidió al Presidente electo, Gabriel Boric, el apoyo a esta Pensión Garantizada Universal, que está también, o estaba mejor dicho, tanto en el programa de José Antonio Kast, como en el de Gabriel Boric. Hay un consenso muy alto en el mundo político, y en el Parlamento, de la necesidad de avanzar a una Pensión Garantizada Universal que se sume a la pensión autofinanciada o base que los chilenos tienen, y esta innovación hace que este sea el cambio en materia previsional que ha generado el más alto consenso entre todas las iniciativas previsionales que han habido hasta ahora".
Detalle de la PGU
La propuesta de la PGU contempla a todas las personas mayores de 65 años –ya sea estén jubilados o sigan activos- que no pertenezca al 10% más rico, cuya pensión base sea menor a $1 millón, y que haya residido en Chile por, al menos, veinte años contados desde los 20 años de edad.
La PGU sería administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS), es decir, será la institución que tendrá la facultad de concederla, extinguirla, suspenderla o modificarla cuando proceda. Las personas podrán solicitar al IPS la pensión a partir de la fecha en que el solicitante cumpla los 64 años y 9 meses de edad, para que el beneficio sea devengado al mes siguiente del cumplimiento de los 65 años.
En cuanto al
proceso de transición para comenzar a entregar la Pensión Garantizada Universal, una vez aprobado el texto por el Congreso, la ley entraría en vigencia tres meses después, por lo que, una vez cumplido ese plazo, todas las personas que reciban beneficios del Sistema de Pilar Solidario (SPS) obtendrían la PGU.
Luego, al séptimo mes de publicada la normativa, ingresaría todo el resto de personas que cumplan con los requisitos. De esta forma, de aprobarse prontamente, el estado de régimen se alcanzaría en el último trimestre de 2022, según cálculos del Ejecutivo.
Esta gradualidad se explica, de acuerdo al ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, "por un tema más bien técnico", puesto que los datos de las personas que actualmente reciben el Pilar Solidario están a la mano, por lo que es más fácil excluir al 10% más rico, lo que les permite ingresar de inmediato.
"A las otras personas que no están hoy día en el Pilar Solidario, que, por ejemplo puede ser una persona de 67 años y está trabajando, está activa, y, por lo tanto, no esá en el Pilar Solidario, no tenemos sus datos (...) vamos a necesitar algo de tiempo para poder construir esos datos", acotó.
Y ante las consultas de los parlamentarios de si se requiere una postulación, el jefe de la billetera fiscal sostuvo que "lo que necesitamos saber es mi información, y, en ese sentido, esto no es distinto al IFE universal, porque para el IFE universal las personas también tenían que registrarse en el Registro Social de Hogares para que tuviéramos sus datos".
El costo fiscal en régimen de la nueva PGU es de, aproximadamente, 0,9% del PIB, y las medidas para financiar el mayor gasto sería a través de un nuevo proyecto de ley que modifica algunas exenciones tributarias, donde se mantienen las modificaciones ya propuestas en la ley corta de pensiones, pero con una tasa de impuesto único a las ganancias de capital de 10% (0,35% del PIB).
Esto incluye también la reducción transitoria por dos años y posterior eliminación del Crédito Especial a las Empresas Constructoras con el IVA, la eliminación de beneficios tributarios para la tercera vivienda en adelante para quienes hayan adquirido viviendas DFL2 antes de 2011, la afectación del IVA a todos lo servicios (excepto para los sectores de salud, educación, transporte y para todos los contribuyentes que emitan boletas a honorarios), además del impuesto a la herencia para los seguros de vida.
Al respecto, Cerda sostuvo "lo que estamos haciendo es ocupar el financiamiento que teníamos para la ley corta, de pasar del 60% al 80% (...) eso es como 0,5 del PIB. Nosotros estamos diciendo esta ley tiene un costo que es mayor a 0,5; es 0,9. ¿Por qué? porque además tenemos esa cobertura, pero también tenemos otra gente que está ingresando que lo cubrimos con las otras medidas, que son, por ejemplo, los activos".
A esto se suma la provisión -dinero reservado para los proyectos de ley que se debían aprobar en 2021, por lo que no toca los recursos que corresponden al Presidente electo- destinada en la Ley de Presupuestos 2022 y su Programa Financiero para las reformas de pensiones en discusión en el Congreso (cerca de 0,5% del PIB), y la reducción del aporte obligatorio que debe realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones en 0,1% del PIB.
Luego de responder algunas preguntes e inquietudes de los legisladores, el presidente de la comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini (ex DC), adelantó que mañana continuarán con el debate de este proyecto, y que es probable que se vote mañana.
